Para el Enacom se trata de un “aporte con cargo”: la empresa aporta 6000 kits para establecimientos educativos y los primeros 24 meses de servicio, mientras el Gobierno afronta los costos de llevar a cabo el plan durante tres años.

El Gobierno formalizó el acuerdo con Starlink, empresa de Elon Musk a través de SpaceX, para llevar internet satelital a 6000 escuelas rurales de todo el país, una iniciativa que había sido anunciada por el presidente Javier Milei a fines de julio. Pero la letra chica del entendimiento muestra que, aunque la empresa aportará los kits y 24 meses de servicio (con un valor cercano a los US$10 millones), el Estado argentino deberá desembolsar casi US$12 millones para poner en marcha el programa y sostenerlo durante los primeros tres años.

La resolución 857/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), publicada este miércoles en el Boletín Oficial, aprueba el contrato de donación con Starlink Argentina y el convenio que involucra también al Ministerio de Capital Humano.

El 27 de julio, cuando Javier Milei anunció el acuerdo en el marco de la 138 Exposición Rural, dijo que Starlink se había comprometido a donar 6000 equipos satelitales junto a 24 meses de sus servicios de internet más altos, que incluyen acceso prioritario hasta 5 terabytes mensuales. “Gracias, Elon. Sí, es un montón”, acotó.

Sin embargo, ante la consulta de La Nacion, desde el Enacom hicieron una precisión: para el organismo, no se trata de una donación en sentido estricto, sino de un “aporte con cargo”. Según explicaron, Starlink realiza un aporte —los kits y los primeros 24 meses de servicio— sujeto a determinadas condiciones, mientras que el Estado afronta los costos necesarios para implementar el programa durante tres años.

La diferencia es relevante porque el contrato establece una serie de obligaciones económicas a cargo del Estado. Durante el primer año, el Enacom, con fondos del Fondo del Servicio Universal (FSU) —al que las compañías de telecomunicaciones aportan el 1% de su facturación—, deberá pagar US$4.266.000 más IVA por la instalación de los 6000 kits, la gestión del servicio, la atención técnica y una plataforma de monitoreo. Para el segundo y el tercer año se contemplan otros US$2.016.000 más IVA en cada período.

A eso se suman US$3.600.000 por 12 meses adicionales de servicio de internet, una vez terminados los 24 meses que aporta Starlink. Ese monto será facturado directamente por Starlink Argentina al Enacom.

La cuenta da US$11.898.000 de fondos públicos comprometidos, frente a los US$9.978.000 en los que está valuado el aporte de Starlink. El proyecto completo asciende así a casi US$21,9 millones.

Una donación con condiciones

Otro de los puntos que llamó la atención es que el contrato establece que la entrega e instalación de los kits se realizará “exclusivamente mediante los distribuidores autorizados en el país”. También señala que Starlink es quien informa el monto correspondiente al aporte, de acuerdo con los costos de proyectos similares en la región y bajo los precios establecidos por SpaceX.

El esquema contempla además que los servicios de instalación, gestión, atención técnica y monitoreo sean abonados por el Enacom contra la facturación correspondiente. En el caso de los 12 meses adicionales de conectividad, la factura será emitida directamente por Starlink Argentina.

Para una fuente del sector que pidió mantener su identidad en reserva, esta estructura plantea interrogantes sobre el mecanismo elegido. Su cuestionamiento principal es que el Estado termina realizando pagos a la misma empresa que efectúa el aporte y que, además, la instalación queda limitada a los distribuidores autorizados por Starlink.

Desde el Enacom aseguraron que no se hizo licitación porque Starlink acercó la propuesta para realizar un aporte de 6000 kits y aclararon que es un proyecto presentado en el marco del Programa Conectividad Interés Público del FSU.

Para Enrique Carrier, especialista en telecomunicaciones, el acuerdo es principalmente la formalización del anuncio que había realizado Milei. Su principal interés está puesto en el precio que quedará como referencia cuando termine el financiamiento inicial.

Carrier calculó que, tomando el monto previsto para el tercer año, el costo del servicio equivale a aproximadamente US$50 mensuales por escuela, unos $75.000 al tipo de cambio actual. Según explicó, ese valor será relevante para las provincias y municipios que eventualmente deban hacerse cargo de la conectividad después de los primeros tres años.

Martín Becerra, especialista en políticas de comunicación y telecomunicaciones, tiene una mirada más crítica. Según sus cálculos, al distribuir los fondos comprometidos entre los establecimientos, el costo mensual por escuela resulta superior al de un plan residencial de Starlink disponible en la Argentina. Becerra considera que falta una evaluación que explique cómo se llegó al precio final y por qué resulta conveniente para el Estado.

También planteó un interrogante técnico. El contrato contempla 2 terabytes (TB) mensuales por establecimiento, con una reserva de excedente de hasta 5 TB. Para Becerra, ese volumen puede resultar limitado para escuelas con un uso intensivo de internet. Sin embargo, agrega, el principal problema es el orden en que se diseñó el programa.

La resolución establece que la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano deberá elaborar la nómina de establecimientos beneficiarios y georreferenciarlos en coordinación con las provincias y los municipios. Es decir, el acuerdo se aprobó sin que estén definidas aún las 6000 escuelas.

“Se puso la carreta delante de los caballos”, sostuvo Becerra. A su entender, primero debería haberse identificado qué establecimientos necesitan conectividad, cuáles ya están conectados y qué solución tecnológica requiere cada uno, para después definir el mecanismo de contratación.

Henoch Aguiar, exsecretario de Comunicaciones, también puso el foco en la necesidad de conocer con precisión cuáles serán las escuelas alcanzadas. Según estimó, en la Argentina existen alrededor de 35.000 establecimientos, por lo que considera necesario contar con un diagnóstico que permita saber cuántos ya tienen conectividad y cuáles requieren una solución nueva.