Un conflicto en la cadena comercial granaria sigue sin resolverse y ya lleva casi un mes sin avances. Desde el 11 de noviembre pasado, la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (Urgara) mantiene una medida de fuerza en la rama acopio, tras no llegar a un acuerdo en la discusión salarial con el sector empresario. La medida afecta plantas en todo el país donde los trabajadores se presentan en sus puestos, pero no realizan tareas. En las otras ramas de la actividad —puertos y control y exportación— las operaciones continúan porque están bajo conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación.

En diálogo con La Nacion, Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores, sostuvo que los planteos del gremio no son razonables y cuestionó la modalidad elegida para el reclamo. “No vamos a hablar mientras nos quieran patotear con medidas de fuerza tomadas antes de empezar cualquier instancia de negociación”, afirmó.

Mientras tanto, fuentes cercanas al sindicato consultadas por La Nacion aseguraron que “hubo intentos infructuosos de diálogo para la revisión del bono 2024, que no se pagó, y para avanzar en un esquema de eliminación o reducción de las categorías de tonelaje [determina el salario], y lamentablemente las empresas tampoco quisieron dialogar”. Según esas mismas fuentes, el paro fue “la última herramienta” luego de no obtener respuesta formal en etapas previas.

En este contexto, la reunión —que fue virtual y en la que no hubo diálogo directo entre las partes, sino que se mantuvo a través de dos salas virtuales separadas con la Secretaría de Trabajo— no modificó el escenario. Según trascendió, el encuentro duró algo más de media hora y no dejó avances ni propuestas nuevas. Ante esa situación, el Gobierno decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el 9 de diciembre, fecha en la que volverán a convocar a ambas partes con la expectativa de acercar posiciones.

La postura sindical aparece reflejada en un comunicado distribuido por Urgara, donde afirmó que el conflicto continúa “no por falta de propuestas del sindicato, sino por la total ausencia de voluntad negociadora del sector empresario”.

La organización detalló sus planteos salariales: revisión retroactiva del período enero–septiembre de 2025; recomposición correctiva para octubre, noviembre y diciembre; pago anticipado del REM trimestral; anticipo para el primer tramo paritario 2026; e inicio de la discusión por el bono anual. También remarcaron que “la Federación de Acopiadores se negó a acordar el bono 2024”.

Uno de los puntos más sensibles del reclamo es el esquema de categorías por tonelaje, que determina el salario según el volumen de granos que mueve cada planta. Según Urgara, el sistema dejó de ser controlable porque la información sobre los movimientos anuales pasó a ser confidencial y quedó bajo la órbita de ARCA. Por ese motivo, plantearon su eliminación. “Resulta imposible controlar los giros anuales de las plantas porque se trata de información que hoy maneja ARCA de manera confidencial”, indicaron.

Del otro lado, Rivara rechazó ese planteo y afirmó que su eliminación implicaría un salto salarial muy por encima de lo negociable. Según estimó, la eliminación del esquema implicaría un incremento del 28,8% en los sueldos, y el pedido de aplicar ajustes según indicadores propios del gremio equivaldría a “un aumento adicional del 8% mensual”. Para el dirigente, “como saben que es inviable, directamente arrancan con la medida de fuerza”.

La organización detalló sus planteos salariales: revisión retroactiva del período enero–septiembre de 2025; recomposición correctiva para octubre, noviembre y diciembre; pago anticipado del REM trimestral; anticipo para el primer tramo paritario 2026; e inicio de la discusión por el bono anual. También remarcaron que “la Federación de Acopiadores se negó a acordar el bono 2024”.

Uno de los puntos más sensibles del reclamo es el esquema de categorías por tonelaje, que determina el salario según el volumen de granos que mueve cada planta. Según Urgara, el sistema dejó de ser controlable porque la información sobre los movimientos anuales pasó a ser confidencial y quedó bajo la órbita de ARCA. Por ese motivo, plantearon su eliminación. “Resulta imposible controlar los giros anuales de las plantas porque se trata de información que hoy maneja ARCA de manera confidencial”, indicaron.

Del otro lado, Rivara rechazó ese planteo y afirmó que su eliminación implicaría un salto salarial muy por encima de lo negociable. Según estimó, la eliminación del esquema implicaría un incremento del 28,8% en los sueldos, y el pedido de aplicar ajustes según indicadores propios del gremio equivaldría a “un aumento adicional del 8% mensual”. Para el dirigente, “como saben que es inviable, directamente arrancan con la medida de fuerza”.

Pilar Vsaquez.-

LA NACION.-