El extitular de Agricultura, Julián Domínguez, calificó como “un despropósito” la posibilidad, según trascendió, de que las universidades públicas y una entidad del agro sean marginadas del Consejo Directivo del organismo.

En medio de la incertidumbre que se vive en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) por su futuro, tras conocerse que el Gobierno buscaría romper el Consejo Directivo para restarle competencias al sector privado y desarticular el modelo de gobernanza que rige desde hace décadas, el exministro de Agricultura, Julián Domínguez, cuestionó al Poder Ejecutivo y cruzó dichos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. En tanto, los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que pasaría algunas de sus actividades al INTA, esperan una resolución.

Domínguez calificó como “un despropósito” la decisión de, trascendió, excluir a la Facultad de Agronomía y la Facultad de Ciencias Veterinarias de las universidades nacionales y a la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea) del Consejo Directivo del organismo. El tema escaló luego de que trascendieran versiones sobre un documento con la intención de modificar la conducción del INTA.

Domínguez advirtió que el cambio que proponen representantes del Poder Ejecutivo en la composición del Consejo Directivo, que hoy se reparte entre representantes del Estado y de entidades gremiales y académicas, busca “facilitar la mayoría automática” para aprobar resoluciones que implicarían venta de activos, reducción de personal y desmantelamiento institucional.

“El INTA es uno de los pocos organismos del Estado que articula ciencia, conocimiento y territorio. Sacar a las universidades y a CREA es como mutilar el sistema de investigación nacional. Es abrirle la puerta a intereses privados disfrazados de modernización”, dijo.

Ayer, el ministro Sturzenegger se refirió al tema en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde se llevó a cabo el 42° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF): “Ustedes sabían que el INTA gasta $400.000 millones, tiene 6000 personas, tiene 3000 vehículos, no se sabe muy bien qué es lo que hacen y bueno, en todas esas cosas hay que poner una lupa y empezar a hacer el trabajo”.

En ese sentido, Domínguez agregó: “Para cualquier organismo de investigación y estudio de un país como la Argentina eso es irrelevante. Eso lo representa un solo proyecto de una empresa privada seria. Y acá hay 6000 trabajadores en 24 provincias, que llegan a 2500 ciudades del interior, y hay 200 millones de hectáreas en la Argentina. Me parece que, bajo cifras engañosas, hay gente que desconoce, y que solo mira la realidad de la Capital Federal, y, con esa mirada, se pueden aceptar esos planteos. Pocas veces escuché algo tan sin sustento en un país federal como la Argentina, donde lo que se necesita precisamente es investigación y desarrollo”.

Resaltó: “Lo que pretende el Estado Nacional es cambiar la composición del INTA para lograr la mayoría automática, de manera tal de poder avanzar —seguramente— en la venta de campos y edificios, como originalmente se planteó, y en poder hacer el ajuste sobre el personal. Es lo que ya han esbozado bajo el concepto de reorganización y modernización”. Apuntó que detrás de la reorganización hay un “fenomenal negocio inmobiliario” encubierto por cifras manipuladas.

También señaló: “Reducir o absorber funciones del INTI, como se está planteando, no solo es ilógico, es destructivo».

Vale recordar que la semana pasada el Gobierno le confirmó a la Mesa de Enlace que no habrá una fusión del INTA con el INTI, aunque las competencias vinculadas con el sector agropecuario que están en el último organismo pasarían al INTA.