El posicionamiento del oficialismo provincial de Misiones marca un marcado contraste con su conducta previa. En abril de 2024, los siete diputados nacionales por la provincia de Misiones votaron a favor de la Ley Bases en general. En aquel momento, la bancada de Innovación Federal, integrada por Carlos Fernández, Yamila Ruíz, Daniel Vanczik y Alberto Arrúa, sumó sus votos junto a Martín Arjol (UCR), Emmanuel Bianchetti (PRO) y Florencia Klipauka (quien pasó de Cambio Federal a La Libertad Avanza), dando luz verde a las reformas estructurales de Javier Milei.
Hoy, el escenario es distinto: la decisión del espacio que responde a Passalacqua de sumarse al rechazo del decreto insigne del Poder Ejecutivo representa una vuelta de página. El DNU 70/2023, firmado a tan solo diez días de la llegada de Milei a la Casa Rosada como la primera gran medida de desregulación, encuentra así un frente opositor ampliado.
El diputado Arrúa confirmó que acompañará la iniciativa para derogar el decreto en el Congreso. «El 70/23 le afectó a todo el país, pero particularmente a la provincia de Misiones», expresó. Además, sostuvo que los diputados misioneros le dieron al presidente Milei «dos años de crédito«.
«Hoy que se da esta posibilidad donde podemos tratar el decreto 70/23 en el recinto, vamos a estar ahí», declaró en diálogo con El Destape 1070. «Nos ha liquidado como provincia», consideró. El legislador del nuevo bloque Argentina Federal explicó por qué la provincia cambió de posición respecto a los votos y su impacto en las medidas oficialistas. «Le dimos dos años de crédito, de acuerdo a distintos acuerdos que hacía el Gobierno nacional con el gobierno de la provincia, pero la reciprocidad nunca fue la misma», señaló y añadió: «Primero se hablaba de darle gobernabilidad, como nos tendrían que dar gobernabilidad a nosotros, no ha sucedido» .
Arrúa reconoció que durante los primeros años del gobierno libertario acompañó iniciativas del oficialismo por decisiones de la conducción política provincial. “Obviamente sí, porque era el acuerdo y las directivas políticas que nosotros teníamos de esa conducción que ahora no está más en la provincia«, respondió antes la consulta por sus votos a favor de proyectos polémicos como el RIGI y la reforma laboral.
Argentina Federal se conformó en agosto a partir del acuerdo inicial de los diputados misioneros que integraban Innovación Federal. Luego, el espacio incorporó legisladores de otras provincias y alcanzó nueve bancas. Para la representación misionera, el nuevo espacio busca afianzar una posición común que permita defender los intereses de la provincia y aumentar su peso en las decisiones nacionales.
Doble protesta contra el Gobierno: las organizaciones se preparan para una movilización masiva al Congreso
Afuera del Congreso, confluirán dos de los reclamos que más legitimidad juntaron desde que Milei es Presidente, como la Ley de Financiamiento Universitario y el pedido para que no se derogue la Ley de Tierras, que estipula cuáles son los límites de porcentaje de territorio que puede ser adquirido por extranjeros. En la previa, la convocatoria se prepara para ser masiva, en lo que sería un fuerte mensaje a un año de las elecciones en las que el libertario buscará ser reelecto. Lo que suceda adentro ya no depende de los ciudadanos de a pie, sino de los diputados, muchos de los cuales deberán rendir cuentas a su electorado en 2027.
La marcha de las universidades fue definida semanas atrás, después de que se agotara una batería de medidas de gremios docentes y nodocentes, como paros y jornadas de clases públicas. La semana pasada, se intensificó el rol de la pata estudiantil en el conflicto, con la protesta de centros de estudiantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación.
En medio de una sentada en el hall del edificio, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, recibió a algunos estudiantes que exigían que el Gobierno aumente las becas de alumnos acorde a lo que dice la Ley de Financiamiento Universitario, pero, después de tres minutos de reunión, las autoridades universitarias los sacaron de forma violenta. Un rato después, el Ministerio de Capital Humano anunció que presentaría una denuncia en la Justicia.
Además, frente al Congreso habrá columnas de centrales obreras, que no levantaron la medida a pesar del fallo de la Corte, como es el caso de las dos CTA. «El 15 de octubre volveremos a ganar las calles para exigirle a la Cámara de Diputados que derogue el DNU 70/23 y avance en su declaración de inconstitucionalidad», sostuvo en un comunicado la CTA Autónoma.
Mientras que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió en las últimas horas un paro nacional de 24 horas para este jueves 15 de octubre y en la Capital Federal se movilizará al Congreso de la Nación a partir de las 13:30 para exigir la derogación del decreto.
El Destape 1070.-
