Según sus compañeros, el hombre de 62 años se encontraba bajo tratamiento de salud mental luego del cierre de la planta ubicada en la localidad de Goya. Tenía más de tres décadas de antigüedad en la firma.

Un extrabajador de la hilandería Emilio Alal fue encontrado muerto este lunes, siete meses después del cierre de la empresa que dejó a 240 empleados sin trabajo. Según sus compañeros, Silvio Ortíz, de 62 años, se encontraba bajo tratamiento de salud mental luego del cierre de la planta ubicada en la localidad de Goya.

El hombre tenía más de tres décadas de antigüedad en la firma y había participado activamente de los primeros reclamos laborales. Su cuerpo debía ser trasladado a la ciudad de Corrientes para la realización de una autopsia y el velatorio estaba previsto para el miércoles, una vez concluidos los procedimientos correspondientes.

El conflicto laboral, mientras tanto, continúa sin resolución. El pasado 25 de enero, la firma confirmó los despidos en la planta correntina y también la cesantía de 200 empleados que desempeñaban sus tareas en Villa Ángela, Chaco. 

Tras quedar en la calle sin sustento económico, los empleados comenzaron a realizar múltiples protestas para reclamar el pago total de las indemnizaciones y visibilizar la problemática con cortes de rutas. 

Los empleados habían impugnado la aplicación del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), norma que habilita al empleador a abonar el 50% de la indemnización cuando el despido se produce por falta o disminución de trabajo no imputable a la empresa o por fuerza mayor debidamente acreditada. En sus presentaciones, rechazaron esa causal y reclamaron el pago completo de la indemnización.

En la contestación remitida a través de su apoderado, la firma negó y rechazó «en todos sus términos» los planteos formulados por los despedidos, calificándolos como «falsos» e «improcedentes». Asimismo, ratificó que las desvinculaciones obedecen a causas «reales, válidas y comprobables«, vinculadas a la situación económica y financiera que atraviesa la compañía.

David González, exempleado de la planta, aseguró que los trabajadores todavía no cobraron indemnizaciones y que la disputa sigue por vía judicial. “Estamos como el primer día, sin cobrar ni un 5 por ciento”, afirmó.

La Justicia habría dispuesto además pagos de 300 mil pesos cada tres meses desde octubre para trabajadores con más de 20 años de antigüedad, mientras que el embargo informado sobre la firma alcanzaría los 140 millones de pesos.

Los exempleados cuestionan que esas cifras sean insuficientes frente a los años trabajados y denuncian falta de asistencia sostenida. También aseguran que el gobierno de Juan Pablo Valdés y las autoridades locales dejaron de entregar la ayuda alimentaria que recibían durante los primeros meses posteriores al cierre.