DETECTARON UNA RENDICION “DEBIL”: CAPUTO DISOLVIO UN FONDO CREADO PARA EL CAMPO CON MACRI Y QUE CONTINUO EL KIRCHNERISMO.
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Según dijeron en Economía, esa herramienta “careció de un sistema integrado de seguimiento, control y evaluación de la ejecución y avance de los proyectos y fueron aprobadas solicitudes por un monto mayor al capital que tuvo disponible”
El Gobierno disolvió el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria, denominado Fondagro, que fue creado durante la presidencia de Mauricio Macri y que “buscaba mejorar la competitividad con foco en las provincias del norte argentino”. Se instituyó vía el artículo 72 de la ley 27.341 y se instrumentó mediante la resolución 20-E/2017. Hace poco, en tanto, el Gobierno terminó el Fondo Estabilizador del Trigo (FETA), creado por el expresidente Alberto Fernández con la excusa de compensar a la industria molinera por la harina entregada a las panaderías.
A través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial y que lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, se revocó el contrato de fideicomiso suscripto el 10 de abril de 2017 entre el exMinisterio de Agricultura y Nación Fideicomisos SA (actual BICE Fideicomisos SA).
El artículo 2 facultó a la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, a cargo de Juan Pazo, “para que arbitre por la dependencia con competencia primaria sobre la materia, las comunicaciones necesarias a efectos de que BICE Fideicomisos SA proceda a la liquidación del fondo en los términos establecidos en el contrato de fideicomiso; el fiduciario deberá concluir la liquidación en un plazo máximo de 120 días hábiles administrativos”.
En tanto, en el artículo 3 de la resolución, se explicó que ahora se declaran “transferidas, de acuerdo con lo previsto en el contrato de Fideicomiso, las acreencias que tuviese a su favor dicho fondo, cuyo cobro no sea exigible dentro del plazo que se establece en el artículo 2 al Estado nacional [Ministerio de Economía], quien resulta el destinatario final de los fondos integrantes del fideicomiso”.
“La transferencia deberá realizarse a través de un acta entre la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía y BICE Fideicomisos S.A”, detallaron. Será la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, quien estará al frente de la administración y cobranza de la cartera de créditos que sean transferidos al Estado nacional, en cumplimiento de la presente medida.
“Los fondos que resulten de la gestión de cobranzas de las acreencias a que se alude precedentemente, serán depositados en la cuenta bancaria N° 2510/46 Recaudación TGN, radicada en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Plaza de Mayo”, dijeron.
Según informaron en la cartera de Economía, los informes presentados por la Auditoría General de la Nación correspondiente a los años 2017 a 2021 concluyeron que el Fondagro “no demostró haber realizado difusión que posibilitara un acceso a un número más amplio de destinatarios, ni tampoco contó con un marco claro para la presentación de solicitudes”.
Además, indicaron que “el fondo careció de un sistema integrado de seguimiento, control y evaluación de la ejecución y avance de los proyectos y fueron aprobadas solicitudes por un monto mayor al capital que tuvo disponible”.
“No evidencia [el fondo]un registro que permitiera conocer los análisis sobre los proyectos presentados, ni de los proyectos aprobados pendientes de instrumentación”, aseguraron.
“La información sobre la aplicación y utilización de los recursos no se encontró publicada en el período auditado, y el marco específico aplicable a las rendiciones de cuentas a presentar por los beneficiarios, es débil”, añadieron.
Por otro lado, destacaron que “la voluntad manifestada por esta gestión es que el eventual financiamiento de dichas acciones no sea realizado a través del mecanismo de un fondo fiduciario, sino que se realicen con cargo a cuentas individualizadas del Estado nacional, garantizando así la optimización de los recursos del Estado nacional, la transparencia en el uso de fondos asignados, y la trazabilidad de los procedimientos exigibles”.
En este contexto, remarcaron que “se trata de un cambio de paradigma en el criterio de asignación de responsabilidades, como también de la debida rendición de cuentas por parte del sector público nacional”.
El fondo
Durante el gobierno de Macri, el entonces Ministerio de Agroindustria, a cargo de Ricardo Buryaile, dispuso de $7100 millones destinados por una parte a emergencias e investigación, y por otra parte, para la creación del Fondagro que distribuiría $1700 millones para invertir en capital de trabajo, infraestructura y logística, calidad y agregado de valor en origen y mejora de la competitividad, a través de un contrato de fideicomiso suscripto el 10 de abril de 2017 entre el ex Ministerio de Agricultura y Nación Fideicomisos SA (actual BICE Fideicomisos SA).
La idea era la de incentivar, fomentar y desarrollar, a través de las acciones que se consideren más eficientes, al sector agroindustrial; la sanidad y calidad vegetal, animal y alimentaria; el desarrollo territorial y la agricultura familiar; la investigación pura y aplicada y su extensión en materia agropecuaria y pesquera; y las producciones regionales y/o provinciales en las diversas zonas del país. Al año siguiente, el fiduciario Nación Fideicomisos SA cambió su denominación social por la de BICE Fideicomisos SA. El fondo también siguió, vía una reprogramación, con el gobierno de Alberto Fernández.
Con la llegada a la presidencia de Javier Milei, en marzo pasado, el Comité Ejecutivo del Fondagro pasó a control del Ministerio de Economía con tres representantes de dicha cartera y nombró como titular del mismo a María Eugenia Barbieri.
“Resulta necesario adecuar la conformación del Comité Ejecutivo del Fondagro y, considerando el objeto fundamental y trascendental del mencionado fondo para el sector agroindustrial es preciso implementar un método dinámico para futuras conformaciones del Comité Ejecutivo del Fondagro que acompañe su desarrollo”, indicaron en la resolución 134/2024 del 26 de marzo pasado.
LA NACION.-
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