DE LA YERBA AL TABACO: ADVIERTEN QUE NO PODRAN PAGAR UN BONO DE $26.000 A LOS TRABAJADORES RURALES.

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Productores de economías regionales argumentaron en diálogo con La Nacion que, por la sequía y los mayores costos, no están en condiciones de afrontar ese compromiso.

Luego de que el Gobierno oficializara un bono de fin de año adicional de $26.000, que exigió la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), productores de economías regionales explicaron los motivos por los que la resolución 230 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), que se formalizó este miércoles en el Boletín Oficial, los impacta directamente y afecta “terriblemente”. Según argumentaron, así como está diseñada la norma, los pagos se aplicarían sobre todos los trabajadores, ya que no distingue entre los transitorios y los permanentes, por lo que esto afectaría a los establecimientos con una menor estructura económica.

“Las economías regionales se caracterizan por ser producciones chicas en promedio, de un alto índice en su estructura de costos de la mano de obra; en general, rondan en un 40% y 50% la mano de obra”, dijo Adrián Luna Vázquez, delegado por la provincia de Misiones de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) e integrante de la mesa ejecutiva de esa entidad. Según explicó, los sectores como la citricultura, yerba, té, lana y la fruticultura, son economías que las llevan adelante productores que no tienen más de 60 hectáreas. “La estructura de costos es muy alta y la incidencia de un nuevo bono genera costos muy altos”, agregó.

El argumento de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace junto con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) al presentar un Recurso Administrativo ante el Ministerio de Trabajo, tras la decisión tomada el 22 de diciembre pasado en la CNTA, es que, entre otros temas, el impacto de la sequía imposibilita el pago total del bono que asciende a $50.000. En rigor, la suma de $26.000 se suma al bono establecido mediante Decreto N°841/2022 de $24.000.

“No entendemos y no existe un fundamento por el cual, a pesar de que fue incluida la actividad, dentro del bono del Gobierno y la Uatre [de $24.000], el otorgamiento de un bono adicional. Diría que va hasta en contraposición a lo que ya se había otorgado con el Decreto 841/2022″, amplió Luna Vázquez. El factor principal por el cual afecta profundamente a estos sectores, dijo, es por el impacto de la sequía que desde hace tres años impacta al campo.

“La mayoría de las economías tienen un destino final que es la exportación y lo hacen con un dólar oficial. Todos los costos de la actividad vienen subiendo y acompañando a la inflación y al dólar libre, en definitiva, todos los costos de insumo y mano de obra, se incrementan de una manera geométrica. En cambio, los beneficios, producto de la actividad productiva no se incrementan de la misma manera y comienzan a trabajar a pérdida. Esto no fue contemplado por el Ministerio de Trabajo y la Comisión o la Uatre en el momento de sancionar el bono, porque tampoco hay una explicación en la resolución del por qué el incremento”, resumió.

Impacto

Según fuentes vinculadas a una entidad de economías regionales, pese a la oficialización del bono todavía se está conversando, ya que se pidió dictamen jurídico y puntualizaron en que “cada caso es particular”. En ese sentido, indicaron que “la norma no es clara” y “hace un avasallamiento”. Además, toma a todos los trabajadores en su conjunto: permanentes, transitorios y/o golondrinas. Cada caso varía no solo por la capacidad de pago del productor, sino por el rubro.

Estaría en consideración que, de ejecutarse estos pagos, se realicen en dos cuotas de $13.000, una en enero y otra en marzo. El sector intentaría ante el Ministerio de Trabajo para que los $24.000 sean trasladados como Ganancias, aunque esto todavía está en análisis.

“Lamentablemente, para el sector tabacalero, la situación es bastante complicada. En Salta, donde estamos hablando de casi 2000 productores, la mayoría de los empleados son cíclicos, o sea, transitorios, es un cultivo intensivo que emplea mucha mano de obra [temporal]”, dijo Roque López Fleming, gerente de la Cámara del Tabaco.

Esa actividad, señaló, se lleva la peor parte, porque sus ingresos son a través del acopio. “Ni siquiera todavía abrió el acopio, y a pesar de no haber abierto, sabemos que con el tipo de cambio, que es bajo para los costos que ha tenido el producto y sabiendo que la gran mayoría son de los insumos en dólares, el acopio negocia un precio viejo. A su vez, el tabacalero tiene un costo de 12/13% de derechos de exportación. El tabaco tiene que ir hasta el puerto de Buenos Aires y el trabajo es bastante engorroso”, contó.

El costo de producción para esta actividad asciende los $700.000 u $800.000 por hectárea. De eso, el 60% es mano de obra. “En relación con años anteriores, el bono era para empleos permanentes y ahora entendemos que es para todos, por eso es que estamos diciendo que es totalmente inviable, porque habla de los empleados en general y no especifica si transitorios o permanentes discontinuos”, puntualizó. El sector tabacalero en Salta genera empleos para alrededor de 20.000 personas, ya que es una actividad que se hace a mano, esto representa, aproximadamente, 100 jornales por hectárea.

Juan Carlos Haasis es productor yerbatero, de mandioca, forestal y ganadero. Relata cómo afecta a cada una de las actividades que realiza. “Este bono es imposible de pagar, más con el tema de la sequía que hay, la producción ha bajado entre un 20%, 40% y 50%, dependiendo de la zona en que esté de la provincia. Pero se necesitan 6000 kilos de hojas para pagar este bono, la mayoría de los productores yerbateros (un 80%) en épocas normales no llegan a los 40.000 kilos”, analizó.

Gerardo Vallejos, titular de Piporé y vicepresidente de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones, indicó que “es una gran verdad” que los productores de esa provincia “no pueden hacer frente a los pagos de limpieza [en las plantaciones] y el herbicida está por las nubes”. También “mucho menos pensar en fertilizar”, que se ha convertido en “una carga muy pesada”.

“Ya no hablamos ni de fertilizar nuestras parcelas, porque la inflación nos está comiendo por todos lados, eso lo vivimos día a día. No nos convocan ni nos preguntan, los del sindicato deciden y los del Ministerio de Trabajo aprueban; así vamos quedando como tantos otros en el camino”, relató.

Como consecuencia de esto, dijo, los pequeños productores después terminan malvendiendo sus pequeñas parcelas y yéndose del lugar. “Esto es una cosa de nunca acabar y viene desde hace mucho tiempo. Tenemos que tomar, de una vez por todas, otro tipo de acciones y no hacer caso a esto, porque es imposible, aquel que tiene un número mínimo de personal, le afecta terriblemente. ¡Es imposible!”, amplió.

Por último, comparó la situación de los productores del norte con los de la pampa húmeda. “Somos una actividad periférica de economías regionales que, encima, no nos dejan trasladar ningún tipo de costos mayores de nuestros productos a góndola; todos sabemos cómo está controlado ese precio y pisado. ¡Ya no damos para más!”, cerró.

Por:Belkis Martínez.-

LA NACION.-

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