Nueve operarios de La Suipachense fueron desvinculados en medio de la parálisis en esa firma de un grupo venezolano.

La crisis de la histórica planta láctea La Suipachense, en el partido bonaerense de Suipacha, sumó un nuevo capítulo de tensión. Tras los despidos de nueve empleados administrativos el jueves pasado y la falta, según los empleados, de conducción por parte del grupo venezolano Maralac, dueño de la empresa, los 140 trabajadores de la compañía realizaron ayer por la tarde una multitudinaria marcha por las calles de la localidad.

La movilización reunió no solo a los empleados, sino también a sus familias, vecinos, funcionarios del municipio y representantes de todo el arco político local, en señal de respaldo a quienes hoy mantienen la planta bloqueada en reclamo de respuestas.

La situación se agravó a fin de la semana pasada, cuando la empresa envió nueve telegramas de despido. Según relató una alta fuente vinculada con la situación en la planta, el contenido de esas notificaciones fue particularmente duro: “El detalle del telegrama fue en términos muy duros, como acusando a los trabajadores casi de ladrones, buscando una justa causa de despido”.

A partir de esa decisión, el gremio lácteo Atilra profundizó las medidas y tomó el control directo del ingreso y egreso de la fábrica. “Si antes entraban unos 40.000 litros, directamente hoy no entra un solo litro de materia prima”, señaló la misma fuente.

En el lugar, la postal es clara: el portón de la planta permanece cerrado, los camiones de leche no ingresan y la producción quedó interrumpida. La decisión gremial busca forzar una reacción de los propietarios que, indicaron, desde hace semanas no dan señales.

El conflicto tuvo un punto de quiebre a fines de julio, cuando los trabajadores ocuparon la administración de la planta luego de advertir sobre una ausencia de directivos. En aquel momento explicaron que lo hicieron para poder pagar salarios y garantizar insumos básicos. En tanto, los dueños denunciaron una “toma forzada”.

Conflicto

Desde ese entonces, se mantuvieron reuniones con autoridades municipales y referentes gremiales, en busca de una salida. Sin embargo, la llegada de los telegramas de despido terminó de dinamitar los puentes de diálogo.

“La verdad es que esto termina acelerando la situación que se venía planteando. Los dueños aparentemente habían nombrado a un nuevo gerente, pero todavía no ha llegado a la planta. No hay nadie que se haga cargo de la situación, sobre todo porque ya es fin de mes y se deben sueldos de julio y agosto”, describió la fuente consultada.

En este marco, el gremio insiste en la necesidad de una intervención inmediata del área de Trabajo del Gobierno. Según advirtieron, el paso siguiente debería ser una conciliación obligatoria, que abra un canal de negociación y permita descomprimir la tensión en la planta.

La incertidumbre sobre la representación del grupo empresario agrava la crisis. “El tema es que no se sabe quién está de la representación del grupo venezolano. Los empleados los han llamado varias veces, pero ellos no contestan más, es una cosa muy rara”, explicó la misma fuente.

El miedo también se instaló entre los trabajadores, que evitan hablar públicamente. “Tanto el gremio como los empleados están muy atemorizados por si el grupo toma represalias”, señalaron.

La comunidad de Suipacha, de unos 12.000 habitantes, sigue de cerca la evolución del conflicto. La planta, con 75 años de historia, representa un motor económico y social para la ciudad. “Faltaría una cabeza para sentarse a resolver la situación y convocar concretamente a los venezolanos a negociar una salida, porque así el panorama no dura mucho más”, resumió la fuente.

El trasfondo económico es delicado. En su mejor momento, La Suipachense procesaba 250.000 litros de leche diarios. Hoy la cifra cayó a cero. Hasta la semana pasada trabajaba con apenas 40.000 litros, lo que reflejaba ya un recorte drástico de su capacidad.

A los atrasos salariales, que en algunos casos llegan a dos meses, dijeron, se suman deudas millonarias con proveedores y prestadores de servicios. Incluso, como contaron a este medio, una estación de servicio de la ciudad cortó la cuenta corriente de la planta ante la falta de pago por el combustible que usan los fleteros.

Los productores tamberos también se fueron alejando. De los 180 que abastecían la planta, apenas 40 seguían entregando leche hasta hace unos días. Hoy el número se redujo a cero. “Cuando los productores se enteran que una fábrica está en problemas, dejan de entregar leche. Es distinto a otros insumos: acá la producción es diaria y perecedera. Si te cortan, se terminó tu fuente de materia prima”, explicaba días atrás una fuente sectorial.

En este contexto, el fantasma de la paralización definitiva podría ser inminente y los trabajadores reparan que la semana próxima, con el vencimiento de salarios de agosto y sin ingresos de materia prima, el conflicto podría escalar aún más.

En el gremio remarcaron que su intervención buscó asegurar el pago de sueldos y sostener un mínimo de operación. La planta, que en los últimos años pasó por manos chilenas y luego venezolanas, arrastra un déficit estructural. Según cálculos extraoficiales, necesita alrededor de $3000 millones mensuales para operar, pero venía con una recaudación de apenas $500 millones.