El Gobierno cesó el pago a 110.000 beneficiarios; son el 10% del total; según la nueva normativa, la inasistencia a la auditoría es causal de pérdida de la ayuda; sin embargo, un informe revela que al 46% de los citados no les había llegado la notificación.

Aprincipios de este mes el Gobierno anunció que ya había suspendido 110.522 pensiones no contributivas por discapacidad como resultado del proceso de auditoría que anunció en febrero de este año.

La suspensión alcanza a algo más del 10% del total de beneficiarios, ya que, según fuentes oficiales, el universo de personas que percibían este beneficio al momento del anuncio de esta medida era de 1.013.400.

Pero esas suspensiones dieron lugar a una serie de reclamos de personas que se vieron damnificadas por la medida pese a contar con los requisitos necesarios para percibir el beneficio. En muchos de eso casos, se trata de personas que no asistieron a la convocatoria, ya que, sostienen, no recibieron la citación vía carta documento en tiempo y forma.

Según informó la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a LA NACION, por este último punto ya recibieron 2000 reclamos. “Se estima que unas 300 solicitudes de rehabilitación serán procesadas favorablemente en los próximos días”, hizo saber el organismo.

Cabe recordar que el aumento de la cantidad de pensiones otorgadas en los últimos 20 años (de 78.585 beneficios a la cifra actual) fue lo que impulsó esta evaluación iniciada por el Estado debido a que, afirmaron desde la Andis, se encontraron inconsistencias en el otorgamiento de muchas de ellas.

Sin embargo, las primeras jornadas de auditoría fueron caóticas, según denunciaron diferentes organizaciones, las que también alzaron la voz por el formato de la convocatoria, que no era la suficientemente accesible para todo el colectivo.

“Hay que analizar estas cifras en el marco no solo de lo que está pasando con el proceso de auditoría, en el que se registraron irregularidades graves, sino también de la modificación del marco normativo para otorgarlas”, sostiene Belén Arcucci, coordinadora del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Arcucci se refiere a los cambios introducidos en septiembre último con respecto a los requisitos para el acceso al beneficio, las obligaciones de los beneficiarios y también las causales de suspensión.

“El Gobierno volvió a instalar requisitos que ya fueron declarados inconstitucionales por la Justicia, como acreditar un porcentaje determinado de ‘disminución en la capacidad laborativa’ o no tener parientes obligados legalmente a proporcionarle alimentos y sustento económico», explica la especialista.

Además, agrega, la modificación sumó dos nuevas causales de suspensión de la prestación, una vinculada con inconsistencias en el domicilio del beneficiario y la otra cuando las citaciones no puedan ser entregadas “por causales imputables al destinatario”, según dice el decreto. Esto último se relacionaría con situaciones como que el domicilio no esté bien señalizado, entre otras posibles razones.

“Mi nombre no estaba en la lista”

“Mirá si no voy a ir a la auditoría sabiendo que me perjudico”, dice entre desesperada e indignada Mónica Bustos, una cordobesa de 54 años que tiene una discapacidad motriz de nacimiento y cobraba la pensión desde hace 22 años.

Cuando a principios de este mes descubrió que le habían suspendido el beneficio, la razón que le dieron en la oficina de la Anses la desconcertó: en los registros figuraba que ella había recibido la citación para la auditoría pero que no se había presentado.

Mónica cuenta que desde hace unos cuatro meses venía preguntando si tenía que presentarse a la auditoría. Lo consultó tanto en la Anses como en la oficina de Discapacidad de su municipio. “Siempre me respondían lo mismo: ‘Quédese tranquila y espere su carta documento’. Y ahora resulta que este mes no cobro. Estoy desesperada”, dice.

Lo que Mónica pudo reconstruir hasta el momento es que en su localidad, Villas Ciudad de América, en el departamento de Santa María, en Córdoba, una asistente social del municipio recibió un listado de beneficiarios que debían presentarse en el correo para retirar su citación a la auditoría.

“Esta mujer se contactaba con cada uno de ellos y les avisaba. Pero me dice que a mí no me avisó porque mi nombre no estaba en la lista”, dice la mujer, quien cuenta que ese dinero es fundamental para poder pagar impuestos y comprar alimentos, ya que no consigue trabajo. “La gente ve mi dificultad para desplazarme y cree que no puedo hacer nada”, se lamenta.

La convocatoria vía carta documento funcionó, según Arcucci, de ACIJ, como una barrera. “El correo no llega a muchas zonas, como barrios populares o áreas rurales. Y hay personas que cambiaron su domicilio, viven en una institución o tienen dificultades para recibir correspondencia”, sostiene.

Por eso, hace unos meses ACIJ realizó un pedido de acceso a la información pública a la Andis sobre este tema. El organismo respondió que, a junio de 2025, se habían enviado 834.167 cartas documento, pero 385.993 no habían podido ser entregadas. Esto significa que al 46.27% de las personas citadas a la auditoría no les había llegado la notificación.

“Son personas que ni siquiera pudieron participar en el proceso. Si la persona no participó en el proceso, difícilmente puede afirmarse que esas pensiones estén mal otorgadas”, dice Arcucci en alusión a las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, acerca de que las pensiones suspendidas hasta el momento habían sido “mal otorgadas”.

Para la organización que integra la especialista, la forma en que están sucediendo las suspensiones de las pensiones a las personas con discapacidad es arbitraria y está poniendo en riesgo derechos fundamentales de miles de personas, que Argentina se obligó a respetar.

“Supone la pérdida de un ingreso fundamental para cubrir necesidades básicas y, a su vez, genera la pérdida automática de la cobertura del Programa Incluir Salud, lo que va a implicar que muchas personas no puedan continuar sus tratamientos y acceder a prestaciones esenciales para su salud y su propia vida», alerta Arcucci.

“Nadie sabía a dónde tenía que ir”

En Pirovano, una ciudad de 1400 habitantes que pertenece al partido de Bolívar, Alejandra Avalos vivió una situación similar con respecto a la pensión de Ezequiel, su hijo de 25 años diagnosticado con TGD no verbal. A principios de agosto descubrió que le habían suspendido el pago del beneficio pese a que nunca los habían citado para la auditoría.

“Me acerqué ese mismo día a consultar en la Anses cómo podía ser eso, si yo nunca había recibido carta”, explica esta mujer que trabaja como enfermera. “Ese mismo día, más tarde, recibí una carta documento donde le notificaban a Ezequiel la suspensión por no haberse presentado a la auditoría. Pero esa fue la primera notificación que recibimos”, continúa Alejandra.

La mujer cuenta que Pirovano es un pueblo chico, en donde todos se conocen. “Es cierto que mi dirección legal es a una cuadra de donde vivo. Pero nunca tuve problemas con el correo. El cartero es siempre el mismo”, se pregunta y se responde la mujer, que luego arriesga: “Para mí fue un problema de la Anses o del correo. Pero ahora la complicación la tenemos nosotros”, agrega Alejandra.

En julio, Ezequiel cobró 279 mil pesos. “Es una plata que nos viene muy bien para comprar alimentos y pañales. A veces tiene episodios de incontinencia”, explica su mamá, quien agrega que, afortunadamente, los remedios los obtiene a través del hospital del pueblo porque el chico no tiene obra social.

“Tuvo IOMA hasta los 21 años y ahí nos dijeron que tenía que optar: o la pensión o la obra social. Pero la plata la necesitamos mucho para cubrir el mes”, se lamenta la mujer.

En Bolívar, la organización logística de la auditoría, dice Alejandra, fue bastante caótica durante los primeros días. “Nadie sabía muy bien a dónde tenía que ir. La organización llevó unos días”, recuerda.

En esa misma ciudad, Sandra Puerto, una artesana de 55 años se enteró este mes de que tenía el beneficio suspendido. “Me llegó la carta y me presenté. El médico que me atendió y vio mis papeles me dijo que estaba todo OK. Después en la Anses revalidé todo y me dijeron lo mismo, que estaba todo bien. Pero este mes me quedé sin pensión. Me partieron al medio”, dice Sandra con la voz agitada.

En los últimos diez años, su cuadro de EPOC y enfisema pulmonar se fue agravando hasta volverse incompatible con el trabajo. “Me tengo que bañar por partes porque me canso mucho. Mi capacidad pulmonar oscila entre el 35% y el 40%”, explica. Hace dos años, cuenta, comenzó a cobrar el beneficio.

Según lo que pudo reconstruir, la supuesta causa para la suspensión es un problema con el domicilio registrado. “No lo entiendo, porque es el domicilio de siempre. En él recibí la citación y es el que tiene registrado la Anses”, dice Sandra. “El 4 de agosto hice el reclamo. Ahora me queda esperar a ver qué contestan”, concluye

Más información:

Para solicitar la rehabilitación de la pensión no contributiva se puede escribir a reclamosdaaeyl-andis@andis.gob.ar con una nota firmada por el titular de la prestación (y/o su apoyo, en caso de requerirlo) solicitando la rehabilitación de la pensión.

Si no recibiste notificación, podés encontrar un modelo de nota elaborado por el equipo de ACIJ en este enlace.

Si te notificaron mediante carta documento, indicando que la suspensión se fundamentaba en el artículo 9 incisos f y g, podés encontrar un modelo de nota elaborado por el equipo de ACIJ en este enlace. Además se debe presentar la siguiente documentación:

• Copia del DNI.
• Copia de la Carta Documento que notifica la suspensión, y si no se recibió, de la impresión de la pantalla de Mi ANSES en donde figura suspendida la prestación.
• Documentación médica (pueden ser informes, certificados de tratamientos y estudios realizados recientemente, vinculados a la condición que se informó cuando se tramitó la pensión por primera vez)
• Se deben actualizar los datos del domicilio, incluyendo código postal, teléfono y un mail de contacto.

También puede presentarse una acción judicial. Para esto es necesario contar con abogado. En estos casos se suele presentar una acción de amparo, que es una vía procesal que debe resolverse de forma más rápida que otras dado que se está reclamando la vulneración de derechos. En el sitio de ACIJ se puede acceder a diversos modelos de amparo para los casos en los que las suspensiones se hagan por requisitos inconstitucionales, ingresando en:

Acción judicial por suspensión de la pensión no contributiva en base a algún requisito inconstitucional

Otras vías de contacto con la Agencia Nacional de Discapacidad:

• Para consultas sobre turnos y asesoramiento general, la dirección de e-mail es citacion@andis.gob.ar:
• En caso de que el domicilio actual no sea el mismo que el registrado, dirigirse vía mail a cambiodomiciliopnc@andis.gob.ar
• Para justificar tu inasistencia por motivos como internación, ausencia del país, o distancia al centro de salud, escribir a: inasistenciapnc@andis.gob.ar

Desde el organismo explicaron que los reclamos se responden en un plazo de 24 a 72 horas, con un máximo de 10 días, dependiendo la cantidad de solicitudes. Aquellas relacionadas con asuntos judiciales, agregaron desde el organismo, se procesan de inmediato.