Empleadas de la firma VVC Textil reclamaron una audiencia con el gobernador Jalil tras advertir que la empresa pretende despedirlas sin pagar indemnizaciones. Aseguran que también les adeudan salarios y otros conceptos laborales.

Tras la sanción de la reforma laboral de Javier Milei, que contó con apoyo de legisladores que responden al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, empresas de la provincia aplica la normativa y deja en la calle a los trabajadores. Un grupo de trabajadoras de la compañía VVC Textil reclamó la intervención del Gobierno provincial luego de denunciar que la firma pretende despedir a todo el personal sin abonar indemnizaciones ni salarios adeudados.

Cinco empleadas se presentaron en Casa de Gobierno para solicitar una audiencia con el mandatario provincial y entregar un petitorio en el que exponen la situación laboral que atraviesan. La reforma que el gobierno de Milei presenta como una modernización del mercado de trabajo introduce cambios significativos que atentan contra los derechos laborales: el texto final de la reforma mostró que la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) no solo modifica el cálculo de indemnizaciones, sino que el sistema reduce el costo efectivo del despido particularmente en empresas grandes que cuentan con mayor masa salarial y, por lo tanto, con más capacidad para acumular recursos en ese fondo que sería administrado por una entidad financiera.

La industria textil nacional está dentro de las más golpeadas por la crisis económica que generó el gobierno de Milei a partir de la apertura de importaciones. Gabriela Anze, una de las trabajadoras afectadas, explicó que, durante una audiencia realizada el 5 de marzo en la Dirección de Inspección Laboral (DIL), el representante legal de la firma comunicó que la empresa no puede continuar funcionando y que el cierre implicaría el despido de todos los trabajadores. “Argumentó que la empresa no puede continuar y que nos iba a despedir a todos, o sea, que estaba sin nada de plata y que nos despedía sin indemnización”, relató.

En este panorama desolador, Anze sostuvo que la empresa también habría planteado acuerdos individuales por fuera de los canales legales. Según indicó, una de las propuestas consistía en entregar máquinas a cambio de firmar la renuncia a la indemnización. “Querían darles máquinas y hacerlos firmar por la indemnización, y son dos máquinas que no valen 20 o 30 años de trabajo”, afirmó en diálogo con Mensajes en la Radio, programa emitido por Radio El Esquiú 95.3.