Buscan habilitar la venta de medicamentos en góndola, liberar el precio de los libros y las garrafas, e incorporar las criptomonedas como garantía para operaciones financieras; descartan pedir facultades delegadas.

El Gobierno ya tiene listo un nuevo paquete de desregulación económica que evalúa enviar al Congreso y que apunta a modificar reglas históricas en sectores sensibles de la economía.

Contempla cambios en el sistema de venta de medicamentos, la navegación fluvial y el mercado inmobiliario. También prevé ajustes en los arrendamientos rurales, la industria vitivinícola, el mercado del libro, el régimen de garrafas, el sistema financiero, los traductores públicos y las cooperativas.

Se busca, en líneas generales, reducir costos, aumentar la competencia y eliminar barreras de entrada en estas actividades económicas.

Un borrador que circuló en ámbitos legislativos contenía una solicitud al Congreso para obtener seis meses de facultades delegadas, como herramienta para avanzar con nuevas desregulaciones por decreto. Más precisamente en el título 10 del anteproyecto de ley que hasta esta mañana daban por válido legisladores y funcionarios del oficialismo.

Sin embargo, fuentes de la Presidencia negaron de manera tajante a La Nacion que vaya a incluirse el pedido de facultades extraordinarias. No pasó la revisión de Milei, insistieron.

El texto fue elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, y por estas horas permanece “en revisión”. Según pudo saber La Nacion, espera la firma del presidente Javier Milei antes de ser enviado al Congreso.

Son cambios que anticipan debates acalorados. El oficialismo acumula iniciativas ideadas por el equipo de Sturzenegger en el Congreso por falta de avales. El paquete sobre propiedad privada -que habilita, entre otras medidas, la venta de tierras nacionales a extranjeros y agiliza los procesos de desalojo- volvió a postergarse en la última sesión del Senado. Tampoco avanzó el proyecto conocido como “Hojarasca”, destinado a derogar normas que el oficialismo considera obsoletas o restrictivas de la libertad económica; ni la nueva Ley General de Sociedades, que propone un régimen societario más flexible e incorpora figuras automatizadas vinculadas a blockchain e inteligencia artificial.

Qué son las facultades delegadas

Se trata de una herramienta constitucional para que el Presidente ejerza funciones legislativas por un plazo determinado y sobre determinadas áreas de la administración o en emergencia pública. Durante ese período los decretos deben ser supervisados por la Comisión Bicameral del Congreso que controla los decretos de necesidad y urgencia.

En el borrador que circulaba en el Congreso -y que ahora la Casa Rosada pone en duda- se proponía declarar la emergencia administrativa y de competencia por seis meses para quedar habilitado a modificar o derogar normas que, a su criterio, restrinjan la competencia o generen barreras de entrada en distintos mercados. Entre otras cuestiones, podría avanzar sobre regímenes de precios mínimos o máximos, cupos, beneficios sectoriales, monopolios legales y otras regulaciones que el Gobierno considera obsoletas o perjudiciales. A cambio, deberá remitir al Congreso un informe trimestral con las medidas adoptadas.

El objetivo implícito era acelerar la eliminación de regulaciones sin necesidad de impulsar una ley para cada modificación. Un esquema similar al que el Gobierno buscó durante la sanción de la Ley Bases, aunque en esta oportunidad circunscripto a la agenda de desregulación económica.

Uno de los capítulos más sensibles tiene que ver con los medicamentos. El Gobierno insiste con flexibilizar el régimen de comercialización para permitir que los medicamentos de venta libre puedan exhibirse en góndolas. También amplía la posibilidad de comercialización online con entrega a domicilio.

Actualmente -salvo la empresa Farmacity, que ganó un amparo en la Justicia-, las especialidades medicinales solo pueden venderse en farmacias y bajo supervisión farmacéutica.

Parte de esos cambios ya habían sido incorporados en el DNU 70/23, pero quedaron parcialmente suspendidos por medidas cautelares impulsadas por entidades farmacéuticas. Ahora el oficialismo busca darles respaldo legal mediante una ley.

El anteproyecto también deroga el régimen de precio uniforme para los libros. De aprobarse, cada librería podrá fijar libremente el valor de venta de un mismo título y ofrecer promociones o descuentos sin las restricciones previstas por la normativa vigente. En el Ministerio de Desregulación sostienen que la medida favorecerá la competencia entre comercios y reducirá los precios para los consumidores.

En la misma línea, la iniciativa modifica el régimen del gas licuado de petróleo (GLP). El Estado dejaría de intervenir sobre los precios, márgenes de rentabilidad y cupos de producción o comercialización de las garrafas. Su participación quedaría limitada a los controles vinculados con la seguridad técnica.

El proyecto incorpora además una actualización de los regímenes de prendas y warrants, con el objetivo de digitalizar las garantías utilizadas para acceder al crédito.

Entre las principales novedades, habilita expresamente la utilización de activos virtuales -como criptomonedas- como garantía de obligaciones, incorpora contratos inteligentes y firmas digitales y crea un registro federal unificado para consultar todas las garantías constituidas en el país. También digitaliza los certificados de depósito y warrants utilizados por el sector productivo.

En el Gobierno consideran que estas modificaciones facilitarán el acceso al financiamiento y reducirán los costos administrativos de las operaciones.

El paquete también alcanza al sector agropecuario. El anteproyecto deroga la ley de arrendamientos rurales, que establece plazos mínimos y otras condiciones obligatorias para el alquiler de campos. De prosperar la iniciativa, propietarios y productores podrán acordar libremente la duración de los contratos, el precio y la modalidad de pago. Los contratos vigentes mantendrán sus condiciones hasta su vencimiento.

Otro de los capítulos centrales es la navegación y el cabotaje. El Gobierno busca reflotar por ley parte de los cambios incluidos en el DNU 340/2025, rechazado por el Congreso, que habilitaba una mayor apertura del transporte fluvial a embarcaciones extranjeras.

La propuesta permite que buques extranjeros realicen cabotaje interno mediante permisos temporarios y establece un esquema progresivo de incorporación de tripulación argentina según el tiempo de permanencia en el país. En la Casa Rosada sostienen que la medida reducirá los costos logísticos y mejorará la competitividad de las exportaciones.

En paralelo, el proyecto incluye una fuerte desregulación del mercado inmobiliario. La reforma elimina la obligatoriedad del título universitario y de la matrícula profesional para ejercer como corredor o martillero público, con el argumento de que los actuales requisitos constituyen barreras de entrada que restringen la competencia y encarecen las operaciones. Esto permitiría que cualquier persona pueda intermediar en operaciones inmobiliarias.

El anteproyecto también redefine las funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). El organismo dejaría de controlar las distintas etapas del proceso de elaboración para concentrarse exclusivamente en verificar que el producto final sea genuino y apto para el consumo. Además, dispone la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), cuyos recursos y funciones pasarían al INV. La Coviar se encarga, entre otras cosas, de gestionar un plan vitivinícola, promover el enoturismo, mejorar la producción sostenible y posicionar los vinos argentinos en el mundo.

Otra modificación elimina la obligación general de presentar traducciones realizadas por traductores públicos matriculados en los trámites ante la administración nacional. Esa exigencia quedaría reservada para los casos que determine la reglamentación.

Por último, el proyecto incorpora cambios tributarios para las cooperativas. Elimina la exención plena del impuesto a las ganancias y establece que si una cooperativa tiene excedentes por más de $500 millones anuales, deberá pagar Ganancias.