El indicador de irregularidad del crédito privado pasó de 7,63% en junio a 7,73% en julio. La morosidad de las familias subió de 12,77% a 12,94%, mientras que la de las empresas pasó de 3,50% a 3,61%.

Luego de una brevísima pausa en junio, explicada por factores estacionales, como el pago del medio aguinaldo que habilitó la posibilidad de refinanciar deudas en el caso de los hogares, la morosidad del crédito volvió a subir en julio después del retroceso registrado en junio y retomó así una tendencia que se había extendido durante 19 meses consecutivos. Según un informe de la consultora 1816 sobre la base de datos de deudores del Banco Central (CENDEU), la irregularidad total del sector privado no financiero pasó de 7,63 por ciento en junio a 7,73 por ciento en julio, mientras que la morosidad de las familias aumentó de 12,77 por ciento a un exorbitante 12,94 por ciento y la correspondiente a las empresas avanzó de 3,50 por ciento a 3,61 por ciento.

En junio, la combinación del pago del medio aguinaldo y el fuerte aumento de las refinanciaciones de deuda había permitido interrumpir temporalmente la secuencia de subas. Parte de los hogares recibió un ingreso extraordinario que pudo destinar a cancelar obligaciones y, al mismo tiempo, una cantidad creciente de deudores accedió a refinanciaciones que modificaron las condiciones de sus vencimientos, lo que contablemente los bancos no computan como morosos (al menos hasta que los hogares vuelvan a incumplir las nuevas condiciones). Un mes después, como era de esperar, la mora volvió a aumentar.

La primera versión de la base de CENDEU correspondiente a julio fue publicada recientemente y todavía puede recibir modificaciones durante las actualizaciones que realiza el Banco Central. Sin embargo, durante 2026 las revisiones no modificaron en ninguna ocasión el ratio agregado de mora del sector privado respecto de la primera versión de la base, mientras que en el caso de las familias la diferencia entre el dato preliminar y el definitivo nunca superó el 0,1 por ciento, con lo cual, según el documento, los datos pueden considerarse como un anticipo bastante concreto de lo que será la difusión oficial.

En octubre de 2024, la morosidad del sector privado no financiero era de apenas 1,5 por ciento, con una irregularidad de 2,5 por ciento entre las familias y de 0,7 por ciento entre las empresas. Desde entonces, el indicador comenzó una trayectoria ascendente que, salvo por la interrupción de junio, continuó hasta julio. «En el caso de las familias, la suba de julio se explicó principalmente por una nueva reducción en términos reales del saldo total de financiaciones«, señala el documento de la consultora fundada por los  economistas Adrián Rozanski, Mariano Sclarandi y Martín Charaf. El saldo de los créditos en mora, medido también en términos reales, prácticamente no se movió respecto de junio. La diferencia entre ambos datos es importante porque la morosidad surge de la relación entre el saldo irregular y el saldo total de crédito.

Si el denominador disminuye mientras el saldo moroso permanece relativamente estable, el porcentaje de irregularidad aumenta. El dato de julio, por lo tanto, no supone necesariamente que los hogares hayan incrementado en igual proporción el monto de sus deudas vencidas, sino que muestra que esas obligaciones representan una parte mayor de un stock de crédito que se contrajo en términos reales.

La irregularidad aumentó en julio respecto de junio en 23 de las principales 30 entidades financieras, medidas por su volumen de crédito a hogares. El movimiento se extiende, de esta manera, a una parte significativa del sistema.  Al mismo tiempo, continuó creciendo el volumen de refinanciaciones. El saldo refinanciado llegó a representar 3,7 por ciento del crédito total a las familias y 0,8 por ciento del crédito total a las empresas. El aumento de las reestructuraciones puede contribuir a que la mora disminuya en los próximos meses, pero existe un período de transición hasta que una deuda refinanciada abandona estadísticamente el universo de los morosos.

De acuerdo con la normativa del Banco Central, un deudor que se encuentra en Situación 3, con un atraso de entre 90 y 180 días, debe pagar dos cuotas mensuales consecutivas del crédito refinanciado para pasar a Situación 2. En el caso de Situación 4, con atrasos de entre 180 días y un año, debe cumplir tres cuotas para pasar a Situación 3. Los deudores en Situación 5, con más de un año de atraso, también necesitan tres cuotas para pasar a Situación 4. Como el cambio de clasificación se realiza escalón por escalón, una persona que refinancia una deuda mientras se encuentra en Situación 4 puede necesitar al menos cinco meses para dejar de ser considerada morosa. En Situación 5, el período mínimo puede llegar a ocho meses.

La refinanciación permite entonces modificar el calendario de pagos, pero no elimina de manera inmediata la irregularidad que ya fue registrada. El comportamiento de la mora durante los próximos meses dependerá de la capacidad de los hogares para cumplir las nuevas condiciones.

El crédito por fuera de los bancos

La evolución de la mora también debe analizarse junto con la transformación del mercado de crédito. Un informe del Centro de Investigación de Economía Nacional muestra que, entre julio de 2024 y junio de 2026, los bancos sumaron 16 por ciento más de deudores, mientras que las entidades no bancarias —entre ellas billeteras virtuales, tarjetas regionales, financieras de consumo y proveedores de préstamos rápidos— aumentaron 59 por ciento la cantidad de personas alcanzadas. El universo de deudores de entidades no bancarias pasó de 8,5 millones a 13,5 millones de personas durante ese período. El crecimiento fue, por lo tanto, muy superior al registrado por los bancos y modificó la composición del mercado de financiamiento de los hogares.

Los bancos concentran cuatro de cada cinco pesos prestados a las familias y el endeudamiento promedio de un cliente bancario llega a 5,5 millones de pesos. En las entidades no bancarias, el promedio es de 1,4 millones. El resultado es un sistema de crédito con dos velocidades. Las entidades bancarias concentran la mayor parte del dinero prestado, pero las no bancarias alcanzan a una cantidad mucho mayor de personas. Según el informe, el sector no bancario ya llega a 65 por ciento de las personas con deuda, aunque concentra apenas 19 por ciento de los pesos prestados.

Una parte importante de las personas que acceden a financiamiento fuera de los bancos lo hace con montos menores, pero eso no significa que esas obligaciones tengan menor impacto sobre los ingresos. Cuando se acumulan varias deudas de montos relativamente bajos, el peso de las cuotas y vencimientos puede aumentar aunque el saldo individual no alcance los niveles de un crédito bancario tradicional. El informe identifica además tres grupos de deudores: quienes tienen deuda exclusivamente con bancos, quienes solo tienen obligaciones con entidades no bancarias y quienes combinan los dos tipos de crédito. Este último grupo es el que más creció durante los últimos dos años.

La cantidad de personas que tienen deuda tanto con bancos como con entidades no bancarias aumentó 68 por ciento, al pasar de 4,3 millones a 7,2 millones. Al mismo tiempo, ese grupo pasó de concentrar 40 por ciento de toda la deuda de las familias a representar 58 por ciento. La expansión del endeudamiento compartido muestra que las categorías de “cliente bancario” y “cliente no bancario” no describen necesariamente a personas distintas. Siete de cada diez pesos prestados fuera de los bancos corresponden a personas que también tienen deuda bancaria.

En tanto, por cada 100 pesos adeudados por personas que solo tienen créditos bancarios, 8 pesos se encuentran en mora. Entre quienes combinan deuda bancaria y no bancaria, la proporción asciende a 23 pesos. Entre quienes solo tienen deuda fuera de los bancos, llega a 34 pesos. El informe señala que el grupo que combina ambos tipos de crédito concentra 72,5 por ciento de toda la mora medida en pesos, aunque representa aproximadamente un tercio de las personas en situación irregular.

La diferencia plantea una cuestión sobre la forma en que se aborda una reestructuración. Si una persona tiene obligaciones con varias entidades, una renegociación individual puede no modificar de manera suficiente su situación financiera si el resto de los acreedores mantiene las condiciones originales. La deuda puede ser refinanciada con un proveedor y continuar vencida con otro. El problema adquiere mayor dimensión cuando se observa el crecimiento de las personas que tienen múltiples fuentes de financiamiento. El aumento de las deudas compartidas implica que una misma familia puede tener simultáneamente una tarjeta bancaria, un préstamo personal, una deuda con una billetera virtual y una obligación con una financiera de consumo.

El resultado es que el sistema financiero formal y el no bancario comienzan a operar sobre los mismos hogares, pero sin que necesariamente exista una coordinación entre los distintos acreedores. El informe del Centro de Investigación de Economía Nacional también aporta un dato sobre el momento en que comienza la irregularidad. En los últimos 24 meses, las personas en mora pasaron de 2,3 millones a 5,9 millones. Dentro de ese período, casi 5,7 millones registraron su primera mora.

El dato permite analizar no solamente cuántas personas están en situación irregular, sino dónde comienza el proceso. Seis de cada diez personas que ingresaron por primera vez a la mora lo hicieron inicialmente a través de una entidad no bancaria. La puerta de entrada a la irregularidad, según este relevamiento, dejó de estar concentrada en el sistema bancario. Billeteras virtuales, tarjetas regionales, financieras de consumo y préstamos rápidos adquieren un papel central en los primeros incumplimientos. La diferencia es todavía mayor entre los jóvenes. De cada 100 personas de entre 18 y 25 años que aparecen por primera vez en el registro de deudores, 76 llegan a través de una entidad no bancaria. Entre los mayores de 65 años, la proporción baja a 22 por ciento.

La evolución también modificó la distancia entre quienes acceden inicialmente al crédito no bancario y quienes lo hacen a través de los bancos. Dos años atrás, una persona que solo tenía deuda con entidades no bancarias tenía una probabilidad de encontrarse en mora cercana a la de un deudor bancario: 25 por ciento contra 22 por ciento. En la actualidad, las proporciones son de 44 por ciento y 28 por ciento, respectivamente. El cambio no implica que todo crédito no bancario derive en mora, pero sí muestra que la expansión de ese tipo de financiamiento estuvo acompañada por una mayor incidencia del incumplimiento entre sus usuarios.

La dimensión del problema aparece también al incorporar las obligaciones que no forman parte del crédito bancario o no bancario registrado en la CENDEU. Un relevamiento del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) indica que el 92,3 por ciento de los hogares registra algún tipo de deuda. Según ese informe, apenas 50,7 por ciento de las obligaciones relevadas puede identificarse a partir de la información del Banco Central. El 49,3 por ciento restante corresponde a compromisos que quedan fuera de los registros financieros tradicionales, entre ellos alquileres, compras fiadas en comercios de proximidad, impuestos, tasas, expensas, servicios, educación privada y préstamos entre familiares, amistades o prestamistas no regulados.

El dato modifica la lectura habitual del endeudamiento porque una familia puede no presentar un saldo elevado en una entidad financiera y, al mismo tiempo, acumular varios meses de alquiler, facturas de servicios, expensas, impuestos o compras fiadas. La composición de las obligaciones muestra que el endeudamiento no está asociado únicamente a la adquisición de bienes durables. El fiado en comercios de proximidad representa 13,3 por ciento de las obligaciones relevadas por el IETSE y los alquileres explican otro 12,5 por ciento. Impuestos, tasas y expensas representan 8,5 por ciento, mientras que los préstamos familiares, de amistades o prestamistas no regulados alcanzan 4,7 por ciento.

En paralelo, el uso de las tarjetas de crédito también refleja el peso de los gastos corrientes. El IETSE registró que 62,5 por ciento de las compras con tarjeta se destinan a alimentos, frente a 61 por ciento en marzo de 2026, 58 por ciento en 2025 y 54 por ciento en 2024. La deuda, en ese contexto, puede funcionar como una forma de cubrir la diferencia entre los ingresos disponibles y los gastos necesarios para sostener el consumo cotidiano.

El 28,4 por ciento de los hogares endeudados acumula más de tres deudas, frente a 23,5 por ciento en marzo de 2026, 12 por ciento en 2025 y 8 por ciento en 2024. En el mismo período, los hogares con una sola deuda descendieron de 35 por ciento en 2024 a 10,8 por ciento en agosto de 2026. El fenómeno muestra un desplazamiento desde una obligación puntual hacia la combinación de distintas fuentes de financiamiento. El IETSE registró además que 88,9 por ciento de las deudas relevadas se encontraba impaga o incumplida en agosto de 2026, frente a 81,8 por ciento en marzo, 76 por ciento en 2025 y 63 por ciento en 2024. A su vez, 41,3 por ciento estaba en instancia judicial.

La proporción de ingresos destinada al pago de deudas también aumentó. En agosto, 44 por ciento de los hogares destinaba más de la mitad de sus ingresos mensuales a cancelar obligaciones, contra 38 por ciento en marzo, 28 por ciento en 2025 y 18 por ciento en 2024. El proceso puede observarse como un circuito en el que el crédito permite sostener determinados gastos en el presente, pero compromete ingresos futuros. Cuando una parte creciente de esos ingresos debe destinarse a cancelar obligaciones anteriores, disminuye el margen para realizar nuevas compras, afrontar gastos inesperados o generar ahorro.