En una ampliación de la denuncia penal, el abogado Dalbon requirió al Deutsche Bank que informe «si celebró operaciones» con la autoridad monetaria durante 2024 y 2025. También hubo un pedido de allanamiento del Banco Central.

En una ampliación de la denuncia penal en el marco de la causa que investiga las operaciones financieras realizadas con las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el abogado Gregorio Dalbon requirió al Deutsche Bank que informe «si celebró operaciones» con la autoridad monetaria durante 2024 y 2025, y «remita los contratos y confirmaciones, el detalle de comisiones, honorarios o márgenes percibidos y las garantías constituidas».

Luego de pedir la detención del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del BCRA, Santiago Bausili, Dalbon señaló que nuevas publicaciones periodísticas sostienen que este banco «habría participado como contraparte en las operaciones con derivados sobre oro concertadas por el BCRA durante 2025».

La presentación se produjo luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobara el informe sobre los estados contables del BCRA correspondientes a 2025. El documento consignó que las operaciones con derivados financieros cuyo activo subyacente fue el oro arrojaron un resultado negativo de $1,469 billones, equivalentes a US$ 1.023 millones, con egresos de divisas.

El informe de la AGN emitió una opinión favorable sin salvedades sobre los estados contables, aunque incorporó un párrafo específico sobre estas operaciones. La auditoría también registró una ganancia por diferencias de cotización de la tenencia de oro de $8,002 billones durante el mismo ejercicio.

Dalbon sostiene que tanto el presidente del BCRA como el titular del Palacio de Hacienda «se desempeñaron en el Deutsche Bank», y que existe una causa «en la que se investigó si el primero incurrió en negociaciones incompatibles con la función pública por contrataciones que habrían beneficiado a ese banco».

Además, la denuncia alcanza al Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias e integrante del Directorio de la entidad, Juan Ernesto Curutchet, el Subsuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias e integrante del Directorio del BCRA, Nicolás Marcelo Ferro, así como «contra quienes resulten responsables luego de la investigación, en carácter de autores, coautores, partícipes o por las responsabilidades funcionales que correspondan».

De esta manera, el abogado solicitó «el allanamiento y secuestro, o la copia forense, de los servidores y casillas de correo institucional del BCRA (arts. 224 y 231 del Código Procesal Penal de la Nación) o, en subsidio, la orden de presentación del art. 232 del mismo código, a fin de resguardar la documentación de las operaciones investigadas».

A su vez, pidió que la entidad monetaria «informe y remita el procedimiento y los motivos de selección de cada contraparte, con las invitaciones, cotizaciones y ofertas recibidas; la metodología de estructuración y valuación de las operaciones, con los nocionales, precios de ejercicio y modelos utilizados; el costo total de las operaciones, incluyendo comisiones, honorarios, márgenes, diferenciales y primas».

Las sospechas por las operaciones con oro

En su presentación, Dalbon sostuvo que es necesario determinar quiénes decidieron, autorizaron y ejecutaron las operaciones, cuál fue su justificación económica y si se respetaron los deberes legales de los funcionarios responsables de administrar las reservas internacionales.

Uno de los puntos centrales de la denuncia es la estructura de los instrumentos financieros utilizados. La estrategia habría consistido en un mecanismo conocido como collar, que combina la compra de una opción para establecer un piso de precio con la venta de otra para fijar un techo. De esa manera, una suba del oro por encima del límite pactado puede generar pagos a cargo de quien vendió la opción.

Dalbon advirtió que esa descripción todavía debe ser confirmada mediante los contratos y la documentación oficial. También pidió esclarecer por qué el resultado negativo de las opciones, de US$ 960,2 millones, superó ampliamente las primas registradas, que ascendieron a US$ 62,8 millones.

La denuncia plantea que las operaciones deben analizarse más allá de la denominación de cobertura utilizada por el Banco Central. En particular, reclama determinar qué riesgos se buscaba cubrir, cuáles fueron las contrapartes financieras y qué funcionarios participaron en las decisiones.

Respecto de Caputo, el abogado pidió establecer si el ministro intervino, coordinó o impartió instrucciones sobre la estrategia de administración del oro. En cuanto a Bausili, solicitó investigar si propuso, autorizó o ejecutó las operaciones. Para Curutchet, reclamó esclarecer su eventual participación en las decisiones del directorio.