Qué investigaba la Justicia
El expediente contra Caputo se inició en 2017 a partir de una denuncia de legisladores de la entonces oposición. La investigación buscaba determinar si el actual ministro había omitido información sobre sus vínculos con sociedades radicadas en el exterior y si había existido una incompatibilidad entre sus actividades privadas y las decisiones adoptadas mientras ocupaba un cargo público.
Uno de los principales puntos bajo análisis era su relación con LC Advisors y con el grupo financiero Noctua, vinculado a sociedades constituidas en el exterior. Según la hipótesis de la fiscalía, Caputo había facturado servicios profesionales y financieros a Noctua Asset Management a través de LC Advisors entre marzo de 2016 y abril de 2017, cuando ya se desempeñaba como funcionario.
La investigación también puso bajo la lupa la sociedad Princess International Group Ltd., radicada en las Islas Caimán y vinculada al entramado empresario de Noctua. Para el fiscal Carlos Rívolo, Caputo había tenido un vínculo de propiedad con esa firma que no había sido correctamente informado en sus declaraciones juradas.
La fiscalía relacionó además esas sociedades con la emisión de bonos de deuda argentina realizada en 2016. El planteo era que un fondo vinculado a Noctua había adquirido esos títulos y que Caputo, como secretario de Finanzas, había participado en el proceso de colocación.
Rívolo había solicitado en distintas oportunidades que el funcionario fuera citado a indagatoria. A su criterio, las pruebas reunidas justificaban profundizar la investigación para determinar si había existido una utilización de información privilegiada o un conflicto entre los intereses privados de Caputo y sus responsabilidades como funcionario.
Los argumentos de la Cámara Federal
Los camaristas Llorens y Bertuzzi coincidieron con el juez federal Julián Ercolini, quien había dispuesto el sobreseimiento de Caputo sin llegar a convocarlo a una declaración indagatoria. Para el tribunal, la investigación no logró demostrar una conducta deliberada destinada a ocultar información patrimonial. La Cámara destacó que Caputo había declarado su participación en LC Advisors ante organismos fiscales y en distintas presentaciones oficiales, un elemento que, según los jueces, debilitaba la hipótesis de una maniobra de ocultamiento.
Otro de los puntos centrales fue la titularidad de Princess International Group. La Justicia consideró acreditada la versión de la defensa según la cual el beneficiario final de la sociedad era el hermano de Caputo, Flavio Caputo, y que el actual ministro ya no mantenía vínculos con esa estructura empresarial cuando se produjo la compra de los bonos investigados.
Respecto de la emisión de deuda, la Cámara sostuvo que no se pudo establecer cuál habría sido la acción concreta realizada por Caputo para favorecer a Noctua, qué beneficio específico habría obtenido el fondo ni qué información reservada habría sido utilizada.
Los jueces también remarcaron que la colocación de los bonos se realizó mediante una oferta pública y bajo condiciones generales para los inversores. En ese sentido, valoraron testimonios que indicaron que no hubo precios diferenciales ni ventajas particulares para determinados compradores.
