Exportadores y puertos acordaron una serie de puntos para que el Gobierno los considere en la confección del pliego; no estaban incluidos en el proceso que terminó anulado hace seis meses.

El fracaso de la licitación por la concesión de la Hidrovía dejó al país sin una obra clave para aumentar exportaciones, pero abrió un proceso en el que el Gobierno comenzó a escuchar al sector privado en mesas intersectoriales. Terminó el cuarto encuentro de una serie de reuniones y sus participantes indicaron que en mayo de 2026 podría adjudicarse un nuevo contrato.

Por un lado, en el Gobierno reconocieron que “haciendo todo rápido” en mayo habría una nueva concesión. Asimismo, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) y director del board del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras, consideró que “en mayo debería estar adjudicada”. En paralelo, el director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, Javier Cervio, sostuvo que esos plazos “parecen lógicos”.

En febrero pasado, el Gobierno anuló la licitación que había lanzado para adjudicar la concesión de la Hidrovía durante 30 años. El pliego había acumulado denuncias por presunto direccionamiento y acusaciones cruzadas. Entre ellas, un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) señaló “elementos suficientes para advertir serias irregularidades en la redacción de los pliegos del procedimiento”. El Ejecutivo siempre negó esos señalamientos.

La compulsa terminó con un solo oferente, la empresa DEME, y el Gobierno dejó sin efecto el procedimiento. Además, acusó a dicha compañía de ejercer una posible presión sobre competidores o de una connivencia entre ellos en perjuicio del Estado Nacional.

“Desconocemos la razón por la que la actual empresa dragadora Jan de Nul y otras competidoras no se han presentado”, respondió DEME en un comunicado en ese entonces. Allí incluyó otros cuatro puntos en los que reconoció que “desde el inicio del proceso la empresa analizó el pliego, detalló sus críticas formales por direccionamiento e inició acciones judiciales administrativas”.

Más allá de las disputas legales y los cuestionamientos, la licitación de la Hidrovía es una de las más grandes que tendrá la gestión del presidente Javier Milei. Se trata de la concesión de la principal vía navegable del país, descripta como la “autopista” fluvial de las exportaciones argentinas.

El ganador de dicha licitación se quedará durante 30 años con un negocio que, según el Gobierno, podría facturar hasta US$410 millones anuales por el cobro de peajes a los barcos.

A cambio, deberá realizar las obras de dragado y señalización, es decir, modernizar la Hidrovía y profundizar el cauce para que los buques transporten más carga y los productores exporten más.

En este contexto se desarrollaron cuatro encuentros en los que participaron usuarios de la Hidrovía, representantes de los puertos y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, liderada por Iñaki Arreseygor. El objetivo fue acordar y elevar pedidos del sector privado al Gobierno para la confección del nuevo pliego.

Tanto fuentes oficiales como representantes del sector privado destacaron la utilidad de los encuentros. Además, señalaron que se alcanzaron acuerdos importantes que el Gobierno podría incluir en la nueva licitación. “Robustece el proceso”, indicaron.

El cuarto encuentro cerró con una idea clave porque impacta directo en la competitividad argentina: cómo calcular el peaje que se cobrará.

La propuesta elevada por la UIA, CIARA-CEC, la Bolsa de Comercio de Rosario y la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) apunta a bajar costos para grandes buques y acelerar los trabajos de dragado, en comparación con el pliego anulado.

“Puede haber un ahorro logístico de hasta 15% o 20%”, resaltó Cervio sobre el cambio en el cálculo del peaje. El director de la Bolsa explicó que “algunos puertos advertían que muchos buques grandes pagan un peaje muy alto y se corre el riesgo de que vayan a otros puertos, como Uruguay”.

La mejora en costos modificaría el criterio del peaje: se cobraría según capacidad de carga. “Se acordó ponerle un tope”, dijo Cervio. “Los barcos con contenedores van a pagar la tarifa hasta 32.000 toneladas. Hoy vienen barcos de hasta 60.000 toneladas”, agregó Idígoras.

Ambos señalaron que esto impactaría directamente en los buques que salen cargados desde Rosario hacia Buenos Aires, con destino exportador. “Daría una tarifa más competitiva”, definió el titular de CIARA-CEC.

La propuesta especifica que el esquema debería implementarse a partir del quinto año de la nueva concesión. Los cuatro años anteriores serían el plazo para completar los trabajos de dragado con el objetivo de llevar la profundidad de la Hidrovía a 40 pies. Actualmente, se encuentra entre 32 y 34 pies, según la zona.

Este punto también marca una diferencia respecto al pliego anulado, que estipulaba un plazo de seis años para la obra.

Estas propuestas, aclararon los directivos privados, no son vinculantes. Es decir, el Gobierno no está obligado a aplicarlas. Sin embargo, fuentes oficiales sostuvieron que serán tenidas en cuenta y se mostraron en sintonía con ellas.