Un estudio privado reveló que el esfuerzo de exportación del sector agropecuario se licuó, en buena parte, por las regulaciones que existían.

Las exportaciones agropecuarias acumularon un total de US$1,3 billones, actualizados por inflación de Estados Unidos, entre 2003 y 2024, pero uno de cada cuatro dólares que ingresaron por el campo se fueron al exterior o quedaron “bajo el colchón”. La cifra se desprende de la estimación de que hay US$330.000 millones ahorrados afuera del país o adentro, aunque no en los bancos.

Los datos son de la consultora Idesa, que dirige el economista Jorge Colina. “De los dólares generados por el campo, principal fuente de dólares en la Argentina, luego del pago de importaciones, turismo en el extranjero e intereses de deuda, el remanente no se invirtió en el país sino que se acumuló fuera del sistema -señala el reporte-. El fenómeno tiene impactos muy negativos sobre la economía. Las causas por la que los argentinos no invierten en proyectos productivos son varias, pero no cabrían dudas de que la actitud persecutoria del Estado la profundizó”.

El campo fue, en el 2024, el principal exportador del país; aportó seis de cada 10 dólares que ingresaron. Las principales ventas externas agrícolas de la Argentina incluyeron harina de soja, aceite de soja, maíz, trigo y carne bovina. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyectó que el sector -en base a los precios y toneladas estimadas actuales- sumaría US$30.800 millones en el mercado de cambios.

La semana pasada, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos para alentar a los contribuyentes a utilizar los dólares bajo “el colchón”. En ese contexto se eliminaron una seria de regímenes de información que se aplicaban para determinadas compras y se limitaron los que están a cargo de los bancos eximiéndolos de aplicarlos cuando se trata de montos de menor envergadura.

También se estableció que, a partir del próximo ejercicio, la ARCA será la responsable de determinar el impuesto a los ingresos de las personas y, de no mediar cuestionamiento del contribuyente, no se solicitará más información sobre variación de patrimonio ni de consumos.

A las horas del anuncio del Gobierno, productores agropecuarios usaron las redes sociales para marcar las diferencias que hace el oficialismo entre ellos y otros contribuyentes. “Mis productos agropecuarios, mis dólares, mi decisión. Fin“, posteó Vanesa Padullés, productora y presidenta de Coninagro Córdoba. El planteo -seguido por otros- se vincula con las advertencias de los funcionarios para que el campo liquide.

Idesa evaluó que las medidas oficiales van “en el sentido correcto”, pero advierte que deberían complementarse con “controles inteligentes”. Por ejemplo, aprovechar la “enorme masa de información” con que cuenta el Estado para detectar y combatir los delitos.

“Para esto es imprescindible reconvertir las agencias del Estado. La más trascendental es la ARCA. Se trata de un organismo con un enorme presupuesto (recibe de la recaudación más recursos que 18 provincias por la coparticipación) y gasta el 83% en sueldos y otro 8% en erogaciones asociadas a sus empleados (limpieza, seguridad, etc)”.

Añade que el remanente para inversión en tecnología es “marginal”. Para Idesa la reconversión también debe alcanzar a la Unidad de Información Financiera (UIF), que es la que debe detectar el lavado de activos y el fondeo del terrorismo según reglas internacionales.