La firma acumuló cheques rechazados por más de $1.805 millones y dejó sin renovar los contratos de más de 100 trabajadores temporarios.

En el contexto de la crisis económica que vive el país por las políticas del gobierno de Javier Milei, una importante fábrica de alimentos cerró sus puertas y dejó a más de 135 trabajadores en la calle.

Se trata de Alisan SRL, la tradicional conservera de San Rafael, Mendoza, que comercializaba productos bajo la marca Mora. La firma bajó definitivamente sus persianas después de más de medio siglo de actividad.

La decisión dejó sin trabajo a más de 35 empleados permanentes y frustró la posibilidad de nuevas contrataciones para más de 100 trabajadores temporarios que participaban de las campañas agrícolas de la región.

El desenlace estuvo precedido por meses de deterioro productivo, conflictos internos y dificultades financieras. Según testimonios recogidos en el sector, la crisis se profundizó a fines del año pasado por una disputa entre los principales socios de la empresa, Pedro Pascual Sánchez y Mario Óscar Cianci. El desacuerdo habría girado en torno a la posibilidad de ingresar en un concurso preventivo de acreedores.

La pelea entre los propietarios habría derivado en el abandono progresivo de las instalaciones y en la paralización de la producción. También se denunciaron presuntas maniobras de vaciamiento, entre ellas la venta de maquinaria considerada esencial para las tareas de elaboración y empaque. La actividad fabril quedó interrumpida desde mediados de año, sin que se lograra una salida para sostener el funcionamiento de la planta.

Una deuda millonaria y salarios impagos

Los registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA) reflejan la magnitud de los problemas financieros de Alisan. La empresa acumuló cheques rechazados por un total de $1.805.783.652,25 en tres entidades bancarias. A ese monto se sumó una deuda bancaria directa superior a los $3 millones, con atrasos de más de 90 días.

La crisis también tuvo consecuencias sobre los ingresos y los derechos laborales. Durante los últimos meses de actividad, los salarios se abonaron de manera irregular, mediante pagos parciales y cuotas semanales, hasta que las remuneraciones dejaron de pagarse por completo. Los trabajadores también perdieron la cobertura de sus obras sociales debido a la falta de contribuciones patronales.

Ante la falta de respuestas de los dueños, el personal realizó protestas y movilizaciones frente a la fábrica durante agosto. Sin embargo, los reclamos no consiguieron reactivar el diálogo con los propietarios, a quienes se les atribuye haber cortado los canales de comunicación con los empleados.

Con el cierre definitivo, los trabajadores iniciaron acciones judiciales y administrativas para reclamar las indemnizaciones correspondientes. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) de San Rafael acompaña el proceso La organización sindical brinda asistencia técnica para impulsar medidas cautelares y embargos sobre los bienes que todavía permanezcan en poder de la firma. El objetivo es preservar los activos disponibles y evitar que desaparezcan recursos que podrían destinarse al pago de las indemnizaciones adeudadas.