La gestión del ingeniero Martín Porro al frente de la CNEA (en reemplazo de Germán Guido Lavalle, iniciada a fines del año pasado y formalizada con el Decreto 905/2025 del PEN) incorporó desde ese momento y en pocas semanas a un grupo de colaboradores para cubrir las gerencias de administración, asuntos jurídicos, relaciones laborales, articulación institucional y sumarios. El denominador común de casi todos ellos es la falta de experiencia en la actividad nuclear. Algunos casos son francamente inexplicables.
Uno de los últimos conocidos y que causó estupor es el de Gisela Mangone, designada como Gerenta de Recursos Humanos mediante contrato a plazo fijo hasta el 31 de diciembre de 2026. Aunque en su Linkedin manifiesta ser abogada con una maestría en Derecho Administrativo (Universidad Austral, 2013) y posgrado en Derecho Aeronáutico (2022), también informa que su actividad desde 2017 fue como instructora de yoga en centros de Buenos Aires como Centro Integral del Sol, Valle Tierra y Yoga Baires. Su paso previo por el Estado fue en el ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos).
León Javier Grinspun, abogado, fue incorporado como Gerente de Asuntos Jurídicos entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2026. Entre sus antecedentes figuran que pasó por la Oficina Anticorrupción, luego fue asesor jurídico en la Casa de Moneda (2020-2021), auditor legal en el INADI (2022-2024) y, finalmente, se ocupó de su cierre cuando se lo desmanteló. En febrero de 2026 fue además designado como representante de la CNEA en el directorio de Nucleoeléctrica Argentina, acumulando simultáneamente dos cargos institucionales.
Felipe Randle ocupa desde el 1 de febrero de 2026 la Gerencia de Área de Articulación Institucional. Su único título conocido es el de bachiller. Antes de llegar a la CNEA, fue Director Nacional de Relaciones Institucionales Parlamentarias en la Jefatura de Gabinete de Ministros (2025-2026), Director Nacional de Asuntos Normativos Parlamentarios (2023-2025) y Jefe de Despacho de la Vicepresidencia de la Cámara de Diputados.
Andrés Hugo Romero fue designado Subgerente de Relaciones Laborales con contrato también hasta fin de 2026. Abogado, construyó su carrera íntegramente en la Casa de Moneda (2012-2025), donde ejerció funciones de representación judicial en fueros laborales, relaciones gremiales y conducción de relaciones laborales.
Otro abogado, Patricio José O’Reilly ingresó el 1 de abril de 2026 como Jefe del Departamento de Sumarios Administrativos de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. Es socio fundador del estudio Gutiérrez, O’Reilly & Asociados desde 2007. Fue Director de Sumarios en el Ministerio de Agroindustria y Coordinador de Investigaciones en la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia.
José Ignacio Bruera Grifoni ocupa la Gerencia de Área de Coordinación Operativa y Administrativa, en carácter ad honorem mediante un pase en comisión desde Dioxitek. Es contador público y llegó a Dioxitek tras ejercer como Director General de Administración en el Ministerio de Capital Humano. De acuerdo con información pública, acumula simultáneamente un cargo como Director Suplente en el directorio de NA-SA y una posición en la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI).
El también contador público Juan Pablo González Fernández fue designado como Gerente de Vinculación Tecnológica y Empresas Asociadas hasta el 19 de febrero de 2027, también ad honorem y mediante pase en comisión desde Dioxitek.
La situación de NA-SA no es menos sorprendente.
Ezequiel Acuña, un joven de 23 años que completó el secundario en 2020 en la actualidad estaría cursando la carrera de abogacía en la UADE fue designado en abril de 2026 como Subgerente de Responsabilidad Social Empresaria de NA-SA con un salario que supera los 13 millones de pesos mensuales brutos. Hasta ahora, solo se lo conocía en redes sociales como @elpasanteok. De acuerdo con información ampliamente difundida, como militante libertario cofundó La Derecha Diario y Madero Group, pasó por el bloque legislativo de La Libertad Avanza en Diputados como asesor y luego por Radio y Televisión Argentina (RTA) gestionando redes sociales. Ningún antecedente técnico, científico ni en materia de energía.
Diego Chaher, abogado egresado de la Universidad de Belgrano con un master en Derecho Empresario, es el único director de NA-SA del período de Demian Reidel que sobrevivió al cambio de autoridades tras el escándalo de sobreprecios en licitaciones de limpieza. Muy lejos de la actividad nuclear, su carrera transcurrió en medios de comunicación (Canal 8 San Juan, Grupo Supercanal, Grupo América Interior) y en la gestión estatal como titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, organismo que conduce el proceso de privatizaciones, y como primer interventor de medios públicos del gobierno de Milei.
La Secretaría de Asuntos Nucleares, creada el 9 de diciembre de 2025 por el Decreto 866/2025 (con la idea de convertir a la Argentina en «la Arabia Saudita del uranio»), está en manos de Federico Ramos Nápoli, abogado de 31 años que ingresó al sector público alrededor de los 20 como auxiliar administrativo en la Casa de la Moneda. De allí pasó a la Secretaría General de la Presidencia, donde trabajó en el área de comunicación general, con areas como «redacción de escritos», «revisión de documentación legal» y «análisis de riesgos comunicacionales», bajo la dirección del influencer Juan Carreira, más conocido como «Juan Doe». En 2025, pasó a ser gerente general de Dioxitek.
Mientras ocurren estas designaciones, el ecosistema de la CNEA se desangra. En los últimos dos años el organismo perdió más de 300 agentes por el insostenible deterioro salarial, la falta de perspectivas de carrera y la paralización de proyectos.
Personal del Centro Atómico Bariloche (CAB) advirtió que es inminente el despido de 104 investigadores cuyos contratos vencen a fin de mes. Además, que hasta abril de este año acumulaba deudas de $1.204.875.546,93 con la Cooperativa Eléctrica Bariloche y de $138.164.937,06 con Camuzzi (gas), se registran retrasos en pagos a empresas tercerizadas, las compras de insumos y equipos están paralizadas, hay restricciones en plataformas digitales y controles de acceso, y los contratos del personal se renuevan trimestralmente, sin garantías de continuidad.
La Argentina tardó siete décadas en construir sus capacidades nucleares. El país opera tres centrales de potencia, produce reactores de investigación que exporta al mundo, fabrica combustible nuclear y genera radioisótopos para diagnóstico y tratamiento oncológico. Esas capacidades no se improvisan: dependen de cadenas de formación, transmisión de conocimiento y continuidad institucional que, una vez interrumpidas, pueden tardar décadas en reconstruirse.
Como subraya ese documento interno, la pregunta que cabe hacerse es ¿qué señal envía una institución que pone a cargo de sus áreas estratégicas a personas sin ningún contacto con la actividad nuclear, mientras pierde a quienes sí saben?
