LEY DE TIERRAS: EL SECTOR INMOBILIARIO RURAL APOYA LA DEROGACION PARA QUE LLEGUEN INVERSIONES EXTRANJERAS.

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En el mercado consideran que será un paso para dinamizar una actividad que tiene un fuerte potencial.

Hace tiempo que los operadores del mercado inmobiliario rural lo venían pidiendo, es más desde que se sancionó y fue ley. Desde un primer momento entendieron que era fundamental para la actividad que la legislación vigente desde 2011 se deje a un lado. Aunque en la espera, tienen cierta cautela de cómo el Gobierno implementará la derogación de la ley de Tierras que limita la compra de tierras a extranjeros y en el sector celebran la noticia.

“Al menos con modificar la ley, como para que los grandes fondos puedan pensar proyectos de escala y que facilitarán la instrumentación, posiblemente sería ya un gran avance. Si se liberan aquellas cuestiones que son las que más traban el mercado como es la superficie a comprar y la intervención de la autoridad del agua, ya facilitaría mucho el ritmo de inversiones”, dijo a La Nacion Mariano Maurette, responsable de Campos de Álzaga, Unzué y Cía.

En coincidencia, Juan José Madero, director de la División Campos de LJ Ramos Brokers Inmobiliarios, dijo que es “grato de escuchar” que un tema que desde hace rato desde su sector lo vienen pidiendo, tiene un horizonte cierto.

“Es auspicioso para retomar la normalidad de libertad de comercio, de disponer de los bienes y de la propiedad que el Gobierno tenga este tema en agenda el primer día, que lo ponga sobre la mesa en este momento de manera contundente”, indicó Madero.

“No está solamente la escala de esas 1000 hectáreas o sus equivalentes (que son absurdas como la de Formosa); está el tema de los cursos o cuerpos de agua ‘de envergadura’, donde un extranjero no puede comprar una hectárea sobre un curso o cuerpo de agua de envergadura. Eso es una medida totalmente arbitraria porque, ¿quién determina que es de envergadura y por qué? Eso da pie a discriminaciones, el agua va a estar ahí, corre en un cuerpo o un curso de agua y se puede aprovechar o no. El temor a llevársela son cosas no tiene fundamento”, agregó.

En este contexto, recordó cuál fue el origen de la ley, que había nacido a raíz de “aquel intento de acuerdo entre la provincia de Río Negro y China para una explotación de unas 300.000 hectáreas”.

“Después, para posicionar la ley en la opinión pública, se estigmatizó a inversores privados extranjeros ‘del hemisferio occidental’, por decir de una manera, y con eso se empujó esa ley que salió con la mayoría automática en el 2011. Fue una ley criticada por nosotros desde el primer día porque era muy absurda, extremadamente restrictiva y que directamente canceló la inversión privada de tierras en la Argentina”, subrayó.

En rigor, la normativa llamada de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras, fue sancionada en el 2011 con el kirchnerismo en el Gobierno. En la ley se limitaba a un extranjero a ser propietario por ejemplo en la zona núcleo solo de 1000 hectáreas y luego las distintas provincias trazaron sus propias equivalencias en superficie.

Con el tiempo, explicó Madero, quedó demostrado, una vez sancionada, que el índice de extranjerización en la Argentina era muy bajo respecto del mercado, “sobre todo las tierras agrícolas, que son las más codiciadas, eran las que tenían y tienen el más bajo índice de extranjerización”.

“El mayor índice de extranjerización está en provincias limítrofes, donde la minería es la actividad principal o la forestación es dominante, que son explotaciones que requieren mucha superficie. Eso se ve en los mapas de índice del registro nacional de tierras rurales”, remarcó.

Ya en el gobierno de Mauricio Macri, en 2016 se flexibilizó con un decreto reglamentario dicha ley. Si bien se mantuvo ese límite de 1000 hectáreas para un extranjero que quería comprar en el país, se reconocieron derechos adquiridos para que un extranjero que ya tenía campos pudiera vender y recomprar sin el tope de las 1000 hectáreas.

Madero se detuvo en analizar dos temas claves que el Estado debe tener en cuenta. Por un lado, la importancia que tiene, que quedó de manifiesto en la pandemia, producir alimentos y materias primas que vienen de la tierra y que en el mundo estas son finitas, por lo que “hay que cuidarlas para que no se degrade”.

Por otro lado, señaló que se debe tener cuidado y hacer las restricciones pertinentes con la inversión que venga de Estados soberanos o que detrás de un inversor que parece particular haya un Estado soberano: “Que venga a invertir el extranjero privado sí, pero que no haya inversiones soberanas”.

En este posible nuevo escenario, Maurette señaló que aun no se sabe cuál sería el impacto en el mercado “hasta tanto la cosa no camine” y donde seguramente, “el impacto en la dinámica del mercado dependerá de cuáles sean los cambios que logren hacerle a la ley”.

“Hay que ver cómo evoluciona el nuevo plan del Gobierno. Ese el huevo o la gallina: no sabemos si lo que realmente entusiasma es el éxito del Gobierno en la implementación de su plan para un nuevo país; si es la Ley de Tierras, o la Ley de Tierras va a ser un elemento más que va a apoyar el entusiasmo en el mercado, si el Gobierno logra tener éxito con su plan. Con solamente modificar la ley, si el Gobierno después no la pega, no va a ser suficiente. Es decir, lo más importante acá es que el país salga a flote, que el plan tenga éxito, que logren el déficit cero, que logren controlar la inflación. Así y todo, esto siempre suma y es necesario. Celebro enormemente que esto sea parte de la agenda del presidente”, finalizó.

Por: Mariana Reinke.-

LA NACION.-

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