Dirigentes del SITRAJ se reunieron con ministros del Superior Tribunal de Justicia provincial. Expusieron casos por hostigamiento en Santo Tomé, tareas riesgosas en la Morgue y pidieron por recomposición salarial.

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (SITRAJ) tuvo una reunión con los ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y elevaron los reclamos por tres situaciones que consideran prioritarias: casos de violencia laboral y hostigamiento, condiciones de seguridad para trabajadores de Capital y el deterioro del poder adquisitivo de los salarios de toda la estructura del Poder Judicial.

Mientras el gremio aguarda una audiencia formal con el presidente del STJ, representantes del SITRAJ expusieron situaciones ante los ministros Alejandro Chaín y Luis Eduardo Rey Vázquez que afectan al personal judicial tanto de Capital como del interior provincial.

Uno de los planteos estuvo centrado en el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Santo Tomé, a cargo de la jueza Carolina Noha Durán. El sindicato denunció situaciones de violencia laboral, hostigamiento, exigencias horarias excesivas y un «reglamentarismo extremo» que, según sostuvo, estaría afectando la salud integral de los empleados. El gremio señaló que existen denuncias y sumarios en trámite, además de cuestionar la falta de medidas para recomponer el clima laboral.

En Capital, SITRAJ volvió a reclamar por la situación de trabajadores de mantenimiento dependientes de la Dirección de Arquitectura que fueron destinados a realizar tareas en la sala de autopsias de la Morgue Judicial. El sindicato consideró que se trata de labores que requieren personal especializado debido a los riesgos sanitarios y a las normas específicas de seguridad laboral y cobertura de las ART.

Según detalló Diario Época, también denunció que, luego de los reclamos, se habrían producido medidas destinadas a «amedrentar y acallar» al personal. El gremio ratificó su postura en defensa de la salud de los trabajadores. Según SITRAJ, ambos ministros manifestaron desconocer tanto estos hechos como el escrito presentado por el sindicato durante el mes pasado.

Reclamos por el aumento del 6% adeudado

En el plano económico, la conducción sindical insistió en la falta de respuestas concretas frente al reclamo de recomposición salarial. Durante las reuniones, los representantes gremiales entregaron a los ministros informes gráficos que reflejan la brecha entre la inflación y el poder adquisitivo de los empleados judiciales. 

En ese marco, reclamó la recomposición de los haberes y el pago del 6% adeudado desde abril de 2026, tras señalar que las categorías más bajas del escalafón se encuentran por debajo de la línea de pobreza, en un contexto de creciente exigencia laboral.

El conflicto se originó a partir de una acordada del Superior Tribunal de Justicia, que a mediados de febrero dispuso un incremento del 12% para empleados y funcionarios judiciales, a aplicarse en dos tramos. Mientras el primero, correspondiente a marzo, fue abonado, el segundo, previsto para los haberes de abril, aún no fue confirmado, lo que dejó el aumento incompleto y abrió el frente de conflicto.

En este escenario, el eje de la disputa se trasladó al plano político. Desde el Ejecutivo provincial, encabezado por Juan Pablo Valdés, surgieron objeciones al pago del tramo restante. El ministro de Hacienda, Héctor Grachot, advirtió que la medida tendría un fuerte impacto fiscal, con un costo estimado de entre 38.000 y 48.000 millones de pesos, argumento que fue utilizado para poner en duda su implementación.

Esta postura generó malestar en el ámbito judicial. Desde el sindicato de trabajadores reclaman el cumplimiento de la acordada y exigen que el incremento sea liquidado sin demoras. Ante la falta de respuestas concretas, crece la posibilidad de un conflicto gremial. En los pasillos del Poder Judicial no descartan la implementación de medidas de fuerza, incluyendo paros, en caso de que el aumento no se haga efectivo en los próximos días.

Diario Época.-