Fue electa por la provincia de Río Negro y el kirchnerismo impugna por supuestos vínculos con el narcotráfico; otros bloques también intentan frenar su incorporación; el viernes 28 será la sesión que definirá el caso.

Impulsada por el kirchnerismo, que la acusó sin medias tintas de narcotraficante, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta emitió un dictamen de rechazo a la validez del título de senadora electa de la actual diputada libertaria Lorena Villaverde (Río Negro), quien fue impugnada por el PJ de la provincia patagónica.

El despacho obtuvo mayoría pero no tiene fuerza dispositiva, por lo que Villaverde todavía tiene posibilidades de jurar como senadora. El tema lo definirá el pleno de la Cámara alta el viernes de la semana próxima, cuando se celebrará la sesión prevista para que juren los 24 nuevos senadores elegidos en los comicios del 26 de octubre.

Nada garantiza que la mayoría alcanzada en Asuntos Constitucionales esta tarde se repita la semana próxima, ya que la sesión la protagonizarán los 72 legisladores que integrarán el cuerpo a partir del 10 de diciembre. De hecho, cinco de los once senadores que manifestaron su oposición al ingreso de Villaverde no podrán votar el viernes 28 porque terminan sus mandatos.

Hasta el momento, el dictamen en rechazo a la asunción de Villaverde como senadora reunió los firmaron los kirchneristas Sergio Leavy (Salta), Guillermo Andrada (Catamarca), Mariano Recalde (Capital), Silvia Sapag (Neuquén), Florencia López (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Daniel Bensusán (La Pampa).

A ellos se sumaron la presidenta de la comisión, Alejandra Vigo (Córdoba-Provincias Unidas), el peronista Juan Carlos Romero (Salta-Provincias Unidas) y Pablo Blanco (UCR-Tierra del Fuego). Se espera que la larretista porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro) también ponga su rúbrica en el despacho.

La impugnación ingresó el lunes al Senado y objeta la idoneidad moral de Villaverde para ocupar el escaño para el que fue habilitado para competir por la justicia electoral y que ganó en las elecciones de 26 de octubre último al quedar La Libertad Avanza (LLA) como segunda fuerza en Río Negro detrás del kirchnerismo. La principal acusación en su contra es su protagonismo en una causa por tráfico de estupefacientes en los Estados Unidos y sus vínculos con el ciudadano argentino acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado.

“La idoneidad, establecida en el artículo 16 de la Constitución Nacional comprende la honestidad, transparencia y conducta ética que deben caracterizar a toda persona que aspire a representar al pueblo y/o a las provincias en el Honorable Congreso de la Nación. La conducta de la Sra. Villaverde vulnera de modo grave estos principios, afectando el orden público electoral y los valores republicanos de la democracia representativa”, sostiene el escrito.

El principal impulsor del rechazo fue el bloque kirchnerista de Unión por la Patria, que atacó en duros términos a la legisladora objetada y al gobierno de Javier Milei.

“No podemos permitir que una persona vinculada con el narcotráfico esté sentada en el Senado”, sentenció José Mayans (Formosa), jefe del bloque kirchnerista de la Cámara alta, luego de recordar que Villaverde había sido detenida y procesada en los Estados Unidos en 2002 tras haber sido sorprendida con dos kilos de cocaína por un policía encubierto.

En ese sentido, Mayans aseguró que la senadora electa “sigue teniendo vínculos muy fuertes con Fred (Federico) Machado”, el ciudadano argentino extraditado a los Estados Unidos acusado de tráfico de drogas y de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Por sus relaciones con Machado fue que José Luis Espert debió renunciar a buscar su reelección como diputado al frente de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Como se esperaba, sumaron su rechazo activo a la incorporación de Villaverde el radical Blanco y el peronista Romero, este último impulsor del proyecto de ley de Ficha Limpia que el Gobierno ayudó a boicotear en la sesión del pasado 7 de mayo.

“Si hubiéramos tenido Ficha Limpia, (Villaverde) no llegaba a ser candidata”, afirmó Romero, antes de arengar a los presentes a impedir su jura como senadora. “No podemos tener en el Senado a gente con esta ficha , con esta red de contactos, con estos vínculos”, agregó en referencia a las personas con las que fue detenida cuando portaba estupefacientes.

En defensa de Villaverde

La primera voz en defender a Villaverde fue la del cordobés Luis Juez (Pro), quien destacó que en todos los casos que la tuvieron involucrada la legisladora terminó con la causa archivada y sobreseída.

“Las causas en el exterior fueron desestimadas y, en el país, la Unidad de Información Financiera se ocupó de despejar cualquier duda al no haber denunciado ningún reporte de operación sospechosa contra Villaverde”, destacó Juez. “No podemos decir cualquier cosa porque esto nos podría pasar a cualquiera de nosotros”, remató.

El libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja) también defendió a Villaverde. En ese sentido, le recordó al kirchnerismo que “también por dimes y diretes se llegó a vincular con la causa de la efedrina a una persona que llegó a ser ministro del Interior”, en alusión a Aníbal Fernández.

Más aún, el oficialista riojano les recordó a los kirchneristas que alguna vez “bancaron a (José) Alperovich, ahora condenado por abuso sexual, durante varios años” con el argumento de que no tenía una sentencia en ese momento. Los que quieren impedir la jura de Villaverde se amparan en el artículo 64 de la Constitución Nacional, que establece que cada cámara “es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez”.

Esta facultad ya fue ejercida en el Senado en 2003, cuando Cristina Kirchner le impidió jurar su banca como senador por Corrientes a Raúl “Tato” Romero Feris, con el argumento de que buscaba fueros para escapar de las condenas por actos de corrupción en la administración pública cometidos cuando fue gobernador provincial.

Sin embargo, la otra mitad de la biblioteca sostiene que no hay causas nuevas para impedirle a Villaverde asumir su banca y recuerdan el fallo de la Corte Suprema en el caso de Antonio Domingo Bussi, a quien la Cámara de Diputados se negó a tomarle juramento el 10 de diciembre de 1999. Seis meses después, terminó por impedirle asumir su banca por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. El mismo criterio aplicaron poco después con el exsubcomisario Luis Abelardo Patti.

El máximo tribunal de justicia terminó fallando siete años después que la Cámara baja se había excedido en el ejercicio de sus facultades, ya que al negarle a Bussi la posibilidad de asumir la banca estaba vulnerando la voluntad popular.