4 de octubre de 2026

LA SUPREMA FRAGILIDAD DEL ESQUEMA QUE SOSTIENE A MILEI

ALCAHUETE

En medio de la caída de la actividad y la suba del 30% en el riesgo país, la Corte salió en auxilio del presidente y los intereses extranjeros. Bullrich se candidatea antes de tiempo y a Lamelas no le gusta nada. El doble juego de BlackRock camino a las elecciones. Lula vs Bolsonaro: ¿Brasil también camina hacia la recesión?

“Muchas veces el juez interviene porque el político no ha actuado. Está mal que lo que tiene que hacer el político lo haga el juez. Cuando el problema llega acá y nosotros tenemos que resolverlo, ha pasado varias instancias judiciales antes porque hay un conflicto que los poderes representativos no han podido resolver. El juez es muy mal político en general”. La definición, que pertenece a Horacio Rosatti, choca con el fallo que el presidente de la Corte firmó la semana pasada para eliminar todo límite a la venta de tierras rurales a extranjeros después de que el Congreso debatiera y actuara en el tema. Ex intendente de Santa Fe, ex convencional constituyente por el PJ y ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner, Rosatti lo dijo en una entrevista para el libro “El peronismo de Cristina” y lo repitió durante años desde que asumió en el máximo tribunal. El gobierno de Javier Milei, todo indica, lo hizo cambiar de parecer.

Rosatti dice que “el juez es muy mal político”, pero la Corte que integra con Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz funciona como rueda de auxilio del plan Milei y los intereses que representa. Lo festejan embajadas extranjeras y magnates que se inspiran en el ejemplo de Joe Lewis. 

En casi tres años de mandato de La Libertad Avanza, con la violencia de un ajuste inédito en democracia, derrumbe del mercado interno, las pymes en una crisis acelerada por los embargos, una reforma laboral que no creó empleo, caída del salario y morosidad récord, la Corte tuvo solo dos definiciones resonantes. Una para ordenar la detención de Cristina Fernández y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La otra para imponer su política sobre el Congreso y permitir la venta sin límites de tierras rurales. En los dos casos, los supremos siguieron la misma lógica: no se hicieron cargo de su decisión de fondo y se ampararon en una cuestión de forma para jugar fuerte, a favor de la Argentina que defiende Milei.

Si en el caso de la ex presidenta, actuaron en línea con Milei, Comodoro Py, algunas embajadas y un bloque de empresas de comunicación que militaron durante una década para sacarla del juego democratico, en el fallo a favor de  los magnates extranjeros, decidieron incinerarse ante una sociedad que en los últimos tiempos puso en primer plano la bandera argentina y la soberanía nacional. Tanto que hasta Milei se volvió malvinero.

El fallo de la Corte le negó legitimidad a los ex combatientes del CECIM para demandar en defensa de la soberanía nacional. ¿Los grandes estudios de abogados que redactaron el decreto 70 como Bruchou y Funes de Rioja tienen más legitimidad? En la marcha del martes próximo a la Corte y la movilización del 15 de octubre en todo el país se verá si, como en el caso del 2×1 a favor de los represores, la Corte volvió a meter los dedos en el enchufe, encerrada en el microclima confortable del Palacio.

Los supremos abrieron una caja de pandora y dejaron expuesto el megadecreto 70/2023, la piedra angular del experimento libertario: lo más parecido a una reforma constitucional que Milei ejecutó sin apoyo del Congreso. También enviaron un mensaje a los tribunales inferiores: no saquen los pies del plato ni contradigan el rumbo del presidente.

La venta sin límites de tierras rurales a extranjeros busca convertir en norma el modelo de enclave que Lewis levantó en las 12 mil hectáreas que adquirió en Lago Escondido hace 30 años. Las denuncias por la compra fraudulenta de las tierras y la clausura del acceso al Lago tramitan obtuvieron fallos favorables que nunca se cumplieron. La legisladora rionegrina Magdalena Odarda inició una demanda hace 20 años para que los argentinos dejen de ser extranjeros en la zona, ubicada a 19 kilómetros de la ruta 40.

Lewis privatizó un espacio público: cerró el camino más corto al lago y hoy hay que caminar durante 4 días para recorrer los 80 kilómetros ida y vuelta que tiene el camino largo de montaña.

Desde 2023, la causa por el libre acceso está en manos de la Corte Suprema y Odarda teme que Juan Bautista Mahiques interceda ante Rosatti y el resto de los supremos para hacerle un nuevo favor a Lewis. Hay antecedentes. En 2021, Carlos “Coco” Mahiques sobreseyó al hijo del magnate britanico y en 2022 padre e hijo viajaron a la mansión de Lewis en el avión privado que pagó el Grupo Clarín.

Aunque se aborrecen desde hace años, Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz son capaces de unirse en definiciones estructurales. Una fuerza superior los ordena y disciplina. Dueños de un poder imperecedero que se sienta a esperar el ocaso de los políticos, los jueces de la Corte se benefician también de ser ilustres desconocidos. A nadie le rinden cuentas. Salvo Rosatti, que desde el peronismo se sometió alguna vez al voto popular, los demás aplican sin fisuras a la lógica de casta que denunciaba el hoy presidente.

Con la economía camino en recesión y una suba de más de 30% del riesgo país en las últimas tres semanas, el viaje de Milei a una París convulsionada con 13 gobernadores, un camarista clave como Sergio Fernández y los empresarios más importantes de la Argentina muestra que la Corte no es el único reaseguro de la extrema derecha. Indiferente a la realidad de los perdedores, gran parte de la elite dirigente sigue acompañando. No está claro cuándo llegarán los 27 mil millones de dólares que el embajador Ian Sielecki anunció ni si van a seguir la misma suerte que los 25 mil millones de dólares que San Altman prometió invertir hace exactamente un año en un mega data center en la Patagonia. Mientras Milei se reunía con Emmanuel Macron, París estaba en medio de una ola de protestas de colegios secundarios de los suburbios que se espiralizó hasta lograr la adhesión de los universitarios y una huelga general de empleados públicos y bomberos con 170 puntos de concentración en todo el país.