IMPUESTO A LA RIQUEZA: EN EL CAMPO AFIRMAN QUE ES «OTRO MORDISCO» Y QUE SE JUDICIALIZARA

Hay 44 millones de argentinos que son, en el mejor de los casos, el jamón pero en casi todos, la mortadela del sándwich». Así se refirió Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), luego que el Congreso diera media sanción a la iniciativa impulsada por el Frente de Todos, llamado «Aporte Solidario y Extraordinario», o «impuesto a las grandes fortunas».

En el campo entienden que desalienta la inversión. Descuentan que de aprobarse en el Senado se judicializará. Para CRA, «el vademécum tributario de 2020 tiene 166 impuestos que no alcanzan para mitigar el 50 por ciento de pobreza y menos para paliar el déficit que arrastramos de décadas de desmanejos de lo ajeno».

Según los cálculos del Gobierno, si el proyecto es aprobado en el Senado y se convierte en ley, en donde se propone aplicar alícuotas progresivas de entre el 2 al 3,5% a partir de los patrimonios superiores a los $200 millones, la medida alcanzaría a un conjunto de personas físicas no mayor a 12.000.

En este contexto, CRA entiende que «la pandemia desnudó la incompetencia de lo público o, dicho de otro modo, la indiferencia de los gobiernos y el incumplimiento de sus obligaciones más mínimas. Repartir más no erradica pobreza».

En esa línea, Matías De Velazco, presidente de Carbap, dijo que es otra señal en contra de la inversión, donde se sigue viendo un Estado aislado de la realidad y del mundo, carente de una visión de estadista.

«Pretende (el Estado) seguir exprimiendo al privado sin hacer una eficientizacion del gasto ni resignación de las prebendas que tiene la clase política. Al mismo tiempo si el Estado pide un aporte extra para comprar elementos de salud, ¿qué hacen con la enorme masa de dinero que recaudan?», se preguntó el dirigente.

Para el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, es una pésima señal para la economía, la inversión y el empleo. «Para empezar, no es un aporte y no es solidario. Es un impuesto más y sumamente confiscatorio, que grava los activos de las personas, independientemente de en qué situación se encuentren», dijo.

«Alguien que se encuentre endeudado por la compra de esos activos, no podrá descontarlos del cálculo y también deberá pagarlo. En el caso de los productores, muchos van a tener que vender maquinaria, hacienda o incluso propiedades para pagarlo», ejemplificó.

La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) señaló que el sector agropecuario, en particular, es una actividad económica de alta necesidad de capital y baja renta, principalmente por el factor tierra, pero también por el costo de las maquinarias. «Esto lleva a que productores de chicos a medianos, al igual que contratistas rurales, fácilmente alcancen el nivel mínimo para estar alcanzados por el impuesto a la riqueza», dijeron.

En este sentido, la fundación señala que el sector que tiene un capital con el que produce y que sobre esa producción pagan derechos de exportación, impuesto a las ganancias y demás impuestos; además tiene que pagar un nuevo impuesto sobre ese mismo capital que utilizan para producir. Esto es algo que un tributo más lógico como el impuesto a los bienes personales reconoce».

Para Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, » si hay personas que han invertido en maquinaria, innovación y tecnología, no son personas ricas desde el concepto socio-ideológico, sino que son personas o empresas que están tratando de fomentar una alimentación saludable y sustentable».

«Este impuesto alcanza a muchas pequeñas y medianas empresas y productores. Es engañoso que se denomine «Aporte Solidario», cuando en realidad es un tributo y más específicamente un impuesto. Aquí no hay consenso ni métodos claros, entonces los caminos comienzan a ser angostos, pedregosos y en subida», apuntó y agregó que están a favor de aportar, de una contribución única, especial y solidaria frente a un marco de emergencia.

«Lo que solicitamos es que sea consensuado, porque también en el universo de los afectados por la crisis están nuestros productores, por ello la intención es que se revise cómo se contempla al sector productivo y que se analice en la ley», dijo.

Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) , no tiene aun precisiones del impacto económico en el sector, pero afirma que claramente es un fuerte desincentivo a la inversión y que genera más incertidumbre y desconfianza. «Y como no es un impuesto a la renta, sino a los activos, incluso a los que se adeudan, claramente va a entorpecer el desenvolvimiento de la proyección económica productiva de muchos que apostaron a invertir en el país», indicó.

Para FADA, se necesita atraer inversión, no expulsarla. «El proyecto está relacionado a la confiscatoriedad, porque en muchos casos la renta puede llegar a ser menor que la sumatoria del impuesto a los bienes personales y el impuesto a la riqueza, generando que el productor deba reducir su capital a los fines de pagar el impuesto, donde el Estado se lleva el 62% de la renta agrícola», explicó el organismo.

En un comunicado, sociedades rurales del norte bonaerense expresaron su descontento por la ley: «En estos momentos la sanguijuela que consume todos los recursos del país, está dando otro mordisco a lo poco que resta de los recursos genuinos de los argentinos».

«Enmascarado por la dialéctica solidaria, diputados de la Nación se aprestan sin pudor el saqueo que les provee más recursos a pagar con inflación, deudas, festivales de bonos y más pobreza social, ¡de la que son los únicos privilegiados del país! Hasta cuando soportaremos esta insolencia que la política nos ofrece diariamente», señalaron mientras se debatía en Diputados.

Pelegrina insistió que se está ante un Estado que no quiere hacer ningún tipo de reconversión, ni de realineamiento de sus gastos o de su estructura y por eso apela a una mayor voracidad fiscal: «Esto seguramente culminará en una presentación judicial, en donde nos defenderemos de una exagerada exacción del Estado».

Por último, De Velazco subrayó que ya se empiezan a ver reacciones de hartazgo por parte de los privados respecto de «un Estado obeso que exprime con su peso al privado y que claramente está en contra del desarrollo del país como de sus habitantes».

Por: Mariana Reinke.-

La Nacion.-

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