VANDALISMO RURAL: DIPUTADOS ANALIZA DOS PROYECTOS PARA ENDURECER LAS PENAS
Las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería se reunirán en plenario para avanzar sobre iniciativas que buscan incorporar al Código Penal nuevas figuras y agravantes vinculadas con daños en establecimientos agropecuarios.
La Cámara de Diputados volverá a poner este martes bajo análisis una problemática que viene generando preocupación en el sector agropecuario: los hechos de vandalismo rural y los daños provocados sobre establecimientos, producciones e infraestructura vinculada a la actividad. Las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería realizarán un plenario en el segundo piso del Anexo «C» de la Cámara baja, con el objetivo de avanzar en el tratamiento de dos iniciativas que buscan establecer y endurecer penas para este tipo de hechos. Se trata de proyectos presentados por los diputados Martín Ardohain (PRO), presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, y Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria). La problemática ya había sido abordada por ambas comisiones por separado. En esas reuniones, representantes de entidades agropecuarias expresaron su respaldo a la necesidad de contar con herramientas penales específicas frente a los daños que afectan al ciclo productivo.
El proyecto de Ardohain
La iniciativa de Ardohain propone incorporar el artículo 150 bis al Código Penal, estableciendo una pena de uno a doce meses de prisión para quien ingrese a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo. El proyecto establece que esa voluntad de exclusión se presume cuando existen cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso. A su vez, contempla excepciones cuando el ingreso responda a una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando las características del lugar no permitan distinguir claramente el límite con la vía pública. Uno de los puntos centrales de la propuesta es la creación del artículo 184 bis, destinado específicamente a los daños que afectan de manera directa al proceso productivo. El texto plantea penas de dos a ocho años de prisión, además de una multa de entre tres y doce veces el valor del daño causado, para quien, sin generar una situación de peligro común, destruya, inutilice, haga desaparecer o dañe elementos que afecten directamente el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura de un establecimiento agropecuario. Entre los bienes alcanzados menciona, entre otros, cereales no cosechados, silobolsas, ganado y leña.
El texto plantea penas de dos a ocho años de prisión, además de una multa de entre tres y doce veces el valor del daño causado, para quien, sin generar una situación de peligro común, destruya, inutilice, haga desaparecer o dañe elementos que afecten directamente el ciclo productivo.
La misma pena se aplicaría a quienes dañen instalaciones tecnológicas destinadas a la provisión de energía o extracción de agua. Además, la iniciativa contempla una agravante: la pena mínima se elevaría al doble cuando el autor, o quien hubiera determinado a otra persona a cometer el hecho, fuera funcionario público o se dedicara habitualmente a la actividad agropecuaria. Por otra parte, Ardohain propone modificar el artículo 209 del Código Penal, que actualmente establece penas para quien públicamente instigue a cometer un delito. La reforma plantea aumentar la pena en un tercio cuando la instigación se realice mediante medios de comunicación masiva, redes sociales o plataformas digitales.
Qué plantea el proyecto de Gutiérrez
La segunda iniciativa, impulsada por Ramiro Gutiérrez sobre la base de un proyecto que había perdido estado parlamentario, apunta también a incorporar herramientas específicas frente a los daños que afectan a establecimientos productivos.En primer lugar, propone incorporar al artículo 77 del Código Penal una definición legal de los conceptos de «peligro común» y «estrago». Además, plantea crear un nuevo artículo 184 bis para establecer penas de uno a cuatro años de prisión para quien, mediante destrucción, inutilización, vandalismo u otro medio idóneo de daño, afecte de manera relevante el normal funcionamiento o la continuidad de la actividad de un establecimiento rural, industrial o productivo. La pena se elevaría a dos a seis años cuando el hecho recaiga sobre bienes, insumos o infraestructura considerados esenciales para el desarrollo de la actividad; cuando sea cometido por dos o más personas que actúen de manera coordinada; o cuando provoque un perjuicio económico de significativa magnitud. El proyecto también propone modificar el régimen de penas vinculado con el delito de estrago. En particular, plantea elevar a seis a quince años de prisión la pena para quien cause estrago doloso en un establecimiento rural, industrial o productivo. Asimismo, contempla una reformulación del tratamiento del estrago culposo, mediante modificaciones al artículo 189 del Código Penal.
En particular, plantea elevar a seis a quince años de prisión la pena para quien cause estrago doloso en un establecimiento rural, industrial o productivo.
Un debate centrado en la protección de la producción
El plenario de este martes será, de esta manera, una instancia clave para determinar si ambas propuestas pueden avanzar hacia una iniciativa consensuada. Aunque los proyectos presentan diferencias en cuanto a las figuras penales, las escalas de penas y las circunstancias que consideran agravantes, ambos parten de un mismo objetivo: incorporar al Código Penal herramientas específicas para sancionar daños que afectan la continuidad de actividades productivas y bienes esenciales para el sector agropecuario. La discusión parlamentaria tendrá lugar en un contexto en el que las entidades del campo vienen reclamando que los daños sobre cultivos, animales, instalaciones, silobolsas, infraestructura energética y sistemas de provisión de agua tengan una respuesta penal acorde con el impacto económico y productivo que pueden generar.
Incorporar al Código Penal herramientas específicas para sancionar daños que afectan la continuidad de actividades productivas y bienes esenciales para el sector agropecuario.
