El operativo más grande (y más costoso) fue el 12 de marzo del año pasado, día en que fue herido por un disparo de una granada de gas lacrimógeno el fotoperiodista Pablo Grillo. En aquella jornada, 1.266 efectivos de las distintas fuerzas federales participaron de la represión. Uno de ellos, el cabo de Gendarmería Héctor Guerrero disparó la granada que impactó en el reportero. Guerrero hoy está acuado por los delitos de «lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función» y «abuso de armas agravado». Aún se investiga la cadena de mando superior por su responsabilidad en las órdenes operativas

Según destacó el CELS, «el presupuesto que el Ministerio de Seguridad destinó ese año para reprimir jubilados y jubiladas equivale a 5.578 jubilaciones mínimas con bono incluido (según el promedio de ese año)». De los dos mil millones de pesos informados, 35 millones fueron para combustible de los vehículos de todas las fuerzas y todo el resto (el 96% del gasto) para gastos de «equipos» de la Policía Federal. El Gobierno no aportó mayores precisiones.

De las 43 protestas de jubilados en las que intervinieron fuerzas federales, al menos 28 fueron reprimidas, con un total de 149 detenciones arbitrarias y al menos 501 personas con heridas de distinta gravedad por balas de goma, gas pimienta, gas lacrimógeno y carros hidrantes. Estos datos son los registrados por las distintas organizaciones que monitorean las protestas y atienden personas heridas, como Posta Sanitaria, Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), Comisión Provincial de la Memoria de la PBA, Comité Nacional de Prevención de la Tortura, y el Monitor de Respuestas Represivas de la CTA.

Además de Guerrero –que disparó de forma prohibida el cartucho de gas lacrimógeno que dejó gravemente herido a Pablo Grillo–, también están procesados:

• el prefecto Sebastián Martínez, como autor del disparo de proyectil de un rifle Byrna que le provocó a Jonathan Navarro la pérdida de la visión de su ojo izquierdo;
• el inspector de la Policía Federal, Nicolás Céspedez, por las lesiones a Beatriz Blanco, jubilada de 82 años a quien empujó frente al Congreso;
• el policía de la Federal Cristian Rivaldi, quien le arrojó gas pimienta a una nena de 10 años durante la marcha de jubilados el 11 de septiembre de 2024.

Al respecto, el CELS remarcó: «El gobierno Nacional no garantiza el derecho a reclamar ante las autoridades y a la protesta social. Aborda el conflicto, no como algo propio de las democracias, sino como un problema de seguridad, al que responde con un despliegue descomunal de recursos. Cada miércoles se destinan cientos de efectivos para reprimir a jubiladas, jubilados y quienes los apoyan. El reclamo es por la pauperización de sus condiciones de vida, el ajuste selectivo, la privación de alimentos, la privación de medicamentos y salud, el aumento del costo de vida».