Además, se convocará al vocero presidencial Manuel Adorni; a Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores y cercano a Terrones Godoy; al titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, y a María Florencia Zicavo, a cargo de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) creada en el ámbito de la OA para investigar si hubo o no estafa.

Asimismo, los 14 diputados opositores que integran la comisión resolvieron enviarle un cuestionario al presidente Milei para que responda en el transcurso de los próximos días hábiles.

Las citaciones a los funcionarios y empresarios vinculados al caso todavía no tienen fecha; los legisladores acordaron armar el cronograma en función del avance de la investigación y las pruebas informativas que se recaben. Por de pronto, a pedido del diputado Oscar Agost Carreño, se despacharán una serie de oficios destinados a 16 billeteras virtuales para identificar qué personas participaron y por qué montos en el pool de liquidez que permitió el lanzamiento de la criptomoneda y, posteriormente, del retiro de esos fondos (rug pull), como así también de las 109 transferencias en las cuales están involucrados Davies, Terrones Godoy y Novelli.

Previo a solicitar las citaciones y las medidas de prueba, los opositores aprobaron el reglamento de la comisión que, entre otros puntos, establece que en el caso de que un funcionario público, debidamente citado, no comparece a prestar declaración testimonial ante la Comisión, esta podrá solicitar al juez competente el auxilio de la fuerza pública para garantizar su comparecencia personal.

“Este reglamento es una herramienta importante porque garantiza el funcionamiento de la comisión y que los testigos y funcionarios citados ya no puedan negarse a prestar testimonio”, argumentó la diputada Sabrina Selva (Unión por la Patria).

El oficialismo rechazó el reglamento por considerar que los legisladores se arrogan atribuciones propias del Poder Judicial.

“Además de pretender ensuciar al Gobierno con una comisión que no tiene razón de ser, avanzan un paso más y violan la división de poderes y las competencias propias del Poder Judicial”, advirtió el diputado libertario Álvaro Martínez.

Le respondió la diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica. “Este reglamento se inscribe dentro de los cánones de los reglamentos de las comisiones investigadoras de esta cámara. Nosotros vamos a garantizar la división de poderes y el derecho de defensa de todos y si alguno se siente vulnerado en ese derecho puede ejercer su defensa, así está garantizado por este reglamento”, sostuvo.