FALTA GASOIL: PYMES PIDEN MEJOR PRECIO Y ALERTAN QUE 10.000 FAMILIAS SE QUEDARIAN SIN TRABAJO.
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Cámaras que agrupan a las proveedoras de biodiésel en el mercado interno reclamaron una actualización para reactivar plantas paradas.
La historia se repite. En medio de un nuevo faltante de naftas y gasoil por el congelamiento de precios, las pymes productoras de biodiésel pidieron al Gobierno nacional que cumpla con la ley 27.640 sobre el corte obligatorio para “evitar” que sigan los problemas en los surtidores. Desde septiembre, las plantas de biodiésel de todo el país frenaron la producción porque el precio que les reconocen les implica trabajar a pérdida y amenazan con despidos.
El reclamo lo plantearon las cámaras de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), la Santafesina de Energías Renovables (Casfer) y la Panamericana de Biocombustibles (Capba). Plantean que el pedido es “desesperado” por la situación “insostenible” de una industria que “viene soportando el aumento de costos (como el aceite de soja) y la falta de precio oficial para poder operar, responsabilidad de la Secretaría de Energía de la Nación”.
El reclamo puntual es por el atraso del precio de biodiésel establecido en pesos y los “extensos plazos de cancelación” de las compras por parte de las empresas petroleras. Ambos puntos son establecidos por el Ministerio de Economía.
También incluye el pedido la instrumentación de un nuevo tramo de dólar soja que sube los costos y el “abrupto salto” en el costo de las coberturas de tipo de cambio necesarias “toda vez que casi el 90% de los costos de producción están relacionados al dólar”.
Las cámaras que representan prácticamente a la totalidad de empresas elaboradoras de biodiésel dedicadas en forma exclusiva al abastecimiento del corte obligatorio establecido en la ley 27.640, se dirigieron al Ministro de Economía a fin de solicitarle “medidas urgentes tendientes a permitir que la industria siga produciendo y entregando” el producto destinado al corte obligatorio consignado por la norma. “De lo contrario -advierten- 10.000 familias se quedarían sin empleo a partir de noviembre”.
En el sector, el conjunto mayoritario de las empresas tiene sus operaciones de producción paralizadas desde septiembre y “en los próximos días estaría ocurriendo lo mismo con las pocas compañías que aún están operando”, según señalan.
“Sin medidas urgentes no resulta económicamente factible la operación, toda vez que los dólares resultantes de convertir el cobro del precio de venta en pesos no alcanzarán siquiera para cubrir los costos variables de producción -sostiene la nota enviada a Economía-. Como consecuencia se pone en riesgo la continuidad de nuestras empresas y de los más de 10.000 empleos directos e indirectos relacionados con la actividad”.
Consignan, como ya lo han hecho otras veces, que este esquema también afecta a “la salud pública por el empeoramiento de la calidad del aire y el alejamiento del país de sus metas de ahorro de gases de efecto invernadero comprometidas bajo el Acuerdo de París – que tiene un rango superior al de las leyes al ser un acuerdo internacional suscripto por el Congreso-; resultando oportuno también incluir que sin previsibilidad se torna imposible invertir en desarrollo de mejores y más eficientes tecnologías de producción de biodiesel”.
“Se dejan así de observar aspectos socioeconómicos, generando consecuentemente un impacto negativo para las economías regionales donde se encuentran insertas nuestras plantas”, argumentan.
LA NACION.-
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