Se trata de un costo solo superado por el 5,5% efectivo mensual que había aceptado pagar cuando comenzó a emitir este tipo de papeles con interés capitalizable en marzo de 2024, cuando el país aún tenía una inflación de dos dígitos (viajaba al 12% mensual).

Esto deja en evidencia la desesperación con que el Gobierno busca secar la plaza de pesos de cara a las elecciones, aunque el equipo económico y el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su exposición ante el Congreso, calificaron a estas tasas de “endógenas”, es decir, definidas por el mercado.

Vale decir que, si hay algo que los ortodoxos monetarios no desconocen, es que un bien tiende a encarecerse si escasea.“Y si son el Banco Central (BCRA) y el Tesoro quienes secan la plaza de pesos, lo que sube es el costo del dinero, como está a la vista. De ahí a decir que esa tasa es definida por el mercado cuando lo condicionaste al extremo es, cuando menos, grotesco”, explicó a LA NACION un operador de mercado, antes de aclarar que cree que con esto “al menos lograrán calmar al dólar”.

Vale tener presente que el Gobierno, que le pedía a gritos a los bancos “trabajar de bancos” —en alusión a dar crédito al sector privado—, ahora pasó a alentar el “crowding out”. Es el concepto que indica que el sector público desplazó al privado de la demanda de crédito, quedándose con buena parte de esa oferta de recursos, aunque en este caso no sea para financiar el déficit fiscal, sino para quitarle demanda al dólar.

Hay que recordar que, en la previa de esta licitación, el BCRA volvió a elevar en 3,5 puntos los encajes y amplió en 2% la proporción que los bancos pueden cumplir con bonos que les generen al menos una renta.

“Eso dejó a las entidades frente a una disyuntiva: aceptar rendimientos nulos sobre una proporción mayor de los pesos que captan de terceros y deben mantener inmovilizados, o volcarlos hacia los bonos que ofrece el Tesoro. Fue lo que sucedió, y calculamos que aseguraría una demanda base de alrededor de $5 billones por los papeles con vencimiento a más de 60 días, que es lo que dispone la normativa”, explicó Ignacio Morales, Chief Investment Officer de Wise Capital.

De hecho, las Letras de Capitalización (Lecap) y los Bonos TAMAR encuadrados en esa disposición explicaron hoy el 79,2% de la demanda convalidada por el Tesoro, aunque dos tercios se posicionaron en los plazos más cortos posibles para poder acceder al beneficio (mediados de enero) y evitaron extenderse hasta fin de febrero. El papel más suscripto resultó ser la Letra TAMAR a 140 días, colocada con un margen de 1,64% sobre la tasa correspondiente a los plazos fijos mayoristas, que hoy se ubica en el 60,25% anual, lo que confirma que el grueso de la demanda fue de los bancos.

A su vez, la Lecap a 32 días, con vencimiento a fin de septiembre, esta vez solo captó $1,6 billones, mientras que las dos letras a 182 días, colocadas al 59,18% y TAMAR +1,5%, explicaron los $1,8 billones restantes.

Por último, el llamado a comprar letras ajustables por el dólar se declaró “desierto”, por lo que se descuenta que tuvo muy baja demanda (no se difundió el detalle), algo que en el mercado ya descontaban “dados los niveles en los que están operando los sintéticos”, apuntaron por caso desde Facimex Valores, en relación a las tasax que rinden los contratos de dólar futuro por vencer luego de las elecciones que también sirven como cobertura.

“Fue una licitación razonable dentro de lo que se podía esperar: el Gobierno logró refinanciar los vencimientos de esta semana, incluyendo los del Bonte, que venció el lunes, y esto le permite no inyectar pesos al mercado, manteniendo corta la liquidez. La contracara son las tasas altas, unos 200 puntos básicos más por encima del mercado, que ya eran muy altas de por sí”, evaluaron desde Puente, tras conocerse los resultados.

“Fue una buena licitación por parte del Tesoro en cuanto al monto, aunque ya se esperaba un buen piso mínimo por el aumento de encajes remunerados”, evaluó el analista Nicolás Cappella, de Invertir en Bolsa (IEB).“Entre tanto caos es un buen resultado, cubriendo la totalidad de vencimientos de la semana. Por otro lado, se siguen exigiendo tasas estratosféricas para renovar. Difícil verlo sostenible”, observó su colega Federico Machado.

Al respecto, vale tener en cuenta que los sobrecostos validados en el financiamiento en las últimas semanas ya hicieron crecer en unos $2 billones el total del capital adeudado para los próximos seis meses, según cálculos del mercado, algo así como 0,19% del PBI, lo que genera serias dudas sobre el posible mantenimiento del superávit financiero.

Esto considerando que, ya en julio, —cuando las tasas estaban altas, pero lejos del nivel actual—, el Gobierno debió reconocer un rojo por algo más de $168.000 millones en este rubro, influido por el alto componente de intereses de deuda, que sumaron casi $2 billones ese mes.