A las 00.03 del 21 de enero, con la intervención recién en funciones, llegó a la bandeja del correo electrónico oficial de Murcia la resolución declarando la intervención del puerto. Luego, en otro mensaje, a las 00.55, le comunicaron el listado de las personas autorizadas a ingresar.

La vicegobernadora, Mónica Urquiza, también llegó esa madrugada, al igual que el equipo de la secretaría Legal y Técnica. Allí firmaron un acta ante el escribano oficial de lo ocurrido en la que se detalló que no se iba a tocar ningún bien, vehículo o maquinaria de la provincia de Tierra del Fuego.

“’¿Cómo van a operar? La provincia está comprometida en su operatividad y el muelle tiene que funcionar como está operando hasta ahora, eso fue lo primero que les pregunté, en tanto la vicegobernadora quiso saber quién era el interventor a cargo, y respondieron que era, Iñaki Arreseygor”, dijo a La Nacion Roberto Murcia, -director de la DPP con rango de ministro- al recordar esa madrugada. En ese momento se anotició que 20 operarios del puerto fueron licenciados y nombrados para trabajar en forma directa para la actual intervención.

Arreseygor es el actual titular de la ANPyN, la agencia creada por decreto que reemplazó a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y la estructura residual de la Administración General de Puertos y tiene por objeto simplificar la estructura estatal, mejorar la eficiencia administrativa y eliminar la duplicación de funciones.

Desde 1992, la provincia de Tierra del Fuego se hizo cargo de los sueldos de los empleados portuarios y de las obras de infraestructura. La última ampliación del muelle se inauguró en 2023, con una inversión de $2500 millones de fondos provinciales y mejoró la logística del puerto y por ende la proyección internacional, según datos de la DPP. Ushuaia está considerado el puerto de entrada a la Antártida, según estadísticas oficiales el 96% de los cruceros parten de allí que implican en la actualidad cerca de 540 recaladas anuales.

Al puerto llegan lujosos buques expedicionarios antárticos, barcos bioceánicos, buques de carga general, de pesca, de la Armada que realiza abastecimiento a las bases antárticas, -tanto de Argentina como de otros países- buques científicos y hasta veleros con banderas de todo el mundo.

En un comunicado del gobierno fueguino, en el que se cuestionó la intervención, detalló que en las últimas dos semanas se registró récord de arribo de barcos que fueron recibidos con una operatoria sincronizada, consiguiendo atender a 16 embarcaciones de bandera internacional en un período menor a 24 horas y más de 30 en la semana. En total más de 30.000 personas entre pasajeros y tripulantes pasaron por el Puerto en ese período.

Un gremio y el origen del conflicto

El conflicto se originó tras una denuncia del gremio “Unión Personal Superior Ferroviario de Tierra del Fuego” contra la Ley Provincial Nº 1596, sancionada por unanimidad de la Legisltura en julio pasado que habilitó el uso excepcional del superávit financiero del Puerto de Ushuaia para fortalecer la Obra Social del Estado Fueguino.

Tras la denuncia del gremio, la ANPyN realizó una inspección técnica que, según el informe, detectó fallas estructurales graves, obsolescencia en sistemas de seguridad y una alarmante falta de inversión en mantenimiento esencial. Y argumentaron irregularidades financieras y deficiencias estructurales.

El informe dado a conocer en octubre generó gran revuelo y derivó en recursos interpuestos ante la agencia de parte de la Dirección Provincial de Puertos. Murcia explicó que los funcionarios que hicieron la inspección en agosto es el mismo equipo técnico que los había asesorado y controlado durante las obras de infraestructura del puerto. “Ellos eran parte de la obra y vinieron a inspeccionar algo que conocían al dedillo. No nos sorprende lo que nos imputan porque estábamos trabajando con ellos hace un año y medio atrás. Con el nuevo gobierno se cortó la relación”, dijo.