Alejandra Bada Vázquez, dueña de Lácteos Vidal, criticó la decisión del juez José Ignacio Ramonet en medio de un conflicto que mantiene con exempleados no reincorporados.

“Me quieren fundir”. Es lo que advirtió Alejandra Bada Vázquez, dueña de Lácteos Vidal, al referirse a una nueva resolución judicial que, según ella, vuelve a poner en jaque a la pyme láctea de Moctezuma, partido de Carlos Casares. El juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 69, José Ignacio Ramonet, ordenó un embargo preventivo de más de $167 millones a pedido del gremio Atilra, en medio de un conflicto gremial que ya lleva tres años. Se desató por un bloqueo al que luego le siguió el despido de empleados.

La decisión judicial se conoció un día antes de una audiencia de conciliación hoy en la que la empresa volvió a presentar una oferta para cerrar el conflicto: pagar el 50% de las indemnizaciones reclamadas por los exempleados, tal como lo había sugerido el propio juez en una instancia anterior. Sin embargo, según relató la empresaria, ninguno de los trabajadores asistió a la audiencia virtual. Solo estuvo presente el abogado del gremio, Alberto Coronel, y tampoco participó el juez Ramonet, que delegó la convocatoria en su secretaria.

“No entiendo nada. Hicimos una oferta razonable, la que había sugerido el mismo juez. Encima la rechazaron sin que los trabajadores estuvieran presentes. Solo estaba el abogado. Tampoco el juez. La audiencia fue un simulacro”, expresó la empresaria.

Según explicó, el embargo se basa en una multa (astreintes) por no haber reincorporado a 26 trabajadores despedidos. Bada Vázquez insistió en que esa resolución está apelada ante la Corte Suprema y que el cálculo del monto es totalmente incorrecto. “Tomaron como válidos $50.000 por día, cuando lo único firme son $10.000. El embargo tendría que ser por 40 millones, no por $167 millones. Es una locura”, afirmó.

En la resolución firmada por el juez, se indicó: “Decrétese embargo preventivo sobre los fondos presentes y futuros que Lácteos Vidal tenga depositados o a depositar […] hasta cubrir la suma de $129.723.774, más $38.900.000 en concepto de intereses y costas”.

La disputa judicial se remonta a 2022, cuando trabajadores nucleados en Atilra iniciaron medidas gremiales en reclamo de recategorizaciones. La empresa denunció bloqueos y hechos de violencia. En ese contexto, despidió a 26 de sus 46 empleados. El gremio judicializó la medida y el juez Ramonet dictó una medida cautelar para que fueran reincorporados.

Según Bada Vázquez, el juez actuó alegando que los despedidos tenían fueros gremiales, “cuando en realidad ninguno los tenía”. Posteriormente, varios de los trabajadores desistieron de su reclamo de reincorporación y pidieron la indemnización, por lo cual, en una resolución previa, el juez declaró abstracta la medida.

“Ahí le pedimos que cierre el tema porque no se puede pedir indemnización y reincorporación al mismo tiempo. Y nos dio la razón. Pero en la misma resolución, les liquida los astreintes hasta el día en que pidieron la indemnización. Eso es lo que está apelado”, explicó.

“No se puede pedir reincorporación y plata al mismo tiempo. El juez lo reconoció, pero igual nos liquidó una multa. Y ahora, sin que esté firme, nos embargan. Es muy injusto”, agregó.

Más allá del proceso judicial, la empresaria insistió en que el embargo pone en riesgo el funcionamiento diario de la pyme. “Nos deja sin plata para pagar los sueldos, los aguinaldos, los impuestos, los proveedores. No es que me retienen plata que tengo guardada, es que nos dejan sin aire para operar. Es un daño irreparable”, advirtió.

La firma sigue trabajando, aunque con muchas dificultades. Produce leche, quesos y otros productos lácteos, tanto para consumo interno como para exportación. Pero, según su dueña, esta situación puede paralizar toda la operación.

“Estamos produciendo, pero si me embargan esa cuenta, no puedo pagar nada. Usamos ese dinero todos los días. No es una reserva, es el movimiento normal del negocio”, explicó.

Denunció que la intención del gremio es llevarla al cierre definitivo. “Hace tres años que vengo tratando de sobrevivir. No quieren que esto se termine. No quieren acuerdo. Y siento que manejan al juez, porque esto no tiene lógica”, sostuvo.

También cuestionó el hecho de que el embargo se haya dictado justo antes de la audiencia de conciliación: “¿Cómo vamos a negociar algo si ya nos pusieron un embargo? ¿Qué trabajador va a aceptar un acuerdo si ya le prometieron millones? Esto fue hecho para que fracase cualquier posibilidad de arreglo”, dijo.

“El mensaje es claro: fundite y callate. Nos están empujando al abismo con medidas que no tienen ni sentido ni justicia. Pero vamos a seguir peleando”, dijo. Añadió: “Vamos a apelar este embargo y a denunciar todo lo que tengamos que denunciar. No nos vamos a rendir”.

Desde Atilra, en tanto, confirmaron la medida judicial y remarcaron que se trata del primer embargo contra la firma por no pagar los astreintes. En un comunicado, el gremio señaló: “Este es el primer embargo que recibió la firma láctea al no pagar los astreintes por negarse a incorporar a los trabajadores despedidos injustamente”.

Señalaron que hay más embargos en preparación, por montos incluso mayores. “Otros embargos se preparan por cifras superiores a este primer embargo, sin perjuicio de las otras causas que están pendientes de resolución”, indicaron. El sindicato también apuntó contra el rol del juez Ramonet: “El juez no fue capaz de hacer cumplir en su momento la resolución que él mismo dictó”.

Finalmente, explicaron el sentido de los astreintes: “Son sanciones económicas impuestas por un juez a una parte que no cumple con una orden judicial determinada. Se calculan como una suma de dinero por cada día, semana o mes que transcurre sin que se cumpla la orden judicial”.