La medida, que lleva las firmas del presidente Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni —en cumplimiento de funciones ministeriales— y el ministro de Economía Luis Caputo, no parece ser un gesto de generosidad, sino un mecanismo de supervivencia técnica en un esquema donde la recaudación no alcanza para cubrir lo básico. En el caso de Entre Ríos, el decreto representa una ampliación de un auxilio previo otorgado en enero de este año; la suma original de 220.000 millones de pesos fue elevada ahora a un techo de 400.000 millones para el ejercicio fiscal 2026. Por su parte, Jujuy y Santa Fe recibieron el visto bueno para acceder a anticipos por el mismo monto máximo de 400.000 millones de pesos cada una.

La coparticipación como rehén de la urgencia fiscal

El auxilio financiero de la Casa Rosada llega con condiciones estrictas que profundizan la dependencia de las provincias respecto al Poder Ejecutivo. Los fondos no son transferencias directas, sino anticipos a cuenta de la coparticipación federal que serán recuperados mediante retenciones automáticas sobre los impuestos nacionales. Según el artículo 4° de la norma, estos montos devengarán intereses calculados sobre una “Tasa Fija Nominal Anual del QUINCE POR CIENTO (15 %)”, y la Secretaría de Hacienda queda facultada para retener de forma automática los fondos emergentes de la Ley N° 23.548 para cancelar el capital y los intereses devengados.

Si bien el decreto menciona la necesidad de “ajustar en equidad a todas las jurisdicciones”, la realidad es que el auxilio llega de forma fragmentada y reactiva. Semanas atrás, el Ejecutivo ya había dispuesto una medida similar para otras doce provincias —entre ellas Catamarca, Chaco, Chubut, Mendoza y Tucumán—, habilitando anticipos financieros de hasta $400.000 millones por jurisdicción ante las dificultades financieras transitorias que enfrentaban para atender gastos corrientes y amortizaciones de deuda. Los montos definitivos quedaron sujetos a la capacidad de repago de cada distrito.

La repetición sistemática de estos decretos de necesidad financiera pone de manifiesto que la supuesta estabilidad macroeconómica que pregona el Ministerio de Economía se sostiene sobre el desfinanciamiento de las provincias. Al obligar a los gobernadores a comprometer su recaudación futura para pagar salarios y deudas urgentes en el presente, el gobierno de Milei no soluciona el problema de fondo, sino que patea la crisis hacia adelante, convirtiendo a la Coparticipación Federal en una garantía de pago de intereses a favor del Tesoro Nacional.