SE DESATO UN CONFLICTO EN LA COOPERATIVA LACTEA SANCOR Y HAY ASAMBLEAS QUE INTERRUMPEN LA PRODUCCION.

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En las plantas industriales se vive un clima de alerta en medio de un reclamo del gremio Atilra por un fideicomiso de rescate para la firma; la fuerte respuesta de la empresa.

Desde anoche hay asambleas e interrupciones en seis plantas y un centro de distribución en Don Torcuato de la cooperativa láctea SanCor por parte del gremio de los trabajadores lecheros Atilra. El conflicto es porque todavía no se puso en marcha un fideicomiso de salvataje para la compañía.

Según señalaron a este medio fuentes de la empresa, en estos momentos se registran asambleas, interrupciones y hasta bloqueos en las distintas plantas industriales. Luego de un proceso de reestructuración y venta de activos en los últimos años, de más de una docena de establecimientos SanCor se quedó con seis ubicados en Sunchales, Gálvez, San Guillermo, Balnearia, Devoto y La Carlota. Además, de tener más de 4000 empleados se quedó con unos 1450 que están en convenio con el gremio. De ser líder en procesamiento diario de leche, con más de 3,5 millones de litros, pasó a un nivel en torno de los 700.000 litros diarios, si bien su capacidad instalada es para 1,5 millones de litros.

“Es así”, dijeron, escuetos pero contundentes, desde SanCor luego de que trascendiera el conflicto abierto con Atilra. Luego, en un comunicado la cooperativa láctea señaló: “Las distintas dependencias de SanCor Cooperativas Unidas Ltda. se encuentran casi sin operaciones industriales, comerciales y administrativas como consecuencia de sorpresivas medidas de fuerza determinadas por la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina”. Según la firma, después de “un muy profundo proceso de reestructuración” llegó “a un equilibrio en su actividad”.

“Todas las plantas operativas están en asamblea”, remarcaron, por su parte, desde el gremio que conduce Héctor Ponce, un sindicalista que hace poco se mostró con el ministro de Economía, Sergio Massa, en un acto donde el funcionario dio a conocer la suspensión por 90 días de las retenciones a los productos lácteos. Desde Atilra negaron que haya bloqueos. Fuentes del gremio dijeron: “Bloqueos no hay”.

En el gremio ponen la lupa en que el fideicomiso de salvataje para la láctea no se termina de poner en funcionamiento. Hace dos años, un grupo de empresarios de varios rubros se acercaron a la cooperativa para ofrecer un esquema de fideicomiso para administrar la empresa. El sistema requería un fondeo de US$60 millones para buscar en bancos públicos, privados y en el mismo mercado. Se inició un trámite para lograr una aprobación de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Desde el gremio señalaron que desde la empresa no se terminó de hacer lo suficiente para que esto salga, ya que aducen que faltaría la presentación de documentos. “SanCor tiene que presentar papeles”, dijeron. Agregaron: “El alerta de Atilra es porque los que conducen SanCor no colaboran con los pasos que debe dar el fideicomiso y están sin presentar un requerimiento de la CNV para la emisión de valores que generarían el aporte económico para que siga funcionando. Por otro lado, hace 45 días que están que firman o no firman un escrito para presentar en el juzgado por este asunto”.

Sin embargo, desde la cooperativa respondieron que la empresa “hizo todo” lo que tenía que hacer para este mecanismo. En este contexto, en el comunicado la cooperativa amplió: “SanCor se abrió a escuchar propuestas de negocios con actores económicos y/o empresas interesadas en participar de la actividad. En este sentido, hace más de dos años se iniciaron conversaciones con un grupo de personas de negocios que proponían la constitución de un fideicomiso de administración. En la idea del mismo, SanCor dispondría de algunos de sus activos y los interesados externos se comprometían al aporte de capitales necesarios para solventar obligaciones y promover el crecimiento”.

En otro tramo contó que dio “todos los pasos que se le solicitaron, al punto de que una asamblea de asociados expresamente convocada, aprobó la constitución del Fideicomiso de Administración, siempre que se cumplieran ciertas condiciones expresamente fijadas por SanCor y las que surgieran de parte de las instituciones públicas intervinientes, y que constituían obligaciones de los terceros interesados”.

Y luego hizo una crítica a la “contraparte”, el grupo de inversores que se acercó a la empresa: “En tal sentido, y pese a que transcurrieron más de dos años desde la firma de una “carta de intención”, no se cumplió ninguna de esas obligaciones por parte de los terceros. Más aún, del aludido “grupo empresario” no se conoce con precisión quiénes lo integran, no existió diálogo directo con ningún potencial inversor ni hubo otra relación como no sea con quienes cumplen un rol de intermediarios técnicos. En todo este tiempo, Atilra tuvo conocimiento profundo de cada una de las alternativas que se fueron suscitando y planteando”.

El grupo empresario inicial que propuso el fideicomiso lo armaron, en su momento, el industrial José Urtubey, Marcelo Figueiras (Laboratorio Richmond), Gustavo Scaglione (La Capital de Rosario y Canal 3, entre otros medios), el abogado Leandro Salvatierra y Jorge Estevez, experto en el sector lácteo.

Antecedente

El año pasado, Atilra amenazó con llevar una protesta por SanCor a toda la industria láctea. Fueron días en que emprendió fuerte contra el Gobierno. “El proyecto y compromiso del Gobierno Nacional para reorganizar y recuperar la capacidad productiva de SanCor, -que incluyó el armado de un Fideicomiso aprobado por la Asamblea de socios más la promesa de aporte Estatal-, se encuentra estancado por falta de respuesta de las autoridades gubernamentales, situación que, ante esta problemática de tan vasta magnitud cuya crisis terminal viene siendo soportada por las y los trabajadores, nos obliga a retomar medidas de acción sindical”, dijo en ese momento.

Tras esa velada advertencia, hubo contactos con el área del ministro Sergio Massa, lo que permitió desactivar el conflicto. A comienzos de 2023, vía el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) el Gobierno destinó $1200 millones para sostener a la cooperativa que en las últimas semanas sumó otra mala noticia: en la Justicia de Nueva York, el grupo internacional STFF inició una demanda por el cobro de un crédito que había sido otorgado por IIG TOF B.V, de Curazao. Reclama US$61,5 millones.

Por: Fernando Bertello.-

LA NACION.-