Mientras los empresarios de aserraderos todavía buscan respuestas ante facturas que llegaron con aumentos de hasta el 100%, la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) reglamentó una nueva actualización tarifaria que impactará en todos los usuarios correntinos.

En medio de la crisis económica de Juan Pablo Valdés, la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) reglamentó un nuevo incremento en su cuadro tarifario, que alcanza a todos los usuarios de la provincia y estará vigente durante el trimestre comprendido por agosto, septiembre y octubre.

La actualización impactará tanto en los usuarios residenciales como en los sectores comerciales, productivos e industriales. Según la fundamentación incluida en la normativa, la modificación responde a los incrementos registrados en los precios de la energía comercializada en el mercado eléctrico mayorista, donde la DPEC adquiere parte de la electricidad que distribuye en el territorio correntino.

El nuevo aumento se conoce en medio de los reclamos de empresarios del sector maderero por el fuerte incremento registrado en sus últimas facturas. A fines de agosto, propietarios de aserraderos de Santo Tomé solicitaron una reunión con autoridades provinciales y de la DPEC, luego de recibir boletas correspondientes a julio con subas que, según denunciaron, llegaron al 100%.

Durante la visita del gobernador Juan Pablo Valdés a esa localidad, ubicada sobre la costa del río Uruguay, los empresarios plantearon la situación. Si bien fueron recibidos posteriormente por funcionarios y técnicos de la empresa energética, no obtuvieron hasta el momento propuestas concretas de refinanciación o programas especiales para afrontar las facturas.

Un reclamo similar fue planteado esta semana por empresarios de aserraderos de Gobernador Virasoro y localidades de su zona de influencia. La respuesta de la DPEC habría sido que, por el momento, no existen cuadros tarifarios especiales para grandes usuarios.

En paralelo, continúa pendiente la implementación del régimen de “zona fría” para Corrientes. El beneficio, anunciado como una tarifa energética diferencial durante los meses de mayor consumo, había sido comprometido por el Gobierno nacional. El gobernador reconoció que el acuerdo existe, pero que todavía no comenzó a aplicarse.

El endeudamiento de los hogares se transformó en una variable crítica para la economía cotidiana de los correntinos. Según datos de la plataforma Mapa de la Deuda, desarrollada por el Centro de Estudios para la Ciudad y la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung sobre registros de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA), en la provincia que gobierna Juan Pablo Valdés existen 437.777 deudores únicos. De ese total, 132.850 personas (el 30,35%) presentan atrasos en sus pagos.

En la provincia perteneciente al NEA, el mapa del endeudamiento muestra dos realidades bien diferenciadas. Las ciudades que concentran la mayor cantidad de personas endeudadas coinciden con los principales centros urbanos de la provincia. Capital encabeza la nómina con 176.853 deudores, seguida por Goya con 46.796 y Mercedes con 21.781 deudores.

Por otro lado, cuando se analiza en qué localidades la deuda resulta más difícil de pagar, las tasas de mora relativa más altas de la provincia se desplazan hacia la costa del río Uruguay con Santo Tomé que registra la tasa de mora más elevada con un 24,95% sobre el dinero prestado, seguida muy de cerca por General Alvear con un 24,43% e Ituzaingó con un 21,93%. En la vereda opuesta, el departamento de Lavalle destaca por presentar el nivel de morosidad más bajo de la provincia, situándose en un 15,16%.

El estudio pone de relieve que el mayor porcentaje de atraso no proviene prioritariamente del sistema bancario tradicional, sino de los proveedores no financieros de crédito y de las tarjetas emisoras no bancarias. En el rubro de proveedores no financieros, la Capital registra un 51,52% de mora, mientras que Santo Tomé e Itatí alcanzan un 47,61%. En tarjetas no bancarias, San Miguel presenta un pico de mora del 59,61%, General Alvear un 57,61% y San Luis del Palmar un 47,2%. El monto total prestado en la provincia asciende a $1,48 billones, de los cuales $286.000 millones corresponden a cartera irregular. Esto implica que el 19,38% del dinero volcado al crédito se encuentra en situación de mora.