El tribunal basó su decisión en registros audiovisuales del canal TN, donde se observó el violento accionar policial contra adultos mayores que se manifestaban de forma pacífica. El juez Slokar sostuvo que el operativo de seguridad, en lugar de garantizar derechos constitucionales como la libertad de expresión y reunión, se convirtió en un impedimento sin justificación para el uso de la fuerza.
El magistrado también advirtió sobre un “paradigma de combate” en las fuerzas de seguridad y alertó que la violencia estatal contra sectores vulnerables produce un “efecto desaliento” que afecta el debate público y la democracia. Según detalló Noticias Argentinas, además citó estándares de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que obligan a los Estados a investigar la violencia contra manifestantes pacíficos y prevenir la impunidad.
La decisión judicial se enmarca en un contexto de urgencia económica. El principal reclamo de los jubilados se centra en la pérdida del poder adquisitivo: actualmente, la jubilación mínima alcanza los $463.000, cifra que incluye un bono de $70.000 que se mantiene congelado desde 2024 a pesar de la inflación.
La crudeza de esta realidad quedó plasmada en los testimonios recogidos durante la última jornada de protesta. «Al jubilado que cobra la mínima lo ayudan los hijos, pero el que cobra un poco más tiene que colaborar con la economía de la familia», relató una jubilada en diálogo con C5N para graficar un escenario donde la respuesta represiva es recurrente.
Con este nuevo escenario judicial, la Cámara de Casación dejó sin efecto el archivo previo, apartó a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens, y ordenó la producción de nuevas medidas de prueba para determinar las responsabilidades penales de un operativo que, para la Justicia, cruzó los límites de la Constitución.
Jubilados marcharon de nuevo al Congreso con críticas a Adorni
La movilización del pasado miércoles 6 de mayo no solo estuvo atravesada por los recurrentes reclamos por mejoras en los haberes jubilatorios, sino por los cuestionamientos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por la Justicia federal en una causa por enriquecimiento ilícito.
Los manifestantes buscaron trazar las diferencias entre el buen pasar del funcionario libertario y la media de los jubilados y pensionados, que cada semana reclaman por «no llegar a fin de mes». Un grupo de manifestantes le dedicó una irónica «colecta» para que pueda hacer «una reforma, una cascadita» en su casa, en alusión a las refacciones que hizo en su country de Exaltación de la Cruz que le costaron más de 240.000 dólares en efectivo.
«Tenemos que padecer un montón de penurias mientras vemos como los funcionarios se enriquecen con sobresueldos y dinero de dudosa procedencia», agregó otro jubilado durante la convocatoria.
Desde la CTA Autónoma, uno de los grupos que congrega adultos mayores todos los miércoles, también se hicieron eco del escándalo que involucra al jefe de Gabinete y del que cada vez trascienden nuevos detalles.
