MENDOZA: POLEMICAS POR QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL BUSCA DEROGAR UNA LEY VINCULADA CON EL AGRO.

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Entidades del sector rechazaron un proyecto oficial para el fin de la ley 9133 de registro de contratos de productos.

Productores de Mendoza manifestaron su preocupación luego de que el gobierno provincial impulsara con un proyecto la derogación de la ley 9133, vinculada con el registro de contratos de productos como uvas y otros de la región, y al perdón de multas con un monto actualizado que alcanza los $1.200.000.000. A través de un comunicado, la Sociedad Rural del Valle de Uco, Confederación de Asociaciones Rurales de Mendoza (CAR) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) expresaron su oposición a la iniciativa oficial que busca tratamiento en la Legislatura provincial. El argumento del gobierno local es que se busca eliminar costos, burocracia e intervención estatal que complica y encarece la operatoria comercial entre productores e industriales.

Según indicaron desde CRA en un comunicado, las declaraciones del Ministerio de Producción local, son “falsas”. En esa línea, mencionaron que la protección a los productores, que habría sido uno de los motivos del impulso original de la ley, no se ha cumplido. “La realidad muestra que la ley 9133 ha protegido a más de 8000 productores, con más del 90% de los establecimientos sin incumplimientos”, manifestaron.

En otro tramo señalaron la imposibilidad de fijar precios antes de la entrega de los productos, otro detonante de la mencionada ley. “Precisamente, esta ley se originó para contrarrestar el aprovechamiento de la posición dominante de la industria”, agregaron. Dijeron que es falso que se sostiene que en los foros los productores no se ven beneficiados. “No existe acta alguna de las Mesas de Concertación que respalde tal afirmación”, agregaron.

Otro de los argumentos que fustigaron es que las fechas de inscripción de contratos van en contra de la realidad productiva. “Todas las fechas fueron acordadas técnicamente con el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) y superan ampliamente el periodo de cosecha de cada producto”, dijeron.

Además, indicaron que es falso que “la industria recibe frutas todo el año, lo cual no es relevante, ya que la fruta de otras provincias no necesitan inscripción, solo un comprobante de procedencia extraprovincial. El verdadero problema es la falta de documentación adecuada por parte de algunos industriales, como lo ha señalado la AFIP”.

Los productores expresaron su preocupación por el perdón de deudas y que el Ministerio de Producción no ofrezca argumentos sólidos para impulsar eso. “Este perdón constituye un antecedente peligroso para la administración pública y beneficia de manera especial a unas pocas 20 empresas que acumulan deudas que podrían alcanzar los $1.200.000.000, castigando a 600 industriales cumplidores que respetan la ley. De esta manera, reiteramos nuestra firme oposición a la derogación de la ley 9133 y al perdón de multas, defendiendo los intereses de los productores y la integridad del sector agroindustrial”, resumieron.

Descargo del gobierno

El proyecto de ley en este momento está en tratamiento en la Legislatura. La semana pasada, informó el Gobierno local, los integrantes de las comisiones de Legislación y Economía de la Legislatura y funcionarios del Ministerio de Producción recibieron a representantes del sector vitivinícola, de la industria de la fruta y productores.

Ahí mencionaron que “esta iniciativa de derogación surge de la poca utilidad que la ley ha tenido desde su implementación, considerando la escasa cantidad de contratos registrados frente a la totalidad de operaciones que se realizan en la agroindustria, y el pedido de productores e industriales de la provincia”.

Desde las Cámaras de Comercio Industria y Agropecuaria de San Rafael y la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear destacaron que “esta ley presenta dificultades desde su concepción, al no respetar los tiempos de producción, estableciendo límites que obstaculizan el trabajo efectivo”. De esa manera, agregaron: “Las restricciones impuestas no permiten la celebración de contratos antes de la recepción de la materia prima en el establecimiento industrial, generando incertidumbre en cuanto a la cantidad y calidad del producto. Asimismo, fijar un precio definitivo antes de la disponibilidad del producto es inviable, ya que el precio depende de la demanda, convirtiendo cualquier estimación previa en mera especulación”.

LA NACION.-

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