EL GOBIERNO YA USO MAS DE $31.100 MILLONES DE UN POLEMICO FONDO PARA SUBSIDIAR LA HARINA DE LAS PANADERIAS.

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El dato surge de un pedido de acceso a la información que hicieron los legisladores Luciano Bugallo y Marcela Campagnoli; la respuesta de las autoridades sobre cuestiones sensibles de la medida.

El Gobierno ya destinó $31.102,2 millones para subsidiar la harina que la industria molinera entrega a las panaderías, según la información que surge de un pedido de acceso a la información que realizaron el diputado bonaerense Luciano Bugallo (CC) y Marcela Campagnoli, diputada nacional del mismo espacio.

Según la información que obtuvieron los legisladores, desde mayo de 2022 hasta marzo del actual se reunieron $35.370.482.216 para el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), el nombre que eligió el Gobierno para crear ese mecanismo con la suba de las retenciones a la harina y el aceite de soja de 31 a 33%. Recientemente, vale recordar, como las retenciones volvieron a su valor inicial para esos subproductos el Gobierno decidió por decreto usar el 1,3% de las retenciones a la soja para solventar la compensación para la harina. La medida no sirvió para frenar la suba de la harina ni del pan.

De acuerdo a lo que le respondió el Gobierno a los legisladores, al 30 de abril pasado “la cuenta fiduciaria arroja un saldo final de trece mil quinientos ocho millones ciento sesenta y siete mil quinientos setenta y seis con setenta y siente centavos ($13.508.167.576,77)”. Es decir, ese es el dinero que todavía tiene para repartir.

En el escrito remitido a Bugallo y Campagnoli se observa el detalle de lo que distribuyó hasta el momento el FETA a 28 molinos. El total consignado es de $31.102.254.578,16. Del valor global, el principal grupo del país, Molino Cañuelas, recibió $17.181.245.702. Acaparó así el 55% del total de las compensaciones. En tanto, la cuenta se expande a otros $4190,9 millones si se suma a Molinos Florencia, controlada por Molino Cañuelas.

Vale recordar que Bugallo, cuando presentó una denuncia judicial contra Roberto Feletti, exsecretario de Comercio, por el manejo del FETA, también apuntó sobre la ayuda para Molino Cañuelas.

En esta línea, los legisladores requirieron al Gobierno que “explique los motivos por los que se entregarían sumas millonarias a Molinos Cañuelas Sacifia pese a que esta se encuentra concursada y posee conflicto de intereses tanto con el Estado Nacional como con el BICE”.

La respuesta que obtuvieron fue que con la resolución N° 426/22 de la exSecretaria de Comercio Interior se fijaron los requisitos de elegibilidad para ser “considerados destinatarios de los desembolsos y las obligaciones que debían cumplimentar las empresas que quisieran recibir las compensaciones debidas por el FETA”.

“Bajo dicho contexto, el análisis del alta y documentación presentada se realizó teniendo como fundamente la normativa aplicable, habiendo sido Molinos Cañuelas Sacifia, junto al resto de los molinos informados en la presente, elegibles para recibir las compensaciones debidas por el Fondo que nos ocupa”, agregó el Gobierno en la contestación a los diputados.

Vale recordar que la empresa se ha defendido en varias oportunidades ante los cuestionamientos. En este marco, hoy Molino Cañuelas señaló: “El FETA es un sistema al que pueden entrar todos los molinos, en forma libre y voluntaria, sin que existan requisitos diferentes para unos y otros. El sistema subsidia el precio de la harina, que es utilizada para la elaboración de muchos productos. En el caso concreto de Molino Cañuelas, participa del sistema porque a la vez forma parte del programa Precios Justos, con más de 100 productos, y dicha participación no sería posible si no existiera el FETA, en la medida que esto implica mantener precios fijos sobre dichos productos”.

Entre otros puntos, Bugallo y Campagnoli consultaron sobre si las empresas beneficiarias han presentado rendiciones de cuentas respecto de los fondos recibidos. Desde el Gobierno les contestaron: “En cuanto a las rendiciones de cuentas referidas en el punto 3 del requerimiento, cabe señalar que el FETA no opera como una entrega de fondos ex ante de las operaciones. Por el contrario, el Fiduciario paga a los molinos destinatarios las sumas compensables con posterioridad a la ejecución de las ventas. A tal fin, el Asesor de Revisión y Control realiza los controles previos sobre la facturación emitida por los molinos destinatarios a fin de determinar el importe a compensar”.

Además, ante la pregunta sobre si se hicieron auditorías “respecto del cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas al momento de suscribirse al FETA”, a los legisladores les respondieron: “A los fines de la inscripción de las empresas en el FETA, se ha procedido a relevar que efectivamente cumplan con la documentación requerida, de conformidad con la normativa vigente. No obstante, deviene pertinente señalar que no se puede dilucidar del punto 4 del requerimiento a qué compromisos asumidos se hace referencia”.

También hicieron, entre otros, el requerimiento de que se expliquen “los motivos por los cuales no se opta por un subsidio directo a la demanda más necesitada”. Y agregaron que se manifieste “si se evaluó otros métodos que hagan la medida más económica, eficiente, directa y transparente”.

Sobre esto, el Gobierno contestó: “La implementación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino encuentra sustento en lo establecido por el Decreto N° 132/22, a través del cual se consideró propicio la creación de un Fondo Fiduciario Público que tenga por objeto garantizar un patrimonio de afectación específica que contribuya a mitigar el alza del precio de la tonelada de trigo que requiere la cadena de molienda argentina. Asimismo, es dable destacar que la adopción de esa decisión administrativa tuvo en miras la coyuntura internacional generada por la invasión Rusa a Ucrania, que impuso la toma de medidas urgentes para coadyuvar a la estabilización de los precios internos de productos esenciales para la alimentación de los argentinos y las argentinas, así como mantener un volumen adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno, fomentando una mayor producción de estos bienes en la cadena que va desde el productor primario y la productora primaria hasta los consumidores y las consumidoras finales”.

Rechazo

En este contexto, hoy en un comunicado la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras (Apyminra) expresó su rechazo al decreto que dispuso usar las retenciones a la soja para solventar el FETA.

“Lo hemos dicho desde el momento en que el FETA fue creado e instrumentado, en marzo del 2022: la incidencia del trigo en el precio del pan es marginal, esta herramienta no estabiliza el precio del kilo de pan, y por lo tanto no ayuda a los sectores más vulnerables. Esta política sólo distorsiona el mercado favoreciendo a los molinos más grandes en detrimento de los más pequeños”, indicó la entidad.

“El tiempo y los hechos nos han dado la razón. Cuando entró en vigencia el fideicomiso el precio del pan al consumidor estaba en torno a los $202 el kilo y hoy las panaderías lo venden en aproximadamente $460″, agregó.

También remarcó: “Además de no lograr su cometido, esta iniciativa produjo enormes alteraciones en el mercado y en la cadena de pagos dado que se le otorgaron adelantos monetarios a unas pocas empresas concentradas. Prueba de ello, es que el grupo molinero más grande (Molinos Cañuelas y Florencia) recibió $21.372.179.201, es decir el 68% total del fondo”.

Por:Fernando Bertello.-

LA NACION.-

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