La información se divulgó desde el sitio web “¿Cuánto deben?”, desarrollado por el programador Andrés Snitcofsky. Se trata de un visualizador que permite seguir la evolución mensual de las deudas reportadas por figuras públicas, con datos provenientes de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una base pública que registra el nivel de endeudamiento de todos los argentinos en el sistema financiero.

A partir de ese relevamiento comenzaron a circular nombres de funcionarios y dirigentes oficialistas con créditos hipotecarios de magnitud. Entre ellos figuran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, con una deuda inicial de $373.000.000 (unos US$315.000) desde febrero de 2025, que se va actualizando; también Federico Furiase, exdirector del BCRA y actual secretario de Finanzas, con un pasivo de $367.059.000 (US$280.787) desde agosto de 2025; además, Pedro Inchauspe, también director del Central, con $510.654.000 (US$345.492) desde diciembre de ese año.

En el Ministerio de Economía no respondieron ninguna de las tres consultas que hizo este medio. En el BCRA tampoco quisieron dar una explicación. El otorgamiento de estos créditos se repartió durante las últimas dos presidencias del BNA: Daniel Tillard, entre diciembre de 2023 y diciembre 2025, cuando fue reemplazado por Darío Wasserman.

También aparecen Juan Pablo Carreira (“Juan Doe” en la red social X), director nacional de Comunicación Digital y hombre a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial, que tiene un crédito por $112.948.000 (US$76.417); Emiliano José Mongilardi, director de YPF, tomó $309.507.000 (US$207.766); y los diputados de LLA Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde mantienen deudas que oscilan entre los $230 millones y los $279 millones, según los distintos períodos relevados.

En la oposición en el Congreso pidieron investigar esos créditos. El primero fue el diputado socialista Esteban Paulón, que elevó un pedido de informes al Poder Ejecutivo y reclamó precisiones al Ministerio de Economía, la Jefatura de Gabinete de Ministros y el directorio del BNA. Además, hizo un pedido de acceso a la información ante la entidad que dirige Santiago Bausili.

“Si bien es cierto que hay una práctica habitual de los bancos de otorgar créditos con tasas preferenciales a quienes cobran sus salarios o tienen servicios en esos bancos, como tarjetas de crédito o algún otro servicio bancario, también llama muchísimo la atención el otorgamiento de créditos de varios cientos de millones de pesos a funcionarios del Gobierno, legisladores vinculados a La Libertad Avanza y, en el caso de algunos, con créditos otorgados luego de haberse afiliado al partido o después de algunas votaciones trascendentales para el Gobierno”, dijo Paulón a La Nacion.

“Llama muchísimo la atención el otorgamiento de créditos hipotecarios a muchísimas personas, funcionarios de la Jefatura de Gabinete, como Juan Pablo Carreira, el director de Medios Digitales; funcionarios del Ministerio de Economía, como Felipe Núñez; diputados como Mariano Cantero; Alejandro Bongiovanni o Santiago Santurio”, enumeró Paulón a este medio.

“A partir de la información que obtengamos, pensaremos qué medidas se pueden tomar hacia adelante. Es fundamental que haya total transparencia en el manejo de los créditos por parte de la banca pública, que es una banca de toda la sociedad, sobre todo después de algunos incidentes que tuvimos en otros gobiernos, como por ejemplo lo que ocurrió en su momento con los créditos hacia Vicentin, que hoy son materia de una causa judicial”, cerró.

La respuesta del Banco Nación

En medio de la controversia en redes tras la difusión de esos datos, el BNA publicó un mensaje institucional en el que destacó su rol en el mercado hipotecario. “Nueve de cada diez créditos hipotecarios en la Argentina los otorga el Banco Nación”, señaló la entidad, que informó haber concedido más de 27.000 préstamos desde el lanzamiento de su línea. El banco remarcó que el proceso es “homogéneo, sin excepciones” y con circuitos digitalizados que permiten completar la operatoria en plazos acotados.

Además, explicó que su fuerte participación se vincula con la administración de cuentas sueldo del sector público nacional, donde —según indicó— más del 95% de los empleados opta por mantener su relación con la entidad, lo que facilita el acceso a sus líneas de financiamiento.

Un dato no menor es que el BNA cuenta con líneas específicas para empleados del sector público, como “+Hogares sector público”, que permite financiar hasta el 90% del valor del inmueble, frente al 75% que cubre la línea general. En la entidad plantearon que muchos funcionarios y empleados pidieron créditos bajo esas condiciones, pero siempre respetando el scoring.

En el mercado financiero, fuentes con conocimiento del negocio hipotecario —que pidieron no ser citadas— señalaron que varias entidades cuentan con líneas específicas para empleados del sector público, en especial bancos de origen estatal, como el Banco Ciudad, el Banco de Entre Ríos, el Banco de Santa Fe o el Banco de Rosario. Sin embargo, marcaron una distinción: plantearon que podría discutirse si un funcionario público es equiparable a un empleado público a los efectos del análisis crediticio, dado que los primeros ocupan cargos políticos con menor estabilidad laboral.