La oposición está a las puertas de discutir en la Cámara de Diputados la derogación del DNU 70/23, un decreto con el que Milei anuló y modificó decenas de leyes. El Senado ya lo rechazó hace dos años. Cuáles son las normas que volverían a tener vigencia.

Un grueso número de diputados pidió este jueves una sesión especial para tratar el 15 de octubre diversas cuestiones, entre las que se encuentra la derogación del DNU 70/23, con el objetivo de dejar vigente la Ley de Tierras que anuló recientemente la Corte Suprema. Sin embargo, si el decretazo de Javier Milei se cae, también habrá otras leyes que volverán a entrar en vigor como la Ley de Alquileres, la de Góndolas y se volvería atrás con la privatización de empresas públicas y la liberación de tarifas de obras sociales. .

Además de la marcha atrás en la anulación de la Ley de Tierras Rurales, que desde 2011 estableció límites a la venta de terrenos a extranjeros y que el oficialismo no pudo modificar en el Congreso, la posible suspensión del decreto de Milei afectará una larga lista de modificaciones y derogaciones.

El pedido para revisar en el recinto el DNU fue realizado con un amplio consenso de la oposición, con 32 legisladores de distintos bloques como Unión por la Patria (UxP), la Izquierda, Encuentro Federal, (EF) la Coalición Cívica (CC), Provincias Unidas, entre otros.

Según la normativa sobre decretos, para que deje de tener vigencia, un DNU debe ser rechazado por las dos cámaras. En marzo del 2024, el Senado ya había rechazado el DNU, por lo que si la Cámara Baja también hace lo propio, el decreto quedará nulo.

¿Qué leyes volverían?

• Ley de Alquileres: con esta norma volvería el plazo mínimo obligatorio de 3 años para contratos de alquiler residencial con una actualización anual por IPC y se prohibiría la publicación de precios en moneda extanjera, entre otras cuestiones.
• Ley de Góndolas: se reintroduciría la normativa que garantizaba un espacio para las pequeñas y medianas empresas en las góndolas físicas y digitales.
• Ley de Abastecimiento: el Estado recuperaría las facultades de fijar precios máximos y de intervenir en la producción
• Compre Argentino: el decreto dejó sin efecto gran parte de la Ley 27.437, que priorizaba a los proveedores nacionales en las compras públicas.
• Empresas públicas: se caería el texto que habilitaba legalmente a una serie de empresas estatales a convertirse en «sujetas a privatización».
• Registro Automotor: se volvería a habilitar la traba para transferir vehículos con deudas impositivas o de multas locales.
• Comercio exterior: recuperación de las facultades del Poder Ejecutivo para fijar prohibiciones o restricciones económicas al comercio exterior.
• Obras sociales: se anulará la liberación de las tarifas y habrá límites a los precios de las cuotas, entre otros cambios.
• Yerbamate: el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) recuperará su capacidad para fijar precios de referencia de la hoja verde.