En medio de los reclamos de las provincias por la parálisis de la obra pública vial y el deterioro de las rutas, el Gobierno planea avanzar con el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad. La medida −que, según pudo saber LA NACION, se oficializaría antes del 8 de julio− genera incertidumbre respecto del futuro de los empleados y la continuidad de las tareas de mantenimiento de los caminos. Aunque hoy sigue en funcionamiento, gremios viales denuncian que no están recibiendo los fondos para ejecutar las reparaciones correspondientes.

Desde su creación, el organismo tiene a su cargo tareas de “estudio, construcción, conservación, mejoramiento y modificaciones del sistema troncal de caminos nacionales”. Según explicó a este medio Graciela Aleña, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (Stvyara), aunque son empresas privadas las que realizan las grandes obras de infraestructura, la entidad se encarga de realizar tareas de inspección durante el proceso y de conservación posterior.

“Nuestra tarea vertebral es el mantenimiento del camino. Ahí entra desde arreglar el bacheo, cortar el pasto, recalzar la banquina y señalizar hasta hacer pesaje para que no se destruya el camino por el sobrepeso de camiones”, detalló Aleña a La Nacion. Vialidad también se encarga de despejar las rutas ante nevadas, derrumbes o aludes que puedan obstaculizar la circulación, y que son una constante en la zona cordillerana y patagónica.

“Es tristísima la posición de este gobierno con relación a Vialidad Nacional. No entiendo por qué la maldad de destruirla, de disolverla como la quieren disolver y sin aclarar quién se va a hacer cargo de todas estas cosas”, agregó la dirigente gremial.

Según informó La Nacion, con la reestructuración impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el Ministerio de Economía será el encargado de otorgar las concesiones de obras públicas viales. Sin embargo, persisten dudas respecto de cómo se procederá con el mantenimiento correspondiente a largo plazo y, en particular, hasta que finalicen los procesos licitatorios.

Sin definiciones certeras al respecto, crece la preocupación por el estado de las rutas y el consecuente riesgo para quienes transitan en ellas, en especial dado el deterioro que ya presentan gran parte de los corredores.

En febrero, diputados de Unión por la Patria se reunieron con representantes de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) −uno de los gremios que nuclea a parte de los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad− y denunciaron que alrededor del 70% de las rutas nacionales están en malas condiciones.

En la misma línea, la semana pasada, incluso legisladores aliados a la administración de Javier Milei reclamaron por la parálisis de la obra pública vial ante el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su informe de gestión. Este es el caso de la senadora de la Unión Cívica Radical (UCR) Carolina Losada, quien afirmó que algunas rutas son “intransitables” por la cantidad de pozos que tienen. “Hay un informe que hizo Vialidad Nacional que dice que, de las rutas nacionales que pasan por Santa Fe, solo el 20% está en buenas condiciones. El resto es un desastre”, sostuvo.

La legisladora destacó que el desgaste de las vías nacionales no solo dificulta la conexión de localidades y el traslado de la producción nacional a puertos u otras provincias, sino que también supone un riesgo para quienes transitan por ellas. De igual modo, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) advirtió al Gobierno sobre un aumento en los siniestros viales derivado de la falta de reparaciones.

“Aunque hace tiempo que junto a otras organizaciones empresarias venimos alertando sobre el mal estado de las rutas, la situación actual se ha vuelto verdaderamente crítica. Hoy estamos frente a una emergencia nacional, y eso se traduce en el aumento de incidentes viales, en muchos casos con pérdidas de vidas”, afirmó Cristian Sanz, presidente de la entidad.

Ante este escenario, los gobernadores reclaman la eliminación de fondos fiduciarios que se nutren de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) −que por ley el Gobierno debe destinar a obras, pero no lo hace− para que esos recursos sean destinados a las provincias. “Han presentado un proyecto de ley donde directamente no existimos”, reclamó ante este medio Aleña, quien cree que la atomización resultante podría ser perjudicial para la red vial.

En su lugar, el gremio exige al gobierno de Javier Milei que cumpla con el envío de los fondos que recauda ese impuesto a Vialidad para poder continuar con las tareas de manera centralizada. “Tienen 400.000 millones del impuesto al combustible del año pasado guardado en una cuenta y no lo transfieren para que podamos trabajar”, indicó a La Nacion.

Además, según una presentación judicial realizada este año, la Dirección solo recibió el 20,96% de los fondos que deberían haber sido transferidos durante el primer bimestre de 2025.

De acuerdo al escrito presentado, la retención denunciada no solo genera perjuicios en materia de obras públicas, sino también en las condiciones laborales de los trabajadores operativos del organismo, cuya continuidad también está en riesgo.

Según publicó La Nacion, la planta de empleados será mantenida de manera temporal, pero en el gremio denuncian que solo se les abonará el sueldo básico, sin los adicionales que hoy cobran por sus funciones. Además, aunque todavía no recibieron una comunicación formal del Ejecutivo, estiman que los trabajadores con contrato serán desvinculados.