Con el escándalo de los audios como telón de fondo, el Congreso revirtió por primera vez un veto de esta gestión; el oficialismo resistió prácticamente en soledad y no pudo contener ni a su propia tropa.

En una muestra de contundencia, la oposición en el Senado sostuvo la ley de emergencia en discapacidad y el Poder Ejecutivo deberá aplicarla, pese a que Javier Milei decidió vetarla. La insistencia fue acompañada por casi todo el arco opositor y desnudó como nunca la fragilidad parlamentaria del oficialismo. Logró 63 apoyos, siete rechazos y ninguna abstención. Es el primer veto que el Congreso le voltea a la administración libertaria.

La norma, sancionada a inicios de julio, actualiza aranceles de prestadores y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Las pensiones por invalidez laboral vigentes pasan automáticamente a ese esquema, con acceso garantizado a un programa de atención médica. También ordena regularizar deudas del sistema de salud con los prestadores.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), como Diputados no logró insistir con el aumento jubilatorio, el impacto fiscal de la norma −sin cambios en movilidad ni bonos− implicaría un 0,26% del PBI en 2025 y 0,46% en 2026.

El recinto debate ahora el proyecto que busca acotar el alcance de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Si el Senado lo aprueba, obtendrá la media sanción y la definición final quedará en Diputados.

El mazazo de la oposición se da a tres días de las elecciones bonaerenses y expone la debilidad de la estrategia política de La Libertad Avanza (LLA), que se defendió prácticamente en soledad: el rechazo de seis libertarios solo fue acompañado por la bullrichista cordobesa Carmen Álvarez Rivero, de Pro. Les faltó, incluso, una senadora de su propia tropa: la jujeña Vilma Bedia, que se resistió a plasmar su voto en contra de las personas con discapacidad.

El segundo ausente fue el chaqueño José Rodas, de UP, que pasó parte de enfermo.

Con Milei en Estados Unidos y la vicepresidenta Victoria Villarruel en ejercicio de la presidencia, el senador Bartolomé Abdala −presidente provisional− comanda la sesión.

El debate

La discusión en el recinto no pudo desligarse de los audios de Diego Spagnuolo. La oposición utilizó el escándalo por las presuntas coimas en el área de Discapacidad para rechazar el veto de Milei; el oficialismo lo catalogó como una operación para “desestabilizar” al Gobierno.

El catamarqueño Guillermo Andrada (UP) puso en tela de juicio el corazón de la política de Milei: “Lo que pensábamos que era una cuestión de eficiencia fiscal está apareciendo como una matriz de corrupción. Esto no es eficiencia, es crueldad”.

Del mismo espacio, la fueguina Cristina López entonó al ritmo de “Guantanamera” la canción que −dijo− canta la gente en la calle: “Alta coimera, Karina es alta coimera”.

La larretista Guadalupe Tagliaferri (Pro) fue al hueso. Explicó que la discapacidad no es un problema privado, sino que es un problema del Estado por su rango constitucional y sentenció: “Cuando me pregunten de dónde sale la plata para financiar esta ley, les voy a contestar que sale del sobreprecio y la coima, así que no insistan”.

La respaldó la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal). Señaló que el impacto fiscal de la ley es “mínimo”, de no más de un 0,3% del PBI. Sin embargo, subrayó, “para las familias ese porcentaje supone la diferencia entre sostener la vida cotidiana con una persona con discapacidad o caer en la desesperación”.

En defensa del oficialismo, la senadora bullrichista Carmen Álvarez Rivero (Pro) acusó a la oposición de querer “desestabilizar” al Gobierno. “No necesitamos otra ley ni declarar emergencias, necesitamos gestión”, evaluó, pese a que hacia allí apuntan las críticas opositoras. Anticipó que iba a acompañar el veto presidencial, pero exigió: “Aprovecho este momento para pedirle públicamente al ministro Lugones: aumentemos hoy, esta tarde, los aranceles para que las personas puedan seguir recibiendo las prestaciones que necesitan, para que los profesionales puedan seguir trabajando”.

Uno de los antiguos aliados del Gobierno, el correntino Eduardo Vischi (UCR), expuso su viraje. Manifestó su desacuerdo con el Poder Ejecutivo y determinó: “Ante los dilemas que existen en la administración pública, hay prioridades que atender”.

Uno de los últimos oradores fue el jefe de UP, José Mayans. Sin eufemismos, habló de la necesidad de “destituir a este presidente mafioso” y fue tajante frente a las objeciones del Gobierno sobre el gasto que demanda la norma: “¿De donde vamos a sacar la plata? Que deje de robar un poquito Karina, o que baje su arancel, con el 1,5% ya está“.

El último en tomar la palabra fue Luis Juez (Pro), que agradeció en nombre de su hija, Milagros, a todos los senadores.

Reforma de DNU

La reforma sobre DNU no implica erogaciones, pero sí tiene efectos institucionales. Un arco amplio -UP, parte de la UCR, Pro y bloques provinciales- propone ajustar la ley de trámite legislativo para aplicar un criterio más restrictivo al tratamiento de DNU y de facultades delegadas del Poder Ejecutivo. La ley 26.122, sancionada en 2006, instauró la “sanción ficta”: si el Congreso guarda silencio, los decretos siguen vigentes y pueden quedar convalidados si una de las cámaras los aprueba.

El nuevo texto invierte esa lógica: exige ratificación explícita de ambas cámaras para que un DNU conserve su vigencia y fija un plazo de 90 días para que el Congreso se expida; si no hay pronunciamiento en ese lapso, el decreto cae.

Con dictamen firmado, la iniciativa necesita mayoría simple para obtener media sanción en el Senado. La última palabra la tendrá Diputados.

Quedó para la próxima sesión -prevista para la semana que viene- el pedido de interpelación a la secretaria General, Karina Milei, por los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que describen un presunto esquema de coimas y la señalan como beneficiaria final. Lo confirmó el jefe del bloque UP, José Mayans, al ingresar al Senado. Les dará tiempo para reunir las adhesiones necesarias: sin dictamen, el tratamiento sobre tablas exige dos tercios, un umbral que parte de la oposición se resistió a derribar hoy para no quedar alineada con una jugada que el kirchnerismo empuja en clave electoral.

Durante las cuestiones de privilegio, Mayans hizo un repaso de la polémica que atraviesa al Poder Ejecutivo y anticipó otra jugada: la posibilidad de impulsar el juicio político contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la denuncia que solicita allanamientos a periodistas que difundieron audios atribuidos a Karina Milei. “Sin importar el color político, tenemos que hablar con nuestros representantes en Diputados y acá. tiene que acusar la cámara de Diputados ante el Senado de la Nación a la ministra Bullrich por este disparatado acto y por falsa denuncia poniendo en alerta todo el sistema de seguridad nacional”, dictaminó.