Sin gas para comer o calefaccionarse
La política económica actual profundiza la fragmentación social: mientras cada vez son más quienes no llegan a cubrir consumos como lácteos, carnes y yerba mate, ni cuentan con servicios básicos como agua potable y gas natural, unos pocos acceden a autos importados (los modelos que llegan de afuera pasaron del 30 al 60%) y a productos de lujo.
En cuanto al acceso a servicios, esta semana el gobierno nacional desreguló, vía el Decreto 446/2025, el mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP), habilitando la liberación total del precio de las garrafas y limitando el rol de la Secretaría de Energía en el control. Además, eliminó las autorizaciones previas para instalar o ampliar plantas fraccionadoras, y dio luz verde a la importación sin necesidad de permisos y a la exportación sin restricciones. Hay que recordar que mediante la Resolución 216/2024, la Secretaría de Energía de la Nación ya había eliminado los precios máximos de referencia y posteriormente (Resolución 394/2024) había dispuesto un “precio sugerido” de la garrafa de 10 kilos en $10.500, que ahora se desregula por completo.
De esta manera, mientras el frío extremo se siente en todo al país, con temperaturas bajo cero en algunas regiones, la gestión libertaria decidió profundizar la desregulación de precios de las garrafas que utiliza, sobre todo, la población más vulnerable. A los problemas estructurales en la conexión a servicios básicos (1 de cada 3 hogares no tiene acceso a red de gas en nuestro país, más de 7 millones de hogares según INDEC) se suman las mayores barreras para la compra de una garrafa para cocinar y calefaccionarse que es, para miles de familias, la única opción.
¿Quiénes son los más afectados? Según relevaron organizaciones sociales, 6,5 millones de personas viven en los 6.467 barrios populares del país, 7 de cada 10 no accede a un suministro formal de energía eléctrica, el 92% no cuenta no agua potable, el 95% no está conectado a la red cloacal, y casi la totalidad (99%) no tiene suministro de gas domiciliario. En detalle, la carencia en la conexión de este último servicio lleva a que las familias intenten, como pueden, acceder al mismo: el 85% cocina con garrafas, pero solo el 15% puede usarla para calefaccionarse, el 68% de los hogares no tiene acceso a agua caliente en la cocina y el 50% de los hogares tiene agua caliente en el baño a través de aparatos eléctricos.
Así se desprende de un informe sobre el acceso al servicio de gas en los barrios populares presentado por el Observatorio Villero de La Poderosa. Desde dicho espacio señalaron, a propósito de los recientes anuncios, que “mientras baja la temperatura, sube el precio de la garrafa y con cada grado menos, se multiplica el abandono”. En concreto, los datos relevados muestran que con la devaluación de diciembre del 2023 el precio de la garrafa en barrios populares pasó de $2.472 (nov/23) a $10.277 (ene/24) una suba del 316% en poco más de un mes. Desde mayo de este año escaló a $16.300 (+560% vs. antes del inicio de la gestión Milei).
Asimismo, señalaron que en los comedores comunitarios el gasto se multiplicó ya que en dichos espacios se usa, en promedio, una garrafa por semana y con estas medidas desregulatorias la brecha entre el costo de las garrafas y el costo del servicio de gas natural aumenta de forma sostenida. “Solo en mayo, nuestros comedores y merenderos entregaron más de 27.500 raciones por semana, usando una garrafa semanal por cada espacio. Un gasto mensual imposible de afrontar sin ayuda”, alertaron desde el Observatorio. Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) el gobierno asiste sólo a 4.231 comedores, cuando debería asistir a 9.800 espacios inscriptos en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM). Con menos recursos que antes, en los barrios intentan responder a las necesidades que crecen día a día.
“¿Hasta cuándo vamos a pagar con frío lo que el Estado no quiere asumir?”, se preguntaron desde La Poderosa y, en el mismo sentido, la dirigenta social Norma Morales, secretaria adjunta del sindicato Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), calificó la medida como «una crueldad con los que menos tienen». Según contó a este medio en algunos barrios los vecinos ya están pagando el gas envasado de 10kg a $25.000 y «solo dura aproximado dos semanas por lo que con esta nueva definición va ser imposible seguir comprando el tubo de gas”, alertó.
Ello coincide, también, con un documento al que accedió El Destape donde se indicó que el precio al consumidor de la garrafa en el mercado se disparó entre 15.000 y 20.000 pesos, a la vez que el subsidio del Programa Hogar -congelado a valores del 2023- pasó de cubrir el 56% a solo el 8% del gasto familiar. “La libre competencia resultó perjudicial para los usuarios de todo el país, ya que el precio no se respeta y oscila entre $15.000 su valor en los Centros de Distribución y entre $20.000 y $25.000, puesta en el domicilio del usuario”, indicaron desde el espacio Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco). Como consecuencia, además de la imposibilidad de satisfacer por completo la demanda de los hogares vía una garrafa, lo cierto es que “implica gasto que supera en cinco veces lo que una familia gastaría teniendo gas natural”.
De acuerdo con Deuco, “hasta diciembre de 2023 cuando el precio regulado de la garrafa fue de $2.750 (aunque el usuario pagaba $3.500) el subsidio de $1.539 cubría el 55,9%. Con el precio sugerido de $10.500 representó el 14,7% de su costo. Pero, si tomamos el valor mínimo de mercado de $15.000 el subsidio es del 10,3%. Si lo hacemos con el precio de la garrafa de $20.000, puesta en el domicilio del usuario (que es lo más común) el subsidio solo cubre el 7,7%”, remarcaron. “Sin tarifa social ni subsidio real, el monto programa sigue en $1.778 y no se registran beneficiaros activos desde hace dos años”, agregaron desde el Observatorio Villero.
En ese escenario muchas familias se ven obligadas a usar estufas eléctricas o leña, pero las redes eléctricas colapsan, y el riesgo de incendios y pérdidas aumenta. “No hay una política energética para los sectores más excluidos y el invierno se vuelve una amenaza, la calefacción no puede ser un privilegio, urge una política pública que garantice gas en todos los barrios”, destacaron desde La Poderosa.
El freno a la integración socio-urbana
Tras seis años de vigencia, apenas asumió, el gobierno de Milei frenó el programa que garantizaba el acceso a agua, gas y electricidad en los barrios populares ya que, entre sus primeras medidas, decidió desfinanciar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) provocando la paralización de más de 30.000 obras necesarias para proveer servicios básicos a unas 330.000 familias. Luego, en mayo pasado, firmó el Decreto 312/2025 para eliminar completamente el FISU.
El programa se había creado a partir del impulso de organizaciones sociales que lograron la sanción de la Ley N°27.453 y buscaba “la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial”, según detalla el texto de la ley. Sin embargo, la actual gestión nacional decidió poner fin a las obras en marcha y en muchos barrios del país las familias quedaron a la espera de obras paralizadas y otras que no llegaron a comenzar, mientras intentan, una vez más, arreglárselas para enfrentar el frío extremo de un nuevo invierno.
El Destape.-
