HIDROVIA: LA AVANZADA KIRCHNERISTA INTENTARA IMPONER UNA NUEVA «RETENCIÓN» AL AGRO A PESAR DE LA RESISTENCIA DEL MASSISMO

En las próximas semanas comenzará una negociación en el ámbito de la coalición gobernante sobre el futuro de la Hidrovía. El kirchnerismo intentará apoderarse del peaje de ese estratégico canal de comunicación para establecer una suerte de nueva “retención” sobre el agro argentino. Desde la otra vereda, el massismo –tal como venía instrumentando el fallecido ministro de Transporte Mario Meoni– buscará mantener al Estado fuera de esa ecuación económica.

La gestión del servicio prestado por Hidrovía S.A. –concesión que venció el pasado 30 de abril y fue prorrogada por 90 días– se abona con recursos provenientes del sector agroindustrial argentino, dado que la compañía cobra un peaje de 3,06 dólares por tonelada de registro neto embarcada, el cual es abonado por las empresas exportadoras y descontado del valor FOB de los granos al momento de confeccionar el precio FAS (el que reciben los productores).

A comienzos de septiembre del año pasado el presidente Alberto Fernández anunció que crearía una empresa estatal para gestionar la Hidrovía Paraguay-Paraná, la cual sería controlada por el Estado nacional con participación de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Misiones. El propósito de esa iniciativa no era otro que pasar a gestionar el peaje para generar una nueva “caja” de recaudación, la cual, si bien sería gestionada por el gobierno central, generaría recursos que se redistribuirían –según se prometió– entre las provincias lindantes con el Paraná.

Pero el massismo, que después de todo tiene a cargo el área de Transporte en un Poder Ejecutivo donde claramente predomina el kirchnerismo que responde a Cristina Fernández de Kirchner, logró imponer su visión en el asunto. Y así fue como a fines de noviembre, por medio del decreto 949, se determinó que el Ministerio de Transporte sería el encargado de diseñar el procedimiento para seleccionar al nuevo concesionario de la Hidrovía.

Todo marchaba según lo planeado por el equipo de trabajo liderado por Meoni, aunque, por cierto, las presiones provenientes del ala K jamás cesaron. Y luego del fallecimiento del ministro, lejos de aminorarse, se incrementaron.

“El cobro del peaje de la Hidrovía tiene que estar en manos del Estado nacional. El Estado tiene que cobrar el peaje y luego pagar a las empresas que trabajen en los distintos sectores”, expresó sin rodeos esta semana el senador del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta, Jorge Taiana.

Al igual que los derechos de exportación, el control del peaje de la Hidrovía luce por demás tentador para el kirchnerismo, fundamentalmente por la facilidad de cobro de esa nueva “caja”.

Todos los años salen por las terminales portuarias localizadas en la Hidrovía alrededor de 80 millones de toneladas de granos, harinas y aceites vegetales, los cuales, con un cobro adicional de tres dólares por tonelada de peaje, representarían, por ejemplo, una “caja” de 240 millones de dólares. Peaje que, además, se podría subir discrecionalmente.

La cuestión es que al introducir el Estado como intermediario de la prestación del servicio de dragado y mantenimiento de la Hidrovía, no todas las compañías –que no son muchas en el mundo– podrían estar interesadas en participar de la licitación pública que se diseñará para seleccionar al nuevo concesionario, dado que, en lugar de cobrar diaria y directamente por el servicio prestado, pasaría a depender de la buena voluntad del Estado argentino.

En tal escenario, seguramente las corporaciones chinas, acostumbradas a gestionar negocios en un entramado en el cual es imposible distinguir la cuestión privada de la pública, podrían llegar a sentirse más “cómodas” con tales reglas de juego.

En cualquier caso, en los próximos tres meses se define una cuestión central para el sector agroindustrial argentino, dado que, si finalmente se impone el kirchnerismo, los precios de los granos pasarán a contar con una nueva “retención” que, como sucede actualmente con los derechos de exportación, perjudicará especialmente a las regiones agrícolas más alejadas de los puertos. Federalismo cero.

El nuevo ministro de Transporte, el bonaerense Alexis Guerrera, proviene del massismo e intentará seguir los pasos de su antecesor en esa cartera. Experiencia política no le falta: fue intendente de General Pinto entre 2003 y 2019 y a fines del año pasado asumió en el sector de obras ferroviarias de Trenes Argentinos. Pero sus ahora adversarios también son grandes profesionales en el terreno político. Veremos.