La situación de los trabajadores de la forestadora Tapebicuá en Virasoro y de la textil Emilio Alal en Goya sigue sin resolverse. Casi 800 familias sufren las consecuencias de la política económica.

Mientras el Gobierno nacional insiste en que la reforma laboral será la llave para reactivar el empleo, la realidad marca que la crisis no encuentra su piso. Uno de los casos que evidencia este escenario crítico es lo que ocurre en la provincia de Corrientes: cientos de trabajadores de las ciudades de Gobernador Virasoro y Goya continúan movilizados para hacerle frente al modelo libertario y la complicidad del exgobernador Gustavo Valdés y del sucesor, su hermano Juan Pablo Valdés.

En Virasoro, los trabajadores de la forestal Tapebicuá retomaron esta semana su plan de lucha con manifestaciones y cortes parciales sobre la Ruta Nacional 14, uno de los principales corredores del Mercosur. La protesta comenzó nuevamente frente a la planta fabril y luego se trasladó a la cinta asfáltica, donde los operarios interrumpieron el tránsito de manera parcial.

El conflicto comenzó el año pasado y mantiene en vilo a más de 520 trabajadores que dependen de la actividad de la empresa. La firma solicitó la apertura de un concurso preventivo de acreedores para evitar la quiebra, pero hasta el momento no existen definiciones concretas sobre el futuro de la producción ni sobre la situación salarial del personal.

Durante los últimos meses la empresa abonó apenas el 60 por ciento de los sueldos correspondientes a enero, febrero y marzo, mientras que el aguinaldo del segundo semestre de 2025 fue pagado en cuotas. A esta situación se suma la pérdida de cobertura médica para varios trabajadores, incluso en casos de tratamientos complejos.

Según informó el medio Norte Corrientes, el abogado de los operarios, Sebastián Costa, explicó que el acuerdo de suspensiones que había sido pactado por tres meses ya se cumplió y que la empresa no presentó propuestas concretas para garantizar la continuidad laboral. En ese contexto, los trabajadores decidieron sostener las protestas diarias a la vera de la ruta.

En 2023 la firma ya había cerrado su planta de San Charbel, en Garruchos, donde se produjeron 70 despidos. La compañía, controlada por el grupo Celulosa Argentina, arrastra desde hace meses una caída de actividad y problemas de liquidez, agravados por la recesión industrial, la contracción del consumo interno, la apertura de importaciones y un tipo de cambio que complica la competitividad exportadora, argumentaron desde la empresa. Ahora, la situación laboral se tensó aún más con la demanda del Sindicato de Trabajadores de la Madera (STM), que reclama una deuda de 170 millones de pesos y que culminó en un embargo judicial sobre una cuenta bancaria de la firma.