FUERTE RECHAZO DE LA DIRIGENCIA DEL CAMPO A LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO DOLAR SOJA.
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En el sector argumentan que la medida, que se formalizó hoy en el Boletín Oficial, favorece más a la industria y el Gobierno que a los productores.
Luego de que, entre idas y vueltas, se oficializara hoy en el Boletín Oficial un nuevo dólar diferenciado donde destinará un 25% de disponibilidad en las divisas para que la industria mejore el precio de compra de los granos, el campo reiteró su rechazo porque solo tiene en vista un “beneficio para el Gobierno y la industria, no garantizando nada a los productores”.
Enseguida, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) sugirió a los productores agropecuarios de vender “lo mínimo necesario” de sus productos. Otro dirigente que desestimó tales medidas fue el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino que señaló que los productores siguen “esperando medidas que beneficien de manera integral a todo el sector y no en beneficio de unos y detrimento de otros”.
“Esperemos que el mercado se normalice porque hace una semana que está paralizado y los productores necesitamos tener precios de referencia. Desde la Sociedad Rural, insistimos que nuestra economía necesita contar con un único del tipo de cambio sin restricciones ni derechos de exportación”, enfatizó Pino.
A lo que se refirió el dirigente ruralista con “la paralización del mercado” fue que, luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciara ese domingo las nuevas medidas para el sector; en una conferencia de prensa el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, puso un manto de confusiones e incertidumbre, señalando que el 25% de esas divisas obtenidas por la industria exportadora en septiembre no podría aplicarse para la compra de soja local sino solo para pagar importaciones de la oleaginosa. Inmediatamente esto paralizó los mercados locales hasta hoy cuando finalmente se supo los pormenores de la medida.
Según el decreto 443/2023 se fijó las condiciones del esquema que estará en vigor hasta el 30 de septiembre próximo y el ministro de Economía Sergio Massa prevé que lleguen unos US$2500 millones. En detalle, el 75% del contravalor de la exportación de las mercaderías, que sean objeto de adhesión al Programa, deberá ingresarse al país en divisas y negociarse a través del Mercado Libre de Cambios (MLC), en tanto que el 25 % restante será de libre disponibilidad.
Para Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), si bien lo planteado por Carbap “no es la recomendación más feliz, es una forma gestual de manifestar el descontento que hay con una nueva medida que implica más intervencionismo del Estado”.
“Es una recomendación racional que surge natural y espontáneamente frente a tanta irracionalidad del Gobierno. Hace tiempo que los productores venimos trabajando a la defensiva y una de esas defensas es precisamente ir manejando lo más racional posible el flujo de fondos de nuestra moneda que es nuestra producción, atento que estamos en una economía tremendamente inflacionaria y cada vez más intervenida”, remarcó a La Nacion.
“Lo que nosotros necesitamos y venimos insistiendo desde hace mucho tiempo es justamente que no ocurran este tipo de decisiones absolutamente unilaterales por parte del Gobierno que dispone quién, cuándo, cuánto tiempo y a qué valor de tipo de cambio el campo puede comercializar su producción. Necesitamos un mercado libre como sucede en los países vecinos, sin intervenciones que generan beneficios para algunos, sin regulaciones distorsivas, sin prohibiciones de comercialización, con unificación del tipo de cambio y la eliminación de las retenciones”, agregó.
Por su parte, Ignacio Mántaras, titular de la Sociedad Rural de Santa Fe y dirigente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), señaló que las diferentes versiones de dólares que implementó el Gobierno nunca fueron compartidas en absoluto por las entidades que representan a los productores, porque obedecen a “manotear divisas generadas por los granos, en connivencia con los exportadores”.
“Son acuerdos a espaldas de los productores que son los que generan los bienes exportables. Son medidas coyunturales sin pensar en el largo plazo, son parches que destruyen el mercado, con efecto negativo directo contra otras cadenas productivas, como el tambo y los feedlots. Esto no es inocuo”, dijo.
“Esta nueva versión es un mamarracho, un disparate. No es serio cambiar las reglas de juego en poco tiempo: desde el anuncio por redes sociales hasta su publicación vía decreto. Esto llevó a una gran incertidumbre en los mercados durante diez días y esto es de una gravedad mayúscula”, agregó.
Aunque como entidad no se debe aconsejar a los productores qué hacer con sus granos porque excede la esfera institucional, aclaró que el campo debe saber que “el Gobierno está tomando medidas que no están dirigidas al sector agropecuario y que solo ha destruido mercados”.
En esa línea, el nuevo presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), Patricio Kilmurray, dijo que esto demuestra la “desesperación” del Gobierno por divisas. “Este Gobierno no entiende que el campo quiere políticas estables a largo plazo. Es el 4º parche solo para tener un beneficio de ingreso de divisas”, aseguró el dirigente y productor agropecuario oriundo de La Carlota.
Por último, para Raúl Vítores, de la Sociedad Rural de San Pedro, si bien es una buena medida la que propuso Carbap (vender lo justo y necesario), se debería haber trabajado mucho tiempo antes en ese sentido. “Ahora queda poco o queda nada de granos porque además venimos de una sequía que fue tremendo el daño que ha hecho. No solo no hay que vender nada sino comprar solo lo que se necesita. Es penoso ver que este Gobierno deje un país destruido”, cerró.
Por: Mariana Reinke.-
LA NACION.-
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