Tras nueve meses de caída de la recaudación (el primer trimestre del año cerró con una baja del 7,5 por ciento) el gobierno elige apretar aún más las garras del ajuste, que ejecutó con brutalidad durante los primeros dos años, a nuevos niveles nunca antes vistos. El ministerio de Economía pisa los fondos presupuestados, de por sí exiguos, en muchas partidas de las que depende buena parte del funcionamiento de la sociedad, lo que causa un efecto cascada que reverbera en cada rincón del país, en cada aspecto de la vida. Son programas que se interrumpen, servicios que no se brindan, urgencias que no se atienden, ayuda que no llega, trabajos que no se hacen, sueldos que no se pagan, prestadores que cierran, laburantes en la calle.
Y todo se deteriora inexorablemente: a partir del primero de abril, un centenar de líneas del AMBA redujeron sus frecuencias hasta un 30 por ciento. El jueves, por falta de pago de sueldos, la UTA decretó un paro que paralizó docenas de líneas. Escenas de caos en las horas pico. El gasoil subió más de un 25 por ciento durante el mes pasado y las empresas reclaman un aumento en los subsidios y la regularización de pagos que hoy tienen demoras de meses. Muchos colectivos ya no ofrecen servicio por la noche. Otras empresas, sin regulación estatal, eliminan ramales y recorridos que no resultan redituables. El problema se repite en casi todo el país, desde Misiones hasta Chubut, y va a extenderse.
Jairo Straccia contó en su programa en Cenital que funcionarios de la secretaría de Transporte le dijeron a empresarios que hay “problemas de caja” y que “esto no va a mejorar”, por lo que pidieron un “plan de reestructuración del sistema del transporte del AMBA” que “sea sostenible por la tarifa y por la cantidad de líneas y de bondis”. Eso, si se concreta, significa el cierre de todas las líneas, recorridos y horarios que no den ganancia, lo que no sólo repercute en la calidad del servicio sino que implicaría una pérdida sustancial de puestos de trabajo. No pasa solamente con el transporte. El mismo escenario se repite en otras áreas de importancia cardinal. Es el único plan que tiene el gobierno: seguir ajustando.
En PAMI, la deuda con los prestadores supera los 500 mil millones de pesos. Las prestaciones efectivas bajaron casi un 30 por ciento. La cápita en algunos casos no cubre ni los descartables: a un dentista le pagan por paciente menos de 400 pesos, por lo que suspendieron sus servicios en La Pampa, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, Mendoza y Tucumán. Los médicos de cabecera dejaron de atender en varias localidades del país, entre ellas distritos como Olavarría, Bolívar y Azul. En localidades del interior del país donde cerraron sanatorios, ahora hay que desplazarse más de cien kilómetros para una consulta. Este mes interrumpieron la entrega de anteojos: el sistema rechaza todas las solicitudes.
El Plan Remediar dejó de funcionar formalmente el primero de abril. Cubría 79 medicamentos. Será reemplazado por otro programa que solamente alcanzará a tres remedios cardiovasculares. La entrega ya cayó más del 55 por ciento. En algunas provincias, como Tierra del Fuego, más del 70 por ciento. La CGT denunció una “crisis grave, que para muchas organizaciones es casi terminal, por la imposibilidad fáctica de brindar servicios básicos”. Una vez más: cada servicio que deja de darse no solamente afecta la salud de los afiliados y compromete mayores gastos para el sistema en el futuro sino que significa la pérdida de puestos de trabajo, desde profesionales hasta recepcionistas, cadetes y limpieza.
Las universidades públicas siguen con medidas de fuerza y planifican una nueva marcha federal. El salario de los docentes cayó más de un tercio con este gobierno. Milei sigue poniéndose fuera de la Constitución al ignorar la ley de Financiamiento Universitario, votada por el Congreso, confirmada tras un veto presidencial con mayorías especiales y ahora ratificada por un fallo de cámara del fuero Contencioso Administrativo Federal. Los fondos siguen sin ser transferidos. Desde el comienzo de clases hubo conflictos docentes en Catamarca, Santa Fe, Córdoba, San Juan, Misiones, Entre Ríos, Tierra del Fuego, entre otras provincias. En los últimos meses además se aceleró el cierre de colegios privados en todo el país.
La crisis cala en los huesos y nada queda a salvo. La caída de la industria en febrero fue del 8,7 por ciento interanual y 4 por ciento comparado con el mes anterior. Es la octava caída interanual consecutiva y el acumulado del primer bimestre da 12 por ciento abajo respecto al año anterior, con 14 de 16 actividades industriales en contracción. Maquinaria agrícola, 37,7 por ciento abajo; electrodomésticos, 38 por ciento abajo; textil, 33,2 por ciento abajo; automotriz 24,6 abajo que un año antes. El uso de capacidad instalada actual (53,6 por ciento) está muy por debajo de los niveles de mediados de 2020, cuando todavía se cursaba la pandemia. También es sustancialmente más baja que en noviembre de 2023.
La inflación en CABA marcó 3 por ciento para marzo. Se espera que la nacional suba algunas décimas por encima de esto. Diez meses consecutivos de aceleración de precios con un índice tocado para que subestime los rubros que más aumentan. Los alquileres duplicaron al IPC durante el gobierno de Milei; los servicios públicos lo triplicaron o cuadruplicaron. La carne el mes pasado aumentó un 10 por ciento, pero los cortes populares (picada común, carnaza, falda) subieron un 20 por ciento. Para ser porteño y de clase media hacen falta 2.342.860 pesos en un hogar tipo. Un monoambiente sale 700 mil pesos por mes. Los sueldos de los más jóvenes (que son los que suelen habitar monoambientes) muchas veces no alcanzan esa cifra.
La mora en billeteras digitales alcanzó el 29,9 por ciento, récord, tras 16 meses de suba consecutiva. En banca tradicional, la mora de familias es de 11,2 por ciento, la más alta desde 2004, y se cuadruplicó en el último año y medio. La cadena de pagos ya está astillada. Algunas empresas importantes no llegan a pagar salarios en término: esta semana Fly Bondi se excusó en “problemas administrativos” para no depositar en términos los sueldos de marzo. Si decían que se demoraron porque estaban viniendo en un vuelo que cancelaron era más creíble. De acuerdo al último informe de ENAC hay 2400 puestos industriales en riesgo en plantas que están evaluando despidos o cierres. El panorama se completa con nuevas tandas de despidos en el sector público nacional.
Cuando la crisis y la necesidad lo contaminan todo, y ya no hay un lugar ni un momento en la vida para escaparnos de eso, los plazos se acortan. La presión sale por algún lado y si no explota. Es lógico que la relación con la sociedad se deteriore, tal como registran la enorme mayoría de los monitores de opinión pública. Los casos de corrupción, que ya dominan el ciclo informativo desde hace demasiadas semanas, queman puentes. Las internas, en su peor momento, alimentan filtraciones que, día sí, día también, plantean preguntas que no se pueden responder. La justicia no responde los llamados. Los medios lastiman. El círculo rojo vuelve a abrir el casting de reemplazantes. Está sucediendo.
