El consultor político, actualmente imputado en Bolivia por tentativa de feminicidio, arrastra un oscuro antecedente penal: fue condenado por estafar a una familia con la venta de un departamento.

Antes de convertirse en el influyente consultor político que maneja campañas presidenciales en América Latina y de estar imputado en una causa en Bolivia por tentativa de feminicidio, Fernando Cerimedo consolidó su trayectoria mediante un esquema sistemático de engaños y manipulación emocional. Su historial, lejos de limitarse a la construcción de estrategias de comunicación digital, arranca con una condena penal firme por defraudar a familias trabajadoras mediante la venta de inmuebles ajenos.

El caso testigo que expone su modus operandi es el de la familia de Lucía Salas, hermana del periodista Rodrigo Lussich, cuyos ahorros de toda una vida fueron sustraídos a través de un plan de simulación y amenazas.

El “modus operandi” de un manipulador

El 25 de julio de 2012, Cerimedo firmó un boleto de compraventa con María del Rosario Pérez Yáñez y Alejandro Gabriel Real Salas por un departamento ubicado en la calle Chile 2218, unidad funcional 6, departamento 8, en la ciudad de Mar del Plata, por un valor de 30.000 dólares estadounidenses cobrados en efectivo.

Sin embargo, la operación constituía una estafa flagrante: el imputado ya había vendido la misma propiedad el 3 de mayo de ese mismo año a Daniela Adela Irouleguy por idéntico monto. Pero los compradores estafados no eran inversionistas corporativos, sino trabajadores de Pilar que buscaban garantizar el retiro y la jubilación de sus padres.

«Mis padres son laburantes, nosotros somos del campo. Habían llegado a juntar una cantidad de plata, eran los ahorros de ellos y era el proyecto que tenían para su futuro, para su jubilación», recordó Lucía, sobre la estafa que sufrió por parte de quien hasta hace unos días se desempeñaba como asesor político del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

Para acelerar la entrega del dinero en efectivo y eludir sospechas, Cerimedo utilizó como carnada la salud de un menor de edad. Les aseguró falsamente por correo electrónico que su sobrino celíaco se estaba muriendo en el Hospital Fernández con el intestino destrozado, y que necesitaba urgentemente dólares para pagar insumos médicos importados desde Estados Unidos.

Los Real Salas, que en ese momento atravesaban la internación de una tía debido a un grave accidente cerebrovascular en Brasil, empatizaron e inmediato con la supuesta tragedia familiar del vendedor y apuraron el pago de los 30.000 dólares. Según cuentan desde la familia damnificada, el engaño llegó al extremo de que Cerimedo se comunicó con ellos simulando ser un escribano de nombre «Fernández Vibanco» para presionarlos a concretar la operación en una locación improvisada en pleno centro marplatense.

Una vez concretada la transacción y entregada la posesión, la familia amobló el departamento con camas y muebles humildes trasladados con enorme esfuerzo en tren desde Pilar. No obstante, aprovechando un viaje temporal de las víctimas a su localidad de origen, Cerimedo contrató un cerrajero y un flete para irrumpir ilegalmente en el departamento, vaciándolo por completo para simular ante la otra compradora que los bienes eran de su hermana. 

El impacto emocional y la humillación de este allanamiento ilegal es relatado por Lucía con crudeza: «Se metió hasta con la ropa íntima. Mi mamá, así como te lo voy a expresar, lisa y llanamente, le agarró las bombachas a mi madre… Nos vulneró la intimidad y la vida de una manera escalofriante«. Posteriormente, Cerimedo intentó encubrir el saqueo enviándoles correos electrónicos con facturas de un depósito judicial situado en una zona peligrosa y brindando versiones absurdas sobre una supuesta subasta del departamento por deudas del dueño anterior.

Antecedentes y denuncias contra Cerimedo

El 23 de marzo de 2016, el Juzgado en lo Correccional N° 3 de Mar del Plata condenó a Cerimedo a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por ser autor responsable de los delitos de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados y estafa en concurso ideal. Aunque firmó un acta de compromiso en la que prometía devolver los 30.000 dólares en un plazo de 60 días para evitar el juicio oral, jamás pagó un centavo y se declaró judicialmente insolvente ante la posterior demanda civil iniciada por las víctimas. 

Lejos de mostrar arrepentimiento, Cerimedo recurrió al hostigamiento cuando fue confrontado en 2023 por la visibilidad pública de su rol político como parte del armado de la campaña de Javier Milei: «Varias veces me había dicho que tenga cuidado, que yo no sabía con quién me estaba metiendo», recordó Salas, sobre la amenazas a las que recurrió el exasesor libertario para amedrentar a su familia.