La mayor suba, por lejos, se dio en el rubro de los servicios, con un 6,8%. Aun así, el rubro con más incidencia en el número final fue el de alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 3,3%, sobre todo por la suba de un 7,2% en las carnes.

También preocupante fue que la inflación núcleo (la cual excluye precios estacionales y regulados) fue la más alta en 10 meses y se elevó al 3,1%, superando a la general y dejando una fuerte inercia para el IPC de marzo. Si la la inflación de febrero no fue mayor es solo porque la categoría tuvo una deflación del 1,3%.

Precisamente, el Gobierno corre el serio riesgo de que marzo sea otro mes de aceleración inflacionaria. No solo por los habituales aumentos estacionales en educación o indumentaria, sino, sobre todo, porque recibirá el impacto de la suba de los combustibles por la guerra en Medio Oriente, con efecto en el resto de los rubros de la economía.

La inflación de febrero con el IPC cancelado por Milei y Caputo

Además, y en paralelo a las cifras oficiales, el sector privado difundió cuál hubiera sido la inflación de febrero si el Gobierno no hubiera cancelado el IPC impulsado por Marco Lavagna antes de su renuncia al Indec, basado en una canasta más actualizada (de 2017-2018) en lugar de la actual (de 2004-2005).

Así, el consenso de las consultoras es que la inflación de febrero hubiera sido igual o mayor al 3% medida con el IPC cancelado. En concreto, hubiese trepado al 3,0% para el CEPA, también al 3,0% para EcoGo y al 3,1% para LCG, según lo que pudo relevar El Destape entre algunos privados.

Esto mismo admitió Felipe Núñez, director del BICE y habitual vocero de Luis Caputo. «Falso, daba entre 3% y 3,1% (en febrero) y el mes pasado (por enero) daba menos», reconoció en un posteo en X que publicó con el objetivo de desmentir trascendidos de que la suba hubiera sido del 3,4%.

La diferencia entre el IPC vigente y el cancelado, como se ve, es de pocas décimas. Pero, de repetirse mes a mes, implicaría para Milei y Caputo admitir una caída varios puntos más profunda en el salario real.

Básicamente, lo que ocurre es que el IPC cancelado otorgaba una ponderación mayor a las tarifas de hogareñas como la luz y el gas (un 14% de peso en el total final en lugar del 10% que les otorga el IPC vigente).

En febrero, estas tuvieron la muy fuerte suba del 6,8% debido a que fue el primer mes en el que empezó a impactar de lleno la quita de subsidios, lo cual llevó a un aumento del 3,6% en la luz del AMBA y de un 16% en el gas.

No hubo una mayor diferencia entre la inflación medida con el IPC vigente y el cancelado simplemente porque al final la suba de precios de febrero fue mayor a la esperada, ya que a mitad de mes consultoras como EcoGo proyectaban una suba del 2,7%.

Y, al mismo tiempo, porque los alimentos tenían una ponderación menor en el IPC cancelado (del 22% versus el 29% en el IPC vigente), lo que permitió compensar parcialmente el mayor peso de las tarifas.

A inicios de febrero, al cancelar el nuevo IPC impulsado por Lavagna, Caputo había asegurado que eso no se debía a que el Gobierno buscara ocultar un freno en la desaceleración inflacionaria, porque la suba de precios de enero era de hecho mayor con el IPC vigente. Ahora, según calculan consultoras y admiten funcionarios, ese argumento ya puede ser desestimado.