Con tasas de refinanciación que superan el 100% y un récord de hogares atrasados en sus pagos, las entidades financieras buscan bloquear iniciativas legislativas que apuntan a reducir intereses, extender plazos y limitar costos usurarios.

La morosidad de las familias alcanzó niveles que no se observaban desde la salida de la convertibilidad, superando por primera vez desde entonces el 11 por ciento de las carteras crediticias. Sin embargo, los bancos no ven esa situación como una crisis, sino como un negocio que para ellas la crisis es una oportunidad, una idea que se asocia comúnmente a un proverbio chino que afirma que “una crisis es una oportunidad montada en el viento peligroso”. La cuestión es que el peligro lo corren las familias, mientras los bancos aprovechan las oportunidades. El negocio está en las tasas de refinanciación que aplican a las familias, estranguladas financieramente y sin visos de recuperación de sus ingresos, lo que convierte cada una de esas reestructuraciones en un nuevo –y más abultado—ingreso permanente para los bancos. Por eso, los bancos iniciaron el lobby para desactivar cualquier proyecto de alivio a las familias endeudadas.

El botón de muestra, que se vive a diario, es el llamado constante de entidades financieras que ofrecen extensiones de tarjetas, créditos personales a un “solo click” del celular o nuevos instrumentos de endeudamientos a aquellas personas que apenas logran pagar los vencimientos de cada mes. Según datos del Banco Central, el porcentaje de personas con créditos en situación irregular llegó al 11,2 por ciento en febrero, luego de 16 meses consecutivos de deterioro. Mientras el Gobierno relativiza el problema y el sistema financiero asegura que la situación “está llegando a un pico”, en el Congreso comenzaron a multiplicarse proyectos para aliviar deudas, limitar tasas y reestructurar créditos.

Desde el sector financiero rechazan cualquier intervención estatal y cuestionan los proyectos que buscan establecer topes a las tasas, condonaciones parciales o facilidades de pago. El CEO de Santander Argentina, Alejandro Butti, salió en defensa corporativa y pidió que no se tomen en cuenta ningún tipo de ayuda estatal a los hogares. “No necesitamos intervención del Estado ni ningún proyecto de ley de esos que andan dando vuelta en el Congreso”, sostuvo el directivo, quien remató: “Los bancos sabemos cómo hacerlo”.

Detrás del rechazo bancario aparece un modelo de negocios sostenido sobre el endeudamiento creciente de los hogares, especialmente a través de tarjetas de crédito y préstamos personales. La mayor parte de la mora está concentrada justamente en personas físicas, los más afectados por la pérdida de poder adquisitivo que la inflación y el ajuste mileísta están llevando a cabo hace poco más de dos años. “Hoy la mora la tenemos concentrada en personas. Tarjetas y préstamos personales es lo más importante”, reconoció Butti durante su participación en un evento organizado por Moody’s Ratings.

De mínimo a máximo

En ese esquema, el pago mínimo de la tarjeta funciona como una puerta de entrada a refinanciaciones prolongadas y extremadamente costosas. Las entidades ofrecen mantener activa la línea de crédito pagando apenas entre el 2 por ciento y el 5 por ciento del saldo total, pero el resto queda financiado con tasas que pueden superar el 80 por ciento de Tasa Nominal Anual y costos financieros totales superiores al 170 por ciento. El resultado es una deuda que se vuelve casi perpetua, especialmente en un contexto en que no hay mejora de la situación económica que se avizore en el corto o mediano plazo. El pago mínimo suele cubrir intereses, impuestos y gastos administrativos, mientras el capital apenas se reduce. Si el cliente deja de pagar incluso ese mínimo, se agregan intereses punitorios.

En este esquema, la refinanciación termina siendo menos una solución que una extensión indefinida de la deuda. Los propios bancos reconocen que vienen desplegando mecanismos de reestructuración para sostener el cobro. “Los bancos nos estamos ocupando mucho de esto. Estamos siendo mucho más activos en todos estos procesos de reestructuración”, sostuvo Butti. El objetivo no parece ser resolver el problema del sobreendeudamiento, sino administrar la cadena de refinanciaciones, evitando una explosión mayor de incobrabilidad.

El deterioro financiero de los hogares ocurre en un contexto de salarios debilitados, caída del consumo y tasas reales todavía elevadas. El informe de la consultora 1816 señaló que “la irregularidad en los préstamos del sistema financiero a familias creció por decimoquinto mes consecutivo”. También, advirtió que el fenómeno es generalizado y afecta a las 25 principales entidades financieras del país.

El problema se agrava fuera del sistema bancario tradicional. En las entidades no financieras y billeteras virtuales, donde las condiciones suelen ser más agresivas, la mora supera el 27 por ciento y llega al 30 por ciento en algunos segmentos. En Mercado Pago, por ejemplo, la morosidad escaló al 14,7 por ciento, muy por encima del 5,5 por ciento previo. Pese a ese cuadro, el ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó el endeudamiento familiar. “En la mayoría de los países la gente vive con deuda, lo que pasa es que las honra”, afirmó. La declaración cayó en un momento donde millones de personas utilizan refinanciaciones para sostener consumos básicos corrientes, como la compra de alimentos y el pago de servicios, y evitar entrar en mora.

La promesa del alivio

Hasta el momento, la única entidad que está dando una solución, aunque tibia, al problema es el Banco Nación, que otorga una línea de crédito para consolidar deudas, permitiendo unificar pasivos de tarjetas de crédito y otros préstamos en una sola cuota mensual con tasas preferenciales. Esta opción busca aliviar el costo financiero con plazos de hasta 72 meses, ideal para cancelar saldos de tarjetas y mejorar la salud crediticia. Para los bancos no es negocio cobrar. Podría decirse que, al igual que sucede con grandes prestamistas como el Fondo Monetario Internacional, el objetivo es mantener cautivo al deudor hasta exprimirlo todo lo posible.

En simultánea, distintos bloques legislativos comenzaron a impulsar proyectos para contener el avance del sobreendeudamiento. Las iniciativas incluyen planes de pago a tres años, límites al costo financiero total, suspensión de punitorios, reestructuración obligatoria de pasivos y créditos subsidiados para cancelar deudas más caras. En total, hay 14 iniciativas en danza.

Uno de los proyectos propone que las cuotas no superen el 30 por ciento del ingreso mensual del deudor. Otro plantea prohibir la capitalización de intereses en tarjetas y plataformas digitales. También hay iniciativas que buscan obligar a las entidades a realizar evaluaciones más estrictas sobre la capacidad de pago antes de otorgar nuevos créditos. “Eso no ayuda a mejorar lo que tenemos que hacer, que es la expansión del crédito. Al contrario. Eso achica, asusta más a los dadores de créditos, a los depositantes”, insistió el directivo del Santander.

Las cámaras bancarias observan esas propuestas con preocupación porque podrían afectar uno de los segmentos más rentables del negocio financiero. En los últimos años, el crédito al consumo se expandió incluso en medio del deterioro económico, impulsado por familias que recurrieron al endeudamiento para cubrir gastos corrientes ante la pérdida de poder adquisitivo. Por su parte, desde el equipo económico que lidera Caputo y el Banco Central, conducido por Santiago Bausili, se insiste en que la mora podría estabilizarse en los próximos meses, algo que vienen anticipando hace más de un año y no ocurre. Los datos muestran incluso que el problema continúa creciendo y que las familias quedan atrapadas entre ingresos que no alcanzan y créditos cada vez más caros.