La Corte Suprema de Justicia ordenó hoy avanzar en el juicio oral y público contra directivos del gremio de Camioneros, que encabeza Hugo Moyano, por un bloqueo a la empresa Química Oeste, ocurrido en mayo de 2021, para reclamar el encuadramiento laboral de sus empleados.

Los sindicalistas habían sido sobreseídos cuando el caso fue elevado a juicio oral, pero ahora los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti hicieron lugar al pedido del empresario y mandaron a que se haga el juicio oral.

Carlos Dos Reis, en nombre de Química Oeste, denunció que el 10 de mayo de 2021 apareció ante el depósito de la firma un grupo de unas diez personas que se bajaron de tres autos y colocaron una bandera con la inscripción “Sindicato de Camioneros Delegación Monte Grande”.

“De acá no sale nadie, acá no se mueve nadie, hoy no van a trabajar”, gritaban los sindicalistas e impedían la salida a los camiones y el ingreso de los empleados a la empresa. Luego llegaron más activistas y se instalaron en el lugar.

“De acá no sale nadie, acá no se mueve nadie, hoy no van a trabajar”, gritaban los sindicalistas e impedían la salida a los camiones y el ingreso de los empleados a la empresa. Luego llegaron más activistas y se instalaron en el lugar.

Al día siguiente, llegaron al depósito de Química Oeste tres o cuatro camiones con contenedores y también se les impidió el ingreso, así como a “una cantidad importante de clientes que llegaban con sus transportes para retirar la mercadería”.

La situación se repitió el lunes 17 de mayo: “Empezó a aparecer mucha gente identificándose con el Sindicato de Camioneros por sus vestimentas y banderas, que nuevamente impidieron trabajar, motivo por el cual los camiones tuvieron que dormir en otro sitio y los clientes y proveedores no pudieron trabajar ese día”, relató Dos Reis.

La protesta siguió hasta el 18 de mayo al mediodía, cuando la policía bonaerense formó un cordón para permitir la entrada y salida de camiones, y el bloqueo se levantó ese mismo día por la noche.

El empresario hizo la denuncia penal por extorsión, turbación de la propiedad e impedimento del trabajo contra los manifestantes, que, según la empresa, procuraban tener el número suficiente de representantes para poder elegir un delegado propio.

Para la abogada denunciante, María Florencia Arietto, se trató de “un reclamo laboral inventado”. Según se afirmó, el bloqueo sindical le ocasionó a Química Oeste una pérdida de “varios millones de pesos por día” y al sector petrolero, un promedio de 2.000.000 de dólares por la falta de insumos.

En la causa fue imputado Néstor Fabián Arévalo, secretario general de la Delegación Monte Grande de Camioneros, junto a Fernando Emmanuel Arzola, Aldo Guerrero Wertel, Ulises Reinaldo Rodas, Miguel Ángel Acosta, Sergio Javier Pogonza, Roberto Casal, Humberto Castaño y otros empleados de Química Oeste por llevar adelante comportamientos violentos y amenazantes, con un plan previamente delineado, en la puerta de la empresa, sostuvo la fiscalía.

El 18 de octubre de 2022, el Juzgado de Garantías N°2 de Lomas de Zamora rechazó el sobreseimiento solicitado y concedió la elevación a juicio en los términos requeridos por el Ministerio Público Fiscal.

Pero la defensa apeló y la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó el auto de elevación a juicio y sobreseyó totalmente a los imputados por entender que no se había demostrado la existencia de conductas violentas y amenazantes tendientes a turbar la posesión.

El tribunal aseguró que el comportamiento de los imputados no estuvo dirigido a estorbar el pleno ejercicio de la posesión del inmueble.

La querella apeló, pero el planteo fue rechazado por la Sala II del Tribunal de Casación Penal. La Suprema Corte de Justicia bonaerense también desestimó el recurso presentado, al afirmar que el particular damnificado no rebatió eficazmente los fundamentos expuestos por la instancia anterior, sino que solo insistió en su opinión discrepante en cuanto a la valoración de la evidencia incorporada.

Fue así que el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, a través de un recurso extraordinario federal en queja, en donde se insistió en que se había realizado una interpretación arbitraria en relación al ejercicio del derecho a huelga que, a su vez, implicaba la afectación de derechos constitucionales: el derecho a trabajar, a ejercer la industria lícita y a la inviolabilidad de la propiedad privada.

El recurso volvió a describir los incidentes y afirmó que el único objetivo de los imputados fue turbar la posesión a partir del bloqueo en la planta que superó las 24 horas.

En ese contexto, la Corte Suprema resolvió hacer lugar al recurso, con remisión al antecedente “Uzcátegui Matheus”, que hace alusión a una resolución de 2016 cuando el máximo tribunal revocó el sobreseimiento de un grupo de personas involucradas en la causa del caso de Guido Antonini Wilson, relacionada con el contrabando de dinero en 2007.

En aquella decisión se habló de “un injustificado rigor formal” en donde “a través de afirmaciones dogmáticas” los tribunales inferiores habían “omitido el tratamiento de temas oportunamente propuestos y conducentes para la adecuada solución del litigio, todo lo cual redunda en menoscabo de los ya citados derechos de defensa en juicio y debido proceso”.

Con esta decisión, el caso debería volver a avanzar hacia el juicio oral.