CEPO A LA CARNE: NO PUEDEN DECIR QUE NO ESTABAN AVISADOS

 

Los números están sobre la mesa. No hizo falta mucho tiempo para medir las consecuencias que iba a tener el cepo a las exportaciones de carne anunciado por el Gobierno en mayo pasado. “Pierde la Argentina con las restricciones a las exportaciones de carne”, expresó esta semana la Mesa de las Carnes, entidad que agrupa a 34 entidades de la cadena de todas las carnes, no solo de la bovina.

Esa síntesis va camino a ser ignorada por el presidente Alberto Fernández. Al cierre de esta edición se descontaba que el cepo que fija en un 50% respecto de 2020 el volumen que se puede exportar (con excepción de las cuotas y acuerdos con países) se va a prorrogar. Pese a que los precios al consumidor comenzaron a exhibir un freno en el último mes, condición que el Gobierno había establecido para normalizar el mercado, el tope a las exportaciones seguirá vigente. En plena campaña electoral por las PASO, que continuará hasta noviembre, la carne vacuna se convierte otra vez en un tema de orden político.

En ese contexto, la promesa del Presidente de entablar un diálogo con la cadena entró en el vacío, más allá de los contactos de los referentes de la Mesa de las Carnes y del Consejo Agroindustrial Argentino con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Tampoco los gobernadores de las provincias ganaderas, a los que apostaba la Mesa de Enlace para lograr masa crítica política, movieron el amperímetro.

Como si en sus territorios no hubiera vacas o frigoríficos, los mandatarios provinciales se quedaron mirando para el costado. Algunos, como Omar Perotti, de Santa Fe, o Axel Kicillof, de Buenos Aires, hasta hablaron de “planes ganaderos” y “mesas técnicas” como si tuvieran alguna utilidad mientras se niega lo más elemental de cualquier actividad económica: libertad de comercio. El desapego de los gobernadores respecto de lo que se produce en los territorios que administran es digno de estudio.

El impacto del cepo fue medido de diversas formas en los últimos días. Según el monitor ganadero de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino (FADA), “los productores pierden 6500 millones de pesos por mes, solo por el efecto precio de la hacienda que va a faena”. Al comparar los precios de la hacienda en el Mercado de Hacienda de Liniers entre la tercera semana de mayo y la tercera de agosto, “el novillo perdió un 16,4% del precio y las vacas perdieron 15,8% en tres meses y medio, cuando se descuenta la inflación”, añade.

Los números están sobre la mesa. No hizo falta mucho tiempo para medir las consecuencias que iba a tener el cepo a las exportaciones de carne anunciado por el Gobierno en mayo pasado. “Pierde la Argentina con las restricciones a las exportaciones de carne”, expresó esta semana la Mesa de las Carnes, entidad que agrupa a 34 entidades de la cadena de todas las carnes, no solo de la bovina.

Esa síntesis va camino a ser ignorada por el presidente Alberto Fernández. Al cierre de esta edición se descontaba que el cepo que fija en un 50% respecto de 2020 el volumen que se puede exportar (con excepción de las cuotas y acuerdos con países) se va a prorrogar. Pese a que los precios al consumidor comenzaron a exhibir un freno en el último mes, condición que el Gobierno había establecido para normalizar el mercado, el tope a las exportaciones seguirá vigente. En plena campaña electoral por las PASO, que continuará hasta noviembre, la carne vacuna se convierte otra vez en un tema de orden político.

En ese contexto, la promesa del Presidente de entablar un diálogo con la cadena entró en el vacío, más allá de los contactos de los referentes de la Mesa de las Carnes y del Consejo Agroindustrial Argentino con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Tampoco los gobernadores de las provincias ganaderas, a los que apostaba la Mesa de Enlace para lograr masa crítica política, movieron el amperímetro.

Como si en sus territorios no hubiera vacas o frigoríficos, los mandatarios provinciales se quedaron mirando para el costado. Algunos, como Omar Perotti, de Santa Fe, o Axel Kicillof, de Buenos Aires, hasta hablaron de “planes ganaderos” y “mesas técnicas” como si tuvieran alguna utilidad mientras se niega lo más elemental de cualquier actividad económica: libertad de comercio. El desapego de los gobernadores respecto de lo que se produce en los territorios que administran es digno de estudio.

El impacto del cepo fue medido de diversas formas en los últimos días. Según el monitor ganadero de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino (FADA), “los productores pierden 6500 millones de pesos por mes, solo por el efecto precio de la hacienda que va a faena”. Al comparar los precios de la hacienda en el Mercado de Hacienda de Liniers entre la tercera semana de mayo y la tercera de agosto, “el novillo perdió un 16,4% del precio y las vacas perdieron 15,8% en tres meses y medio, cuando se descuenta la inflación”, añade.

En términos de divisas, la merma de ingresos por exportaciones fue calculada por FADA en cien millones de dólares por mes. Por su parte, el Consorcio de Exportadores de Carnes (ABC, en sus siglas en inglés) informó que en julio pasado, la facturación de la industria exportadora fue de “US$193 millones, 16% menos que en julio de 2020 y una de las cifras más bajas de los últimos dos años”. En tanto, el economista Juan Manuel Garzón, del IERAL-Fundación Mediterránea, detectó que en julio pasado, medido en peso producto, Uruguay exportó más carne que la Argentina, poco más de 2000 toneladas más, al alcanzar 37.939 t.

Como la evidencia histórica de las restricciones y prohibiciones que impuso el kirchnerismo en sus primeros mandatos, estas cifras ya se sabe lo que desencadenan: pérdidas de puestos de trabajo y caída de ingresos en la industria frigorífica, baja de la producción y desaliento a la inversión. Esto, particularmente, fue reflejado en el índice AgBarometer de la Universidad Austral, que marcó 69 puntos en julio pasado, diez menos que en mayo pasado. La intervención sobre el mercado de las carnes es uno de los factores que explican la baja, sostiene el estudio.

La Mesa de las Carnes, a su vez, dio la explicación de fondo sobre la cuestión de los precios al consumidor. “El problema es el poder adquisitivo. De acuerdo a datos del INDEC, el salario real ha caído un 20% entre enero de 2018 y junio de 2021. Con una situación peor para los trabajadores informales y los cuentapropistas, a lo que se debe sumar la caída en el nivel de empleo. Esto significa que los argentinos tenemos menos capacidad para comprar no sólo carne, sino también nafta o ropa”, expresó.

Nada hace prever que esta situación se modifique en los próximos meses porque el Gobierno, para ganar las elecciones de medio término, apuesta a “poner plata en el bolsillo de la gente” con más emisión monetaria en vez de aplicar un plan de estabilización. Esta política “lo único que va a generar es un aumento en el precio de la carne, porque cuando la gente tenga un peso más en el bolsillo va a ir a la carnicería”, explica el presidente de Ciccra, Miguel Schiaritti. Otro final anunciado.

LA NACION.-